Son unos 300.000 alumnos y alumnas de 2º de bachillerato y han de demostrar en los próximos días –en cuatro o cinco, dependiendo de si cursan sus estudios en comunidades con lengua cooficial– si están preparados para acceder a la universidad. Lo hacen mediante una prueba que ha cambiado sus siglas –hoy es EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) o EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad)– pero no su esencia con respecto a la selectividad, y que cuenta un 40% en el cómputo global, en el que el 60% es para la nota de la etapa.
A los interrogantes que les acompañan por estas fechas –¿Caerá la dictadura franquista o la II República y la guerra civil? ¿Rousseau o Nietzsche?– se suma al menos desde hace dos cursos otra cuestión: ¿Es justa la EBAU? En caso de que no, ¿a quién discrimina?
Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León, ha hecho de la campaña para lograr una EBAU única en toda España una batalla personal. Según fuentes de su departamento, “dado que hay un distrito único universitario, que, con independencia de la comunidad de procedencia, con la nota de corte se puede acceder a cualquier universidad, lo lógico es que exista una misma vara de medir”.
Los estudiantes de Castilla y León consideran que existe un agravio con respecto a otras comunidades con pruebas más fáciles y así lo han hecho notar esta primavera, con manifestaciones convocadas por la comisión de delegados de alumnos de 2º de bachillerato.
Por su parte, el consejero ha defendido la prueba nacional en el Senado, ha pedido que este asunto sea materia de la próxima Conferencia Sectorial, ha logrado que otras comunidades como Murcia se planteen la cuestión y ha anunciado un informe sobre la disparidad de exigencia de los exámenes que actualmente se están pasando.
El informe ‘Manu’
Rey hace esto porque considera que hay comunidades que no se ajustan a los criterios fijados en la orden que regula estas pruebas y a raíz de estudios como el de la catedrática de Bioestadística por la Universidad de Valladolid Cristina Rueda, de diciembre de 2016, que puso en evidencia cómo en comunidades como Canarias había un 31,15% de alumnos con sobresaliente en la PAU en 2015 frente al 9,7% de alumnos con la misma calificación en Castilla y León en ese año. En Lengua Castellana los porcentajes eran 25,3% y 5,1%, respectivamente.
Rueda –que inicia la investigación al conocer el caso de un alumno brillante de Castilla y León que se queda fuera de la carrera de Medicina en su comunidad, Manu, que da nombre al informe– se vale de la estadística para demostrar que existe una desigualdad en el acceso para los estudiantes según la comunidad, subraya que “a igual preparación, la nota difiere”.
En este tiempo la profesora ha constatado que cada vez más gente se está dando cuenta de esta cuestión, que, subraya, “no solo es injusta para alumnos de Castilla y León que aspiran a una plaza en Medicina, también sucede con otras carreras muy solicitadas, y en comunidades como Navarra o Galicia”.
Su solución a corto plazo, curiosamente, no es una prueba única. Es algo más sencillo, que preservaría la competencia de cada Comunidad con respecto al temario y al tipo de examen, y que se podría aplicar desde ya: “En vez de contar la nota en la EBAU se contaría el percentil, el puesto en que el estudiante queda en relación con el resto en su comunidad”. Una medida, afirma, que no es extraña en el Reino Unido o EEUU, “donde en los certificados de exámenes es frecuente que figuren ambas”.
Aunque los datos son de 2015, Rueda asegura que ha repetido los análisis en las siguientes ediciones “con resultados similares”.
PNL de Ciudadanos
Con el informe ‘Manu’ en una mano y los resultados de PISA en la otra, a la formación de Albert Rivera hay algo que no le cuadra. Su grupo parlamentario, que ha registrado una PNL pidiendo una prueba homogénea y otra instando a hacer públicos los resultados mientras sean diferentes, hará próximamente una pregunta sobre el coste de estas en cada autonomía. “Además de las pruebas distintas que discriminan en el acceso y de las diferencias curriculares, existe disparidad en las tasas, y preguntaremos por el coste de las pruebas y el gasto que suponen. No tiene sentido que una prueba obligatoria lleve aparejadas unas tasas tan elevadas”, subraya Marta Martín, portavoz de educación de la formación naranja.
