Desde hace semanas, la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, (CRUE) viene hablando de la necesidad de un nuevo marco normativo que regule la labor de la Universidad conla vista puesta en una situación social, económica y profesional muy diferente a la existente en 2007, momento de la última reform.
Ante los casos que han removido y puesto el foco en graves casos ocurridos en másteres impartidos por la Universidad Rey Juan Carlos y la pérdida de prestigio que esto pueda estar causando en una de las instituciones más importantes del país, la CRUE ha reivindicado el importante papel de la universidad en la generación de conocimiento a través de la investigación, además de proveer a la sociedad a miles de personas formadas, no solo en lo profesional, sino también en ciertos valores.
Hoy, en la sala Ernest Lluch del Congreso de lso Diputados, acompañados por Ana Pastor, presidenta del Congreso, el presidente de la CRUE ha leído el comunicado que esta organización así como la Conferencia de Consejos Sociales, la CEOE, Cepyme, CCOO, UGT, CSIF, la Cámara de Comersio de España han consensuado.
Una demanda a las y los diputados para que tomen buena nota de la necesidad de una ley de universidades que sea acorde con los tiempos y que impulse el trabajo que vienen realizando las universidades.
En su comunicado, todas las organizaciones sociales, empresariales y universitarias solicitan a los grupos políticos del Congreso que «pongan a la universidad española en el frontispicio de su acción política» porque «la universidad española debe convertirse en un tema prioritario».
La nueva ley que reclaman se fundamenta, dicen, en tres puntos: desde la última, en 2007, ha habido importantes cambios que «obligan a una urgente revisión de nuestro ordenamiento universitario»; mejorar las relaciones entre universidad, agentes sociales, políticos y económicos con la que conseguir una mejor reputación para la universidad, y, en tercer lugar, para «profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universitaria», adecuadamente financiada y que rinda cuentas a la sociedad.
Y, claro, de la misma manera que se ha escenificado un gran apoyo, prácticamente unánime entre empresarios, sindicatos, universidades y agentes sociales, además de la presencia de los principales grupos políticos del Congreso, las organizaciones firmantes del comunicado han reclamado que la ley se redacte con el mayor consenso posible para que, de esa manera, pueda llegarse a un Pacto de Estado en el que participen todos los presentes.
Ana Pastor, presidenta del Congreso, ha felicitado a las organizaciones firmantes del comunicado y ha alabado la importancia de la universidad a la hora de generar y transmitir conocimiento con el que mejorar la sociedad. Así mismo, ha hablado también de la importancia de que las relaciones entre las universidades y el Congreso se estrechen para que los disputados y diputadas puedan tener acceso al mejor conociento salido de aquellas.
En este sentido ha hablado de algunas iniciativas que intentan que ese acercamiento sea lo mayor posible. Entre ellas, está la creación de una Oficina de la Ciencia dentro del Parlamento, que estará al alcance de los grupos políticos para la realización de su trabajo. También ha hablado de la posibilidad de la creación de un Observatorio del Conocimiento, así como de la puesta en marcha de actividades académicas y culturales conjuntas.
