En la tarde de ayer, comunidades autónomas y Ministerio se reunieron durante cerca de tres horas para hablar, como único punto del día, sobre la modificación del Real Decreto 276/2007, el decreto que regula el acceso a la función pública docente.
Unos días atrás se habían reunido en la Comisión General, una reunión técnica en la que realmente ya se había formalizado el cambio de la normativa de oposiciones. La de ayer, la Conferencia Sectorial, sirvió para escenificar el desacuerdo política de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP y las que sí lo están.
Consejeros como Fernando Rey, de Castilla y León (PP) aseguraron tras la reunión mantenida con sus homólogos que la necesidad de que las pruebas de oposición sean obligatorias se debe a su relación con la calidad del sistema educativo. “Qué menos que un 5” decía el consejero, como exigible a los docentes que quieren ir pasando por los diferentes exámenes de que se componen el concurso-oposición.
Sonia Gaya, consejera andaluza (PSOE) mostró su desacuerdo con el hecho de que las pruebas sean eliminatorias. Una postura defendida también por la oposición y pos los sindicatos, que llegaron a encerrarse en el ministerio para forzar la negociación con los representantes de la administración central, sin lograr grandes cambios.
Para Gaya, así como para el resto de consejerías socialistas, se trata de hacer más fácil que un mayor número de opositores consigan llegar a la función pública. Máxime cuando se hahablado desde el Ministerio de la posibilidad de que en los próximos años se convoquen unas 150.000 plazas para reducir la interinidad.
Visto bueno
“La Conferencia Sectorial da el visto bueno al nuevo decreto”. Con estas palabras se expresó Marcial Marín, secretario de Estado de Educación para escenificar la particular intepretación que hace el Ministerio de los acuerdos alcanzados.
Después de destacar el esfuerzo negociador del Departamento dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, con cinco reuniones con la Conferencia General y otras tantas con los sindicatos, aseguró que la opción del Ministerio y de “una mayoría de comunidades autónomas”, las gobernadas por el PP, es mantener el carácter elminiatorio.
Además de para conseguir que accedan a la docencia personas con mejores expedientes académicos, y equilibrar sus posibilidades con las de quienes tienen muchos años de experiencia laboral, aseguró que los informes de la Abogacía del Estado pedidos tanto desde Hacienda como desde Educación, aconsejaban esta solución, al considerar que si no se podría incumplir la normativa.
Un extremo en el que desde la oposición, también desde los sindicatos, hace semanas que desechan argumentando que en el anterior periodo extraordinario de oposiciones, en 2010, cuya intención fue la misma, disminuir la tasa de interinidad, no hubo problemas legales y el carácter no eliminatorio de las pruebas nunca fue una cuestión judicializada.
En cualquier caso, el Decreto saldrá adelante. Hoy por hoy se encuentra en el Consejo Escolar del Estado para la emisión de su informe preceptivo.
Marín aseguró que esperan que para el mes de febrero pueda estar aprobado para que las comunidades autónomas tengan tiempo suficiente para preparar sus ofertas de empleo público para 2018.
La incógnita será cuántas personas quedarán fuera de las oposiciones por el hecho de que las pruebas sean eliminatorias. Una incógnita que lleva a pensar si se cubrirán todas las plazas necesarias para llegar a ese 8% de interinidad negociado entre Hacienda y los sindicatos.
