La comunidad educativa andaluza -profesores, padres de alumnos, sindicatos de enseñanza- está viviendo los estertores del curso académico con una agitación fuera de lo normal. Cuando empezó este curso, la Consejería de Educación estaba en manos del PSOE, y ahora -tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre- el Departamento lo lleva Ciudadanos, en un nuevo Gobierno paritario pilotado por el PP. La política educativa está a punto de virar 180 grados. Un primer ejemplo es el programa contra el abandono escolar temprano que anunció el nuevo titular de Educación, Javier Imbroda, en su primera (y única) comparecencia pública dentro de su consejería.
Se trata de un plan de clases de refuerzo de entre 15 y 30 días -cinco horas lectivas por día- para alumnos con dificultades de 5º y 6º deprimaria. La peculiaridad es que se desarrollará en pleno mes de julio, fuera del horario lectivo de docentes y maestros, un mes donde confluye el trabajo de preparación de clases del curso siguiente, las oposiciones al cuerpo de Maestro y el intenso calor en aulas no climatizadas propio del periodo estival. La propuesta estaba pensada para 100.000 estudiantes de primaria y necesitaba contar con la participación voluntaria de 1.000 profesores, pero la respuesta ha sido la inversa: al terminar el periodo de inscripción, sólo unas mil familias habían apuntado a sus hijos -un 1% de lo previsto-, en cambio, el número de docentes interesados es casi el doble de los que se necesitan (1.674). Los cinco sindicatos de la enseñanza con mayor representación se han echado las manos a la cabeza, tildando el proyecto de “ocurrencia descabellada”, “ridículo”, “absurdo” y otros calificativos del estilo. ¿Cómo es posible que un programa estrella para revertir el fracaso escolar capte más interés en el profesorado que en los padres de alumnos con dificultades de aprendizaje? Una de las claves, pero no la única, es que la Consejería ofrece a los profesores que se apunten un sueldo extra en julio -de 2.250 a 4.500 euros en algunos casos, según si imparten clases una quincena o todo el mes-, mientras que a las familias les cobrará entre 15 y 30 euros por alumno (medio millón de euros en total).
La falta de respuesta de las familias ha puesto en un aprieto al Departamento de Educación que, en caso de no lograr que más alumnos se inscriban al programa (se ha ampliado el plazo de inscripción un mes más), tendrá que repensar el proyecto. La Consejería asegura que no piensa suspenderlo, porque está sufragado con 10,5 millones de euros de fondos europeos, que habría que devolver si no se justifican debidamente. Se trata de una partida finalista con unos requisitos de gasto muy específicos, de modo que la consejería no podrá invertir ese dinero en otra cosa. Ahora, Imbroda está recibiendo las críticas en cascada de todos los sindicatos, de las asociaciones de directores de centros escolares y de las asociaciones de padres de alumnos por no haber contado con la comunidad educativa para diseñar y consensuar el plan de refuerzo educativo. Pero el consejero, lejos de hacer autocrítica, ha lanzado un inusual reproche a las familias que han ninguneado su programa: “Serán los padres quienes deben decidir si quieren aprovechar este programa de refuerzo estival o si prefieren que sus hijos se queden en sus casas jugando a los videojuegos”.
¿Cómo se ha llegado a una situación tan enrarecida en el debate educativo en tan sólo los primeros 100 días del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos? En el epicentro de este debate está un problema del sistema educativo, que los nuevos responsables de la Consejería de Educación -como sus antecesores- se han propuesto combatir de frente: un porcentaje de abandono escolar temprano de los más altos de España. Un fenómeno que afecta al 21,9% de los estudiantes andaluces, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en enero, un 17,9% en el conjunto del país.
La tasa de abandono escolar temprano cuantifica el número de jóvenes de 18 a 24 años que han dejado los estudios con una titulación inferior a la secundaria postobligatoria, es decir, sin cursar Bachillerato ni Formación Profesional de Grado Medio. Dentro de ese porcentaje hay chavales que lograron el graduado de la ESO (el título más básico de la escuela) y otros que no, hay jóvenes que trabajan y otros que no. El abandono escolar temprano merma considerablemente la inserción laboral de los jóvenes, de modo que combatir este fenómeno es objetivo prioritario, no sólo del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, también de la Unión Europea.
