La Iniciativa Legislativa Popular de los Ayuntamientos de medidas prioritarias para la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación obligatoria es, ante todo, un ejemplo de democracia en nuestra región. Un acto de dignidad y una demostración de que la sociedad civil va siempre por delante de las instituciones y del rumbo que deberían marcar las políticas públicas.
La Ley 6/86 de iniciativas legislativas populares y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid exige un mínimo de 3 ayuntamientos con 50.000 electores en su conjunto para poder presentar una Proposición de Ley a la Asamblea de Madrid. Pues bien, esta iniciativa ha llegado a la Asamblea de Madrid siendo aprobada en 42 ayuntamientos que suponen la representación institucional de más de 5 millones de madrileños y madrileños. Además, esta iniciativa está respaldada por 221 colectivos y plataformas así como asociaciones vecinales y federaciones de personas con diversidad funcional.
Desde Podemos en la Comunidad de Madrid hemos mostrado desde el comienzo el apoyo a esta iniciativa. Por este motivo, el pasado 21 de febrero solicitamos la comparecencia de uno de los representantes del grupo promotor para dar la oportunidad de que su voz fuera escuchada en la Asamblea de Madrid antes de que se votara su toma en consideración.
En esta comparecencia todos los partidos tuvimos la oportunidad de escuchar cuáles son las razones que han motivado la necesidad de una propuesta de este carácter y que ha sido respaldada por un movimiento social e institucional tan amplio. Este respaldo se ha visto materializado en los municipios de forma mayoritaria por una sencilla razón: son un ejemplo de sensibilidad y cercanía a la hora de conocer la situación actual que vive la educación en nuestra región.
Esta situación no es otra que una preocupación creciente sobre la segregación en la educación. La publicación de los recientes estudios y los datos existentes nos advierten que Madrid está a la cabeza en segregación escolar por motivos socioeconómicos, sólo por detrás de Hungría. Además, estas conclusiones nos advierten que la actual planificación de la oferta educativa está fomentando el desarrollo de culturas excluyentes en los centros educativos.
Un claro ejemplo de esta segregación la encontramos en uno de los principales programas de propaganda del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: el Programa Bilingüe. Los centros públicos no bilingües están acogiendo tasas de alumnado con necesidades educativas especiales que duplican las tasas en públicos bilingües y que triplican las de centros concertados.
Por otro lado, la educación especial no para de crecer. Además, nos encontramos con la reciente la noticia de la cesión del suelo para la construcción de uno de estos centros que será regalada para la gestión concertada en el municipio de Torrejón.
Pues bien, todo esto es lo que nos ocupa en una iniciativa como esta. Esta ley no es específica de un colectivo ni una ley para una parte de la población o personas con unas características concretas, sino que es una ley que afecta a la equidad y la igualdad de oportunidades de todas las personas de la Comunidad de Madrid que están escolarizadas en etapas obligatorias. La educación inclusiva no se elige, no es una opción más a elegir entre un abanico de posibilidades. No es una opción porque un sistema de calidad es aquel que no deja nadie atrás. Porque el derecho a la educación inclusiva no es el derecho de los niños y niñas con discapacidad, es el derecho de todos y todas a la educación. No hay dos derechos. El derecho a la educación es siempre el derecho a la educación inclusiva.
No podemos olvidar que los objetivos fundamentales de la educación son principalmente dos. El primero, conseguir a través de la educación el máximo desarrollo individual e integral de la persona, poniendo en valor toda su diversidad y potencial. El segundo, la educación tiene como objetivo formar a las personas para que sean capaces de vivir en un marco democrático en sociedad y de respeto a los derechos humanos.
Por tanto, es obligación de las instituciones y las políticas públicas garantizar este derecho reconocido ampliamente en los diferentes marcos normativos a nivel nacional e internacional y que deben permitir promover culturas de trabajo inclusivas dentro de nuestras aulas.
Este es el principal objeto que propone esta ley, centrado especialmente en un mecanismo muy concreto como son los procesos de escolarización pero que a su vez afecta a la raíz del sistema educativo para garantizar la calidad y la inclusión de todos y todas.
Algunas de las medidas propuestas por esta iniciativa se centran en la necesidad de desarrollar planes de inclusión en los centros que permitan dar una respuesta adecuada a la realidad que se vive hoy en nuestras aulas, para ello también es imprescindible las formación permanente del profesorado bajo los preceptos del paradigma inclusivo que permita cambiar la cultura escolar en su conjunto y primar las buenas prácticas que se llevan a cabo. En esta línea surge la Tasa de Necesidad Escolar de Apoyo a la Inclusión, una Tasa que surge como una medida de emergencia para reequilibrar los índices de segregación sangrantes de nuestra región. Sin duda, otro de los aspectos clave que menciona esta iniciativa es la dotación y aumento de los recursos materiales y personales necesarios, especialmente los relativos a los equipos y la red de orientación, donde tienen lugar los diferentes perfiles profesionales que se encargan de atender la diversidad del alumnado.
Sabemos que un modelo de educación inclusiva debe ser amplio y diverso, este es un comienzo para tomar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones del sistema educativo en su conjunto. La educación inclusiva no se consigue solo con una ley, sino con un cambio de cultura que dé respuesta a la realidad educativa, el cambio a un paradigma que reconozca la diversidad como un valor de aprendizaje y consustancial al ser humano y, finalmente, una adaptación del marco normativo y legislativo acorde a esta mirada.
Para terminar recordemos por un momento el caso de Ruby Bridges. Ruby fue la primera niña negra que asistió a una escuela en los Estados Unidos. Esta niña lo hizo a pesar de tener que ir custodiada por la policía durante un año. Cincuenta años después, Ruby habló para la BBC y pudo contar la importancia de su experiencia personal para romper las barreras raciales.
Las instituciones tienen la oportunidad de marcar el camino, tenemos la oportunidad de dar ejemplo de qué modelo de sociedad queremos construir. Hoy tenemos esa oportunidad dando paso a esta iniciativa. Recordarnos por qué estamos aquí. Tenemos el compromiso de escuchar a los profesionales, familias y expertos comprometidos como los que hay detrás de esta propuesta para demostrarnos que somos capaces de mejorar la educación de Madrid para todos y todas.
Beatriz Galiana Blanco, diputada y portavoz de educación del grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid
Asier Delgado Suárez, técnico de educación para Podemos en la Asamblea de Madrid