Para Martín, que existan 17 pruebas diferentes que se evalúan de distinta manera para acceder a un único sistema universitario es una muestra de “falta de equidad por motivos territoriales”, fácilmente constatable dado que “las titulaciones que exigen una nota de corte más alta están copadas por alumnos de algunos territorios, que, curiosamente, según un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, después son los que registran una tasa más alta de abandono y fracaso en los estudios universitarios”.
En cuanto a la disparidad en las tasas, C’s se hace eco de una reclamación de la asociación de estudiantes CANAE, que denunciaba la semana pasada que el precio de las pruebas puede ser “hasta tres veces mayor dependiendo de dónde viva el estudiante” y pedía “mecanismos de ayuda” para los estudiantes con menos recursos económicos.
La asociación
Entretanto, ¿Qué fue de Manu? Se volvió a examinar para subir nota y pudo entrar en la carrera deseada. Sin embargo, la lucha sigue, de la mano de la Asociación Acceso a la Universidad en Igualdad, que, esta vez sí, reclama una EBAU única. Su presidenta, Pilar Álvarez, reconoce que en ella hay más adultos que estudiantes: “Hasta que aparecimos, la gente no era tan consciente de la injusticia de 17 exámenes distintos con criterios diferentes de contenido, estructura y evaluación para competir por las mismas plazas. Nos decían: ‘El 95% aprueba la PAU’, pero no basta con aprobar, sino que estás buscando un puesto en un ranking para poder cursar la carrera que quieres en la universidad que quieres”, señala.
Para Álvarez, el actual modelo 60/40 no garantiza la igualdad de oportunidades: “Personalmente, rebajaría el 60%, aunque hay mucha gente en contra porque no quieren jugárselo todo a una carta. Pero incluso si el 60% depende de cómo cada centro gestiona las cosas, ese 40% trataría de ajustarlo, dejando de permitir un examen injusto, que hace que los alumnos tengan tres veces más posibilidades de acceder a carreras punteras según donde estudien”.
“Para los estudiantes, que sus expectativas se vean frustradas por una décima puede conllevar buscarse una carrera diferente, que exija menos nota, marcharse a otra comunidad autónoma o a la privada, si se lo pueden permitir, además de la decepción que acompaña sus primeros pasos universitarios”, enumera Álvarez, que lamenta que comunidades como Castilla y León “estén invirtiendo mucho dinero en formar a gente que no se va a quedar”.
“Nosotros abogamos por un examen único, tipo MIR, y que no se vincule al bachillerato, que ya está aprobado, sino a la universidad. Además, queremos que sea objetivo. Un comentario de texto, por ejemplo, nos parece algo muy vago de evaluar”, proclama: “No queremos una prueba más fácil, sino que se compita en igualdad de condiciones”.
Antes de llegar al Congreso –todos los grupos salvo Unidos Podemos han escuchado a la asociación– la batalla por una EBAU única se libraba en los periódicos. Uno de sus instigadores fue el profesor Luis M. Esteban con su columna ‘La vergüenza de la PAU’, publicada en junio de 2016 en El Correo de Zamora. Hoy mantiene su opinión, y considera que “la EBAU discrimina, sin duda, y la diferencia entre la tipología de exámenes es palmaria, con asignaturas en que el alumno se enfrenta a siete preguntas en unas comunidades que en otras se reducen a dos, con temarios en determinadas materias que en unas comunidades abarcan ocho temas y en otras, cuatro”.
