Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Que el abuso sexual en nuestro país (y en todo el mundo) es un problema social importante, lo demuestran los casos que saltan a los medios, así como el número de denuncias anuales que llegan a los juzgados. En el caso de niñas, niños y adolescentes (NNA) hasta 8.317 el pasado año. Peor es pensar, como aseguran desde Save the Children, que estas denuncias solo representan el 15 % de los casos totales que podría haber y que no llegan a ser denunciados. Esto elevaría el número hasta más de 55.400. Así lo estima la organización en su informe de 2017 Ojos que no quieren ver.
Sea como fuere, es la acción de las madres y de las propias víctimas la que hace que los casos sean denunciados y terminen en los tribunales en el 28 y el 20,9 % de los casos. Solo un 2 % de procedimientos comienzan por una llamada de alarma de los centros educativos o sanitarios.
Es abrumadura la diferencia de género entre las víctimas. Otro dato que no es nuevo y que debería dar la voz de alarma sobre las acciones de prevención de este tipo de casos. Son las niñas y las chicas las protagonistas del 82,7 % de las sentencias que ha estudiado la oenegé para realizar este estudio, cerca de 400 en total.
Unas sentencias que han empeorado en cuanto al periodo de tiempo de resolución con respecto al ejercicio anterior. Mientras que en aquel el 67,3 % se resolvió todo en menos de 2 años, en el último curso tan solo lo han sido en el 23,5 % del total.
En el 80 % de los casos, la persona agresora se encuentra en el entorno familiar o de personas conocidas por la víctima. En el primero de los casos se trata del 40,6% frente al 42,3% en el caso del segundo Save the Children constata cambios, eso sí, en la cifra de personas agresoras desconocidas, que pasan de ser el 16 % al 17,2 %.
Según el análisis que ha hecho la ONG, el entorno de personas conocidas «incluye amigos o conocidos de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la pareja de la propia víctima, etc. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre y el padre». En cualquier caso, en la mayor parte de los casos, prácticamente el 70 %, no tienen antecedentes y solo el 4 % los tienen relacionados con delitos sexuales.
Testimonio y prueba preconstituida
Uno de los caballos de batalla de la organización en relación a los casos de violencia sexual o de delitos contra la libertad sexual de NNA tiene que ver con hacer que el proceso judicial sea lo menos doloroso y breve posible. Como hemos visto, en no pocos casos se extiende más allá de los dos años, empeorando las cifras del curso judicial anterior.
En relación a que el proceso sea lo menos doloroso posible, desde Save the Children llevan tiempo demandando que haya juzgados específicos que traten este tipo de delitos y que de esta forma se evite revictimizar a NNA.
Una de las posibles revictimizaciones viene del hecho de que quienes han sufrido los abusos han de contar innumerables veces la situación que vivieron. Por eso, Save the Children defiende la necesidad de que haya espacios seguros donde hacer una declaración que pueda convertirse en lo que se conoce como «prueba preconstituida». Se trata de un momento que debe ser grabado, dirigido por una persona experta en este tipo de casos y que, en principio, debe y puede evitar que la víctima tenga que contar más veces la situación, incluso ante el juez.
Aunque en el 25 % de los casos de sentencias que se han analizado, se ha tomado en cuenta la prueba preconstituida, según la ONG esto no quiere decir que la víctima no haya tenido que volver a declarar.
En cualquier caso, el testimonio de las víctimas, en la mayor parte de los casos, alrededor del 75 %, se tiene en cuenta como prueba y en no pocos de ellos, de hecho, es la única prueba que se aporta (19,3 %).
De todos los casos analizado por la organización, casi el 90 % acabaron en condenas de cárcel. Hubo 56 absoluciones, 38 de las cuales se debieron a la falta de pruebas, una de las mayores dificultades en estos casos.
El 36,6 % de esas condenas fue superior a 5 años, mientras que el 39,3 % fueron de entre 2 y 5. Además, hubo un 34,7 % de los casos en los que hubo medidas complementarias como la libertad vigilada, prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación y prohibición de sufragio pasivo (imposibilidad de presentarse a una candidatura y ser elegido).
