En los últimos meses parecía que el Gobierno tenía una seria intención de mejorar las condiciones de trabajo de cientos de miles de docentes interinos por todo el país. El compromiso está todavía en la mesa, reducir la interinidad hasta el 8% desde el 20 o 25%, según los cálculos, en donde se encuentra ahora.
Los sindicatos de la función pública habían firmado el acuerdo con el ministrio Cristóbal Montoro el pasado mes de marzo para la reducción de la interinidad. Pero las dificultades han aparecido cuando la negociación se ha trasladado a las salas del Ministerio de Educación. Y cuando este ha pedido las cuentas a las comunidades autónomas.
Esta misma mañana los sindicatos educativos han ido al registro de Educación para presentar una carta ante el ministro ante la escasa iniciativa para alcanzar un acuerdo tanto en la cifra de plazas que habrán de ofertarse, así como del proceso extraordinario para que esto sea posible.
El documento pide que la reforma que ha de hacerse del Real Decreto transitorio de Ingreso a la Función Pública Docente contemple que las pruebas no sean eliminatorias, que se aumente la optatividad de temarios entre los que elijan las personas aspirantes, que se aumente la ponderación del concurso frente a la oposición y que se incremente la experiencia docente en la fase de concurso.
El obejetivo, según los sindicatos, es facilitar al mayor número de interinas e interinos el conseguir una plaza de funcionario.
Según las centrales sindicales todavía queda, al menos, una reunión de la Mesa Sectorial en la que pretenden cerrar estos temas.
No hay personal para tantos tribunales
En comunidades como Madrid o Galicia, por ejemplo, fuentes sindicales afirman que la Consejería aduce que les es imposible realizar convocatorias excesivamente extensas con las que cubrir las plazas que el Gobierno central quiere cubrir porque no disponen de personal suficiente para formar todos los tribunales de oposición que serían necesarios.
Luz Martínez Seijo, secretaria de Educación del PSOE y portavoz en el Congreso, asegura que en la último Comisión General de las comunidades autónomas este asunto se puso sobre la mesa. «Las ocho comunidades en las que el PSOE gestiona la Consejería de Educación votaron a favor de que las pruebas no fueran eliminatorias», asegura a este medio.
Del mismo modo, afirma que aunque hay que pagar esos tribunales y que, además, tiene cierta complicación técnica y organizativa formar tantos en este tiempo, su partido tiene un compromiso con los sindicatos para conseguir que las facilidades para el personal interino consiga plaza sean las mayores posibles.
«Si las nuestras (las CCAA) pueden hacerlo, entiendo que el resto también pueden. Es cuestión de voluntad política y organizativa».
Según estas mismas fuentes, la dificultad para conseguir personal suficiente para los tribunales de las oposiciones sería la justificación por la que el Gobierno quiere que las fases del concurso-oposición sean eliminatorias. Si lo fueran, cada vez habría menos candidatas y candidatos y, por lo tanto, menos tribunales. Desde los sindicatos entienden que en realidad hay personal más que suficiente para formar dichos tribunales, el problema sería de índole económica, puesto que habría que pagarlos.
Un acuerdo que no termina de llegar
Hace una semana se celebró la última reunión entre los representantes de los sindicatos y los de Educación. El resultado no fue en absoluto positivo, al menos por parte de los primeros. Las cuentas no les salen.
En la mesa tenían que decidir varios asuntos, sobre todo el modelo extraordinario de oposiciones que posibilitara la entrada en la función pública a decenas de miles de personas y, además, decidir cuál es esta cifra.
Según los sindicatos, el Ministerio les facilitó una documentación en la que solo algunas de las comunidades autónomas habían consignado sus previsiones de oposiciones de aquí a 2022. Las cifras son poco alentadoras. La suma de las que habían informado no llegaba a los 40.000 interinos. Haciendo una proyección al resto de autonomías, el número se queda cerca de los 80.000. Teniendo en cuenta que en algunos momentos el Ministerio, de boca del secretario de Estado ha hablado de entre 150 y 190.000 personas, hay un enorme hueco entre la realidad y la intención.