Esteban apuesta por que todos los alumnos se preparen para enfrentarse a un examen igual, como hizo él cuando se examinó de selectividad –antes de la transferencia de las competencias, cuando esta se celebraba el mismo día a la misma hora y con el mismo orden de asignaturas en toda España–. “Esto arreglaría un 40% del problema, que no está mal, y es además una cuestión estética: no parece muy normal que el alumno, que obtiene una nota con la que puede acceder a cualquier universidad, cuente con un sistema de acceso diferente en función de la comunidad”, apunta.
Rectores, catedráticos y UP
Mientras, desde la Conferencia de Rectores se señala que “se respeta la propuesta de Ciudadanos”, pero al tiempo se recuerda que “el año pasado se alcanzó un consenso con el Gobierno sobre la EvAU que costó mucho cerrar y fue el mejor posible para el conjunto de la comunidad educativa”, un acuerdo al que la CRUE suscribe su “apoyo institucional”.
Y desde la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto, ANCABA, su presidente, Felipe de Vicente, al que le gusta recordar que la Selectividad data del franquismo –“Las reválidas son de mucho antes. Franco las suprimió y creó la selectividad, que permite que se consiga el título de Bachiller en cualquier centro, sin ningún control”– cree que una EBAU única es “jurídicamente imposible, dado que las comunidades tienen las competencias en educación y las universidades, autonomía”.
“Otra cosa sería una prueba única conducente al título de bachillerato, porque el Estado sí tiene la competencia en los requisitos para la concesión de títulos” introduce De Vicente, que se muestra partidario, eso sí, de que “un órgano de evaluación independiente, quizá desde el Consejo Escolar del Estado, con técnicos de reconocido prestigio, elabore anualmente un informe, como el que se realiza sobre el sistema educativo, sobre las distintas pruebas, analizando su grado de exigencia, si se corresponden al programa, y ofreciendo recomendaciones”. Aunque añade que “para eso el Estado debería concretar más las normas sobre las pruebas de selectividad antes del desarrollo por parte de cada comunidad”.
Si desde la asociación Acceso a la Universidad en Igualdad se sospecha que el grupo de Unidos Podemos no les recibió “porque cualquier prueba externa estatal les suena a fascismo”, su diputada Nagua Alba, portavoz adjunta de Universidades en la Comisión de Educación, sostiene que “si bien el sistema puede que no sea perfecto, no creemos que la solución sea precisamente una prueba única”. Alba recuerda el antecedente frustrado de una reválida única en toda España al finalizar el bachillerato para que luego cada universidad contara con su propia prueba de acceso: “La comunidad educativa mostró una gran contestación y finalmente no fue así, y esta iniciativa tremendamente recentralizadora nos recuerda a aquello”.
Alba reconoce que “homogeneizando la prueba podrían darse unos resultados diferentes, pero no necesariamente más justos”, y apuesta por mantener las especificidades de cada comunidad, “con bachilleratos diversos y pruebas diseñadas por los profesores de esos distintos bachilleratos, quienes han seguido el recorrido de esos estudiantes, impartido y trabajado los contenidos con ellos”.
La otra desigualdad
Si últimamente se ha hablado de la posible discriminación territorial de la EBAU, esta no es la única.
María Sanz, de la asociación Madrid con la Dislexia –integrada junto con otras 15 de todo el territorio en la Plataforma 21 de enero– recuerda a los alumnos y alumnas con dislexia que se enfrentarán a la prueba: “Cataluña está a años luz, con tribunales específicos, pero en otras comunidades, como la de Madrid o Extremadura, el acceso sigue siendo en desigualdad, sin las necesarias medidas de accesibilidad a los contenidos”. Medidas como disponer de un tiempo extra, contar con una penalización más laxa por faltas de ortografía, poder acceder a un examen con un tipo de letra más grande o algunas palabras destacadas en negrita, con las preguntas enunciadas de forma clara…
“Hace 20 días mi hijo hacía sus exámenes finales con estas ayudas y cuando llegue la EBAU, el gran día, estas ayudas desaparecerán, y la prueba será en las mismas condiciones, y supondrá la misma desigualdad, que vivió su hermano hace cuatro años”, lamenta Sanz.
