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La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, constituida por sindicatos, familias y alumnado, ha anunciado lo que ya parecía claro: el 9 de marzo habrá huelga general, convocada en todas las enseñanzas, niveles y sectores. Al menos, eso es lo que pretenden. Siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, sindicatos como FSIE, de la concertada, ya ha avisado de que no convocarán.
Sea como fuere, en la convocatoria oficial de huelga, después de que cada organización consultase con sus diferentes teritorios, no solo se ha señalado que es una huelga para hacer una llamada al Gobierno. También lo es para el PSOE como ha asegurado Ana García en la rueda de prensa celebrada hoy. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO no ha querido dar el nombre del partido socialista, pero también ha querido dejarlo claro. La huelga «es un mensaje para el Gobierno y para los partidos que hacen acuerdos con el Gobierno. El Pacto no está por encima de los contenidos del Pacto». Estarán en la calle mientras los partidos, dentro de la subcomisión de educación del Congreso, no presten oídos a las reivindicaciones de la Plataforma.
Derogación de la Lomce, negociación de un pacto social, ningún recorte más en la educación (como parece estar previsto en los presupuestos generales del estado), recuperación de las plantillas, de las becas y ayudas, bajada de las tasas universitarias, dignificación de la FP, más inversión para centros educativos… La lista de reivindicaciones que han hechos las diferentes organizaciones de la plataforma es muy larga.
Han dejado claro, eso sí, que la lucha parece el único camino que les deja el Ministerio de Educación, puesto, como explicaba Francisco García, no se ha establecido marco alguno para el desarrollo de un pacto social de educación. Sí para uno político que, señalaba, parece ser el único en el que se ha pensado.
Dos veces, en octubre pasado y en este mes de enero, los sindicatos han exigido Méndez de Vigo la formalización de la mesa de negociación con los sindicatos. No han recibido respuesta de ninguna clase.
Las diferentes organizaciones han dejado claro que no confían en las declaraciones sobre consenso que se lanzan desde el Gobierno, ya que mientras se habla de pacto, el Ejecutivo lleva ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Congreso sobre la paralización de la LOMCE.
Entre preocupaciones de la Plataforma se encuentra en los plazos que se manejan para la puesta en marcha de la subcomisión del Congreso. El ministro anunció un pacto en el plazo de seis meses y el hecho es que, después de dos de la formación del Gobierno, todavía no han empezado sus trabajos. A esto se añade que las organizaciones, que prevén ser llamadas para dar sus puntos de vista, no quieren que únicamente el Parlamento sea el lugar donde hablar de Pacto.
