Es como si pagáramos a un maltratador para que pegue un poco menos a su pareja (valga la metáfora, por chocante).
Me preocupa que desde posiciones progresistas asumamos, compremos y normalicemos estos marcos mentales neoliberales en educación. Y más me preocupa que se estén vendiendo ahora también en el País Vasco, de la mano de sectores pretendidamente progresistas y socialdemócratas. Discurso que aplauden las derechas como relato salvífico de su clara apuesta por la privatización educativa.
En vez de organizar cómo suprimir progresivamente esta anomalía española de los conciertos educativos, que es el mayor factor de segregación educativa, lo que establece este pacto es la consolidación y el aumento de financiación de la educación privada sostenida con fondos públicos, para que “caritativamente” integren un poco a quienes habían excluido hasta ahora.
De esta forma consolidamos esta anomalía patria, porque España es el tercer país de Europa, solo detrás de Bélgica y Malta, que está financiando públicamente prácticamente todo el negocio privado de la educación. En todos los demás países (Francia, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Suecia, la católica Italia o Finlandia, entre otros), según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en primaria y un 83% en secundaria UE-28, frente al 67,3% de España).
Los conciertos educativos son garantía de desigualdad y el factor esencial de la segregación educativa
Lo que no podemos es seguir financiando públicamente los centros educativos privados. Los conciertos educativos son garantía de desigualdad y el factor esencial de la segregación educativa. En primer lugar, porque el 82% inmigrante, minorías y con necesidades educativas está escolarizado en la pública (Sáenz, Milán y Martínez, 2010).
En segundo lugar, porque los centros concertados que pertenecen a determinada religión (el 63% de todos son de la iglesia católica) segregan en función de la doctrina religiosa que implantan como ideario excluyente; y el resto de centros concertados por el ideario particular de los dueños de cada centro privado concertado (otra anomalía que se les permite por ley). Pero además porque consolida la distribución por clases sociales.
La financiación pública de centros privados fue una medida transitoria, como complemento a una red pública, ante la insuficiencia de centros públicos a principios de los 80. Hoy no se puede justificar por insuficiencia de centros públicos para atender demanda, sino por razones ideológicas.
Hoy día la mal llamada “libertad de elección”, otro eufemismo neoliberal que encubre la realidad, que no es otra que la preferencia de selección de centros. Preferencia de selección por parte de los centros que quieren una clientela “escogida” y que garantizan a clases medias y altas alejarse de alumnado extranjero, con necesidades o de clase baja, y así conseguir que sus centros estén en los puestos altos de los rankings de resultados y “excelencia” (otro eufemismo).
Pero también preferencia de selección de algunas familias, de clase aspiracional, que rechazan ver mezclados a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase social como analiza Gimeno Sacristán (1998). Buscando que los ‘contactos’ sociales “deseables” y los compañeros y las compañeras escogidos de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas como explican todas las investigaciones recientes (Bernal y Vera, 2019; Fernández y Muñiz, 2012; Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014). Esto es lo que respalda la evidencia estadística: que detrás de la invocación a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.
No se eligen porque “ofrezcan mayor calidad en la educación académica: los datos no dicen eso, ni los resultados escolares una vez que se descuenta el efecto de las características socioeconómicas del alumnado, ni aulas menos masificadas ni mejor profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad. Tampoco mejor formación en comportamientos sociales. Tampoco el factor religioso (católico) es determinante” (Fernández y Muñiz, 2012, 115; Rogero y Andrés, 2014). La investigación en sociología de la educación (Rogero y Andrés, 2016) afirma taxativamente que “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de alumnos extranjeros y de clases bajas”.
Incluso el informe de la OCDE (un organismo privado de carácter económico) titulado Equidad y calidad de la educación, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.
Es más, ni siquiera la Constitución ampara los conciertos educativos. La libertad de enseñanza del Artículo 27 se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal. Pero ni en la Constitución ni en el derecho comparado las opciones privadas tienen por qué ser financiadas con fondos públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”
Por lo tanto, una red única de educación pública, de titularidad y gestión pública, es la única medida que garantiza el derecho a la educación para todos y todas, garantizando además la equidad y la cohesión social, sin ningún tipo de discriminación, en condiciones de igualdad y convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales.
Por eso es absolutamente sorprendente cómo se ha asumido y normalizado el marco mental del neoliberalismo educativo en Cataluña y parece que pronto en el País Vasco. Curiosamente se pone de ejemplo de privatización educativa a la Comunidad de Madrid con un gobierno conservador y profundamente neoliberal (que supera ampliamente el 50% de centros privados concertados frente a la escuela pública), cuando en Cataluña este modelo se está no solo implementando de una forma orquestada y sistemática por sectores políticos, sindicales y educativos de corte supuestamente progresista, sino que se vende como “relato pragmático” de igualdad y combate contra la segregación.
Por eso es coherente que en Cataluña no se hable ya de centros públicos y privados-concertados, incluso que se suprima del vocabulario educativo el término “educación pública”. En este relato neoliberal se habla de “servicio público educativo”, otro eufemismo que compra y asume ese marco mental neoliberal y el mantra de la colaboración público-privada (que casi siempre es parasitación de lo público por parte de lo privado). Esta expresión de “servicio público” lo que defiende ya no es el derecho a la educación de todos y todas, que debe ser garantizado por la comunidad a través del Estado para que sea plural, inclusiva y en función del bien común. Lo que plantea es la educación como un “servicio público”, como los taxis, que puede ser ofrecido por centros privados con ideario propio (es decir, ideología concreta) que convierten la educación en un bien privado, competitivo y elegible, si se tiene dinero para pagarlo. Es decir, asume que la educación es una inversión privada competitiva de cara al futuro mercado y un negocio presente que persigue el beneficio (económico o ideológico).
Quizá haya que empezar a repensar qué tipo de gestores de lo público elegimos como representantes nuestros en las elecciones, porque parece que la gestión de buena parte de ellos es para el beneficio privado de algunos sectores. Vemos así como la ideología neoliberal se va extendiendo como una mancha de aceite casi de forma inadvertida, que es incluso “comprada” y asumida por sectores que hasta hace bien poco siempre habían defendido una escuela pública, laica, inclusiva y para el bien común, sin ambages, sin medias tintas y sin eufemismos neoliberales.
