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Con datos oficiales del Ministerio de Eduación, el sindicato hace un repaso de la situación en algunos aspectos del sistema educativo, desagregando la información entre pública y privada, concertada y no concertada.
Se trata de datos relativos al número de unidades de cada red, por ejemplo, o a la variación en el número de estudiantes en el sistema o la necesidad de profesorado estable en los colegios e institutos.
Una situación que, entre sus conclusiones, muestra que apoyándose en el artículo 109.2 de la LOE, modificado por la LOMCE, ha tenido unos claros efectos en la distribución de recursos en los centros. Este artículo es el que da todo el peso a la demanda social a la hora de planificar la escolarización al mismo tiempo que se suprime la responsabilidad de la Administración pública a la hora de ofrecer plazas públicas educativas.
Con este artículo como cimiento, además de con elementos como los agravios en la financiación de una y otra red o la popularización de cheques escolares y exenciones fiscales por matricular en la privada, ha habido algunas etapas como infantil y parte de la Formación Profesional, en que la concertada ha perdido unidades y estudiantes en detrimento de los ganados por la privada no concertada.
Entre los agravios, destaca el nivel de inversiones comparando ambas redes. Mientras los conciertos, tomando el año 2009 como valor de referencia, a pesar de una discreta bajada en los momentos más difíciles de la crisis, han tenido un ligero repunte. Se sitúan algo por encima de los datos de 2009.
En el caso de la escuela pública, el nivel de inversiones de las administraciones públicas a caído 60 puntos porcentuales con respecto a este mismo año.
Otro de los agravios ha sido las cifras de incremento de las unidades en cada red. Mientras en la pública, en estos años desde 2009 ha habido un incremento leve, del 0,9%, siendo la que escolariza a algo más del 60% de la población en edad escolar, la privada sin concierto aumenta un 6,4%, empujada sobre todo por la educación infantil de segundo ciclo así como por la Formación Profesional.
“La red pública, que escolariza a dos tercios del alumnado, recibe menos de la mitad (45,3%) de las nuevas unidades; las redes privadas, que escolarizan a un tercio, reciben el 54,6% de las nuevas unidades”, sostiene el documento de CCOO.
Después de una década de crisis, ha dicho Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, ha habido un “incremento de la desigualdad, recorte derechos sociales y en el derecho a la educación”.
Mientras la economía ha vuelto a valores de 2009, la inversión en educación, ha vaticinado García, “acabaremos en los niveles de inversión educativa de los años 80”. En este sentido el secretario general ha dicho que “habrá que pedirle a este gobierno que mande un mensaje claro de cambio de rumbo en las políticas presupuestarias y educativas”.
Otros problemas
La precariedad y temporalidad son dos elementos que cada vez más gente asume y sufre en los centros educativos. En los últimos años ha crecido tanto la interinidad, así como las medias jornadas o los cuartos de jornada que parece normal que una cuarta parte del profesorado de la escuela pública esté en esta situación.
Los últimos acuerdos con el anterior gobierno popular abrieron la posibilidad a grandes ofertas de empleo público para llevar esa interinidad al 8%, previa a la crisis, a base de convocatorias masivas. Las primeras, celebradas este verano, no han supuesto este acicate a la conversión en funcionarios de muchos interinos.
Escándalos de todo tipo se han oído en diferentes comunidades autónomas, referidos muchos de ellos a la complejidad de las pruebas y a la falta de transparencia en relación a los criterios de evaluación. Para Francisco García ha habido problemas porque se han convocado menos plazas de las que son necesarias, además de presiones hacia los tribunales que han juzgado los procesos.
En cualquier caso, según las estimaciones que maneja CCOO hasta la finalización del acuerdo firmado sería necesario que se nombraran 150.000 funcionarios docentes, pero según los datos que manejan de las consejerías de Educación de las comunidades autónomas, no llegarán a 89.000 las plazas que se ofrezcan en las oposiciones. Sin contar las que quedaron desiertas.
Miles. Con porcentajes que varían desde el 0% de plazas desiertas de la Comunitat Valenciana, al casi 30% en Ceuta, el 26,8 en Euskadi o el 24,69 de Ceuta. A estas CCAA les acompañan Navarra (24%) y algo más lejos, Madrid (20,41%).
Resultan difícilmente explicable estas diferencias entre las pruebas, los tribunales y los conocimientos de quienes se presentaron en cada convocatoria.
