Que el Estado no pague conciertos a centros segregados por sexos no supone ataque alguno a los valores constitucionales, según el Pleno del Tribunal Constitucional.
Según la nota de prensa emitida por el tribunal en la tarde de ayer, «de la Constitución deriva ‘un modelo educativo pluralista’ pero no que “todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas”, ni “un derecho subjetivo a la prestación pública”.
En este sentido, además, concluye que el hecho de que se prohíba la financiación expresamente en la Ley Orgánica «responde a una concepción ideológica del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales».
El Pleno del Constitucional también desestima el recurso contra el cambio que supuso en la ley hablar de la oferta pública educativa y la supresión del concepto de «demanda social», así como contra la regulación de la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales según el principio de inclusión.
La sentencia del Tribunal tampoco ve un ataque a la Carta Magna el que se haya suprimido la religión del currículo ni a lo que el partido ultra considera «ideología de género» como «ideología estatal en la que forzosamente pretende adoctrinar a los alumnos». En este sentido, el texto aclara que la Ley impone la perspectiva de género a las administraciones y centros educativos, no al alumnado «a quienes el legislador no impone, por tanto, ninguna perspectiva o adhesión ideológica».
A pesar del resultado, efectivamente, cuatro magistrados, conservadores, han realizado voto particular para mostrar su desacuerdo con la mayor parte del texto de la Sentencia, ya que consideran que varios de los preceptos señalados efectivamente serían inconstitucionales. Algo que desde la plataforma Más Plurales para cargar de nuevo contra «una ley polémica y discutible».
Desde Comisiones Obreras exigen a las administraciones que «cumplan si reservas» la Ley y le recuerda al Ministerio de Educación y FP «la necesidad de actuar de oficio contra cualquier Administración que incumpla la Ley», en referencia a las autonomías que mantienen este tipo de conciertos educativos.
