El Partido Popular (PP) quiere un pacto por la educación. Ya lo anunció durante la campaña electoral de junio de 2016, y también lo recogió en el acuerdo con Ciudadanos. Durante su discurso de investidura, el nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, insistió en su importancia. Pero como muestra de mala voluntad, y para soliviantar los ánimos el ministro de Educación Méndez de Vigo aprobó de forma unilateral, y en contra de la comunidad educativa, el decreto que regula las reválidas, blindando la implantación de la LOMCE. Fue posterior la convocatoria a distintas organizaciones sociales para hablar de la posibilidad de futuros acuerdos.
El gobierno del PP hace y hará imposible cualquier acuerdo mientras mantenga la LOMCE, debilitando el derecho a la educación; sostenga y amplíe los recortes en la educación pública, recientemente la OCDE ha llamado la atención al gobierno por el deterioro de la educación española; blinde abiertamente a la enseñanza privada concertada; y sus decisiones políticas sigan siendo rechazadas de forma unánime por la gran mayoría de la comunidad educativa.
El gobierno ya ha comprometido con Bruselas seguir recortando la inversión educativa hasta un 3,7% del PIB, cifra que nos hace retroceder en el tiempo, en niveles de inversión, hasta finales de la década de los ochenta del siglo XX. Recortes que no afectan por igual a todos, y que están ahondando la brecha de la desigualdad social.
La LOMCE, los recortes, las reválidas, la pérdida de derechos sociales, salariales y profesionales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y la brecha de desigualdades entre el alumnado, que no para de crecer, no son precisamente el terreno de juego más adecuado para construir un amplio acuerdo por la educación. El gobierno del PP carece de legitimidad social y de credibilidad política para liderar un proceso tan complejo.
La doble red de centros públicos y privados no facilita un pacto por la educación. La Iglesia Católica tiene como prioridad tener los centros educativos llenos, aunque sus iglesias estén vacías, y exige su presencia en cualquier negociación de un pacto. La Conferencia Episcopal aspira a consolidar la enseñanza religiosa en la educación pública con fines catequéticos y como elemento identitario definidor de la nacionalidad española. Y en la educación privada como negocio y sostén ideológico y de privilegios de una parte de la sociedad, agitando la “libertad de elección” hasta convertirla en la bandera de los sectores más conservadores. Para estos la libertad de elección de centro está por encima del derecho a la educación. La tensión entre ambos términos es histórica en España y ha vuelto a la escena política y social con toda su crudeza.
La educación pública se ha desdibujado por diversos motivos. Quizás el más importante sea que el derecho a la educación se haya quedado en un segundo o tercer plano en el discurso político y social. El derecho a la educación es el fundamento de cualquier pacto; es innegociable; y está por encima de la “libertad de elección”. Un pacto que recupere el ideal de igualdad como el elemento transversal a todo el sistema educativo: organización escolar, currículo, evaluación, etc. Y que esté en el marco de las políticas sociales y culturales de la agenda de gobierno.
Un pacto por la educación no tiene validez alguna si no impregna de justicia, equidad, igualdad y sentido social al sistema educativo.
“Pienso también que la justicia en situaciones de desigualdad de partida requiere una redistribución que dé más a quienes más lo necesitan. Para que nadie se quede atrás y evitar la exclusión social es necesario considerar los retrasos escolares, el fracaso escolar, como déficits a ‘rellenar’ y no como productos inevitables de la ‘naturaleza’ humana. Es decir, hay que partir de una actitud antropológicamente confiada, y considerar el derecho a la educación de cada individuo como el referente esencial para pensar y actuar en todos los ámbitos. Pero todo ello implica salirse de la narrativa que dice que debemos educar para el mercado laboral, y salirse también de los planteamientos que reducen los fines educativos a rendimientos observables”, José Gimeno en Las reformas educativas a debate (1982-2006) de Julia Varela. Morata, Madrid, 2007. Estas palabras contienen la fundamentación más importante para entender qué pacto por la educación y para qué.
La complejidad del escenario educativo español marcado por la presencia de la jerarquía católica como interlocutora, la doble red de centros (pública y privada) y la polarización ideológica que se hace patente en modelos educativos enfrentados, hacen más que improbable un pacto por la educación, que no suponga ceder terreno ante las posiciones más conservadoras
Un pacto por la educación debe reforzar el derecho a la educación pública y garantizar un modelo inclusivo que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades.
Pedro Badía. Presidente de la Fundación Investigación, Desarrollo de Estudios y Actuaciones Sociales (http://ffideas.org)
