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Matrículas en septiembre que desbordan las aulas y centros que recurren al salvoconducto de la LOMCE que permite ampliar la ratio hasta a 28 alumnos por aula. Es el diagnóstico que admite la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la situación de muchos colegios y escuelas en la región este nuevo curso. El Gobierno de Ángel Garrido informa de un aumento de las solicitudes del 33% en Infantil y Primaria solo en el área central de la región (DAT Capital) pero ha encontrado fuera los culpables del colapso en las áreas: el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y la «inmigración desordenada».
El departamento de Educación de la Comunidad, dirigido por Rafael Van Grieken, apunta directamente a la «errática política migratoria del Gobierno» central. Una afirmación desmentida por el relato de docentes y familias que niegan que esta masificación sea un problema puntual y acotado a este curso. La situación no es nueva, lleva un año y medio en manos de los tribunales, tras la denuncias de CCOO.
«Llevamos años con problemas de masificación en las aulas públicas que nada tienen que ver con la llegada de migrantes», sentencia Natalia, maestra de Educación Infantil. El año pasado fue tutora de una clase con 27 niños y niñas de tres años cuando la ratio máxima son 25. «Para empezar es hasta inviable a nivel de espacio, colocar a 27 niños, meter las mesas y también otros espacios si no quieres que estén todo el día sentados», explica. Natalia admite en conversación con eldiario.es el agobio que le generaba tener que enseñar a los niños, de cinco años y a solo un curso de entrar en Primaria, a leer y escribir. «No puedes dedicarles a todos el tiempo que necesitan. Acabé el curso pensando que había muchos sobre los que no sabían ni por dónde andaban en desarrollo, en capacidades…», reconoce.
En su colegio, en la sierra de Madrid, se venían dando situaciones parecidas también en años anteriores. L. prefiere no hablar con nombres y apellidos pero cuenta que hace dos cursos tuvo que atender a 28 alumnos y alumnas de tres años. Mientras no cabían en su aula, la de al lado estaba vacía. Ese año suprimieron una clase y concentraron a todos los niños y niñas en una. «Eso me crispaba, ver ese aula vacía y yo allí… que quería salir corriendo algunos días. Tuve que ingeniármelas para que fueran lo más autónomos posible. Asumí que no iba a poder plantearme grandes objetivos. Eran muchísimos», recuerda. Al final de curso, relata, le dijo a la dirección que otro año más así «no aguantaba». «Pensé en que si la cosa seguía así me pedía la baja, acabé derrotada física y mentalmente. Mi vida se convirtió en irme a la cama cuanto antes, había días que no quería ir al cole», cuenta.
Los recortes educativos permitieron, a través de un decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, un aumento excepcional de las ratios en un 20%. Pero esta licencia dejó de ser aplicable ya el año pasado al recuperarse la tasa de reposición de maestros y maestras al 100%. Pese a ello, las aulas han continuado por encima de 25 en Primaria y de 28 en Secundaria.
El argumento oficial de la Consejería remite al artículo 87 de la Lomce, que permite «el incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y alumnas por aula», pero solo si eso está justificado «para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado por incorporación tardía o bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en periodo de escolarización extraordinaria». Es también la respuesta que han dado este lunes, tras conocerse que se han dado órdenes por escrito para proceder a ese incremento en Vallecas y Moratalaz. CCOO informa que también existen «órdenes verbales» en el mismo sentido en Latina, Carabanchel y Villaverde.
La propia consejería refleja en sus datos esta sobrecarga, que no es nueva, según sus propias cifras. En el curso 2016/2017, la Comunidad de Madrid tenía 6.000 aulas con más niños y niñas de los marcados por ley el curso pasado. En 1.222 –muchos concertados–, la Consejería de Educación directamente incumple la normativa porque no justifica esa masificación; y en 5.027 utiliza el mecanismo previsto en la Lomce pero solo reservado a circunstancias excepcionales que, en este caso, se aplican a una de cada diez aulas en la región, según figura en una respuesta del Gobierno al grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Una investigación abierta en los tribunales
Esta repetición del esquema, incluso cuando ya el Gobierno central no lo respaldaba por decreto, llevó a Comisiones Obreras a presentar un recurso ante la Consejería que terminó en los tribunales. Ahora, un año y medio después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe entrar en tres casos distintos –correspondientes a tres direcciones de área territorial– en el fondo del asunto: encontrar una justificación a la masificación y verificar si la Comunidad de Madrid está cumpliendo la normativa.
Las dos maestras contactadas por eldiario.es inciden en que la administración «vende una atención individualizada que no puedes ofrecer, aunque los profesores quieran». «No puedes atender a tantos niños ni darles un ratito. Es lo que se merecen. Que como persona de referencia le dediques cinco a diez minutos. Y es imposible», zanja L. Las dos describen una masificación «estructural». «Es mentira que esto se haya desbordado por la inmigración. Llevamos bastantes años con problemas», dice Natalia, que este año tiene una clase de 24 alumnos pero no cuenta con ningún apoyo.
Del otro lado, pero como parte del mismo problema, están las familias. Raquel García tiene un hijo de siete años. En su aula de segundo de Primaria convive con otros 27 compañeros y compañeras. Su clase lleva arrastrando la sobrecarga –el límite legal está en 25– desde los cuatro años. «Pasa en mi colegio y pasa en casi todos», sostiene. El primer año que intentó escolarizar a su hijo, con tres años, tuvo que hacerlo en un centro a seis kilómetros de su casa, según su relato. El colegio más cercano estaba tan masificado que estaban convirtiendo salas de psicomotricidad y de música en aulas.
«No solo es que las clases estén por encima de ratio, es que muchos centros están por encima de línea. Tienen más aulas de las que pueden albergar», argumenta. Raquel pertenece a la Plataforma de Parla en Lucha por la Educación Pública. «Entre las familias estamos hartas de contarnos siempre lo mismo. Los que tienen clases de 25 están de enhorabuena», asegura.
Señalar la llegada de migrantes de origen «africano y venezolano» como una de las causas de la sobrecarga de las clases, tal y como ha hecho el Gobierno de Garrido, ha provocado el enfado de las familias y también de los docentes. Los datos, además, desmienten este extremo por el escaso número contabilizado por el Ministerio de Interior. Según las cifras oficiales, entre el 30 de junio y septiembre 72 menores entraron en el sistema de protección de la Comunidad de Madrid.
Se trata de menores extranjeros no acompañados (MENAS) y proceden, en su mayoría, de países africanos. «Es una falacia achacar el problema a estos menores porque, además, la mayoría están en una franja de edad entre los 16 y los 18 años y precisamente peleamos por su escolarización, que no siempre se facilita», replica Lourdes Reizábal, presidenta de la Fundación Raíces. A preguntas de eldiario.es, la Consejería de Educación no ha concretado cuántas de las nuevas matrículas están asociadas a niños y niñas migrantes recién llegados a Madrid. Solo aseguran que el número ha crecido de 2.700 a 4.050, respecto al curso pasado, y «la mayoría» responde a estos perfiles. También aseguran las mismas fuentes que la Comunidad de Madrid en ningún caso «se salta la ley».