El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos ha recibido 10,5 millones de euros para gastarlo exclusivamente en un programa destinado a combatir el abandono escolar. Se trata de una partida finalista, similar en el resto de comunidades, que tiene ciertas condiciones de gasto: no puede usarse para ampliar la plantilla docente ni para suplir la falta recursos de las administraciones regionales que, en teoría, deben contemplar en sus presupuestos. Los fondos europeos son un dinero extra para gastarlo en un programa de refuerzo educativo fuera del horario lectivo, y cada región tiene que echar pedagogía e ingenio para saber cómo invertirlo para obtener los resultados esperados.
Tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, la Junta de Andalucía es un gobierno paritario en el que el PP dirige unas carteras y Ciudadanos otras. La formación de Albert Rivera se hizo con la Consejería de Educación y Deportes, y la puso en manos de su fichaje estrella, el ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda. El pasado febrero, Imbroda hizo su primera comparecencia pública para anunciar cómo iban a combatir el fracaso escolar usando esos fondos europeos: un plan de “refuerzo adicional” de 15 a 30 días en el mes de julio, destinado a 100.000 alumnos de 5º y 6º de Primaria que hubieran terminado el curso con dificultades para promocionar. Los principales sindicatos de la enseñanza conocieron la propuesta por los medios de comunicación -no se les convocó a una mesa sectorial- y enseguida cuestionaron duramente el programa: ¿en 15 días de pleno julio quieren prevenir y resolver un problema medular del sistema educativo andaluz?
La letra pequeña del plan de refuerzo estival no sólo ha indignado a los sindicatos, también a la asociación de directores de centros y a la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos. El objetivo era aprovechar julio -un mes no lectivo- para reforzar las competencias en Matemáticas, Lengua e Inglés, además de la realización de actividades deportivas. La Consejería de Educación diseñó un programa presupuestado en 12 millones de euros, usando los 10,5 millones del Fondo Social Europeo, y el millón y medio restando de la cuota que cobraría a las familias: un precio “simbólico” de un euro al día, 15 euros la quincena, 30 euros el mes. Se seleccionaron 234 centros escolares repartidos por las ocho provincias andaluzas, atendiendo a sus instalaciones (climatización en verano), su ubicación (primando zonas de compensación educativa) y que no hubiera obras programadas en julio. En cada centro se organizarían dos subgrupos, de entre 10 a 15 alumnos cada uno. El horario sería de 9.00 a 14.00 horas: 30 minutos de bienvenida, asamblea y tutoría; dos horas de clases en comunicación lingüística, matemáticas o inglés; 30 minutos de recreo tutorizado y dos horas de deportes.
Cobrar más por impartir clase en julio
La Consejería dictó unas instrucciones para seleccionar al profesorado interesado en participar voluntariamente en el programa, ofreciéndoles una gratificación de 30 euros por hora de clase. Este aspecto del programa también generó dudas entre los sindicatos, que preguntaron a la viceconsejera si había “garantías jurídicas” de que los profesores podían percibir una asignación extra en sus nóminas por impartir clases en julio. Los docentes que finalmente sean seleccionados para el programa percibirán entre 2.250 y 4.500 euros extra, según impartan clases durante una quincena o durante un mes. Es poco habitual que la Administración pague incentivos al profesorado por participar en programas de refuerzo, lo normal es que se regule otro tipo de compensaciones administrativas, como sumar puntos en el baremo para concurso de traslados. Cobrar más por dar clases en julio reabre un viejo dilema en la enseñanza en el que los sindicatos prefieren caminar de puntillas. Oficialmente, los profesores sólo tienen un mes de vacaciones al año: agosto. El mes de julio, según la normativa básica, los docentes deben estar “a disposición de la Administración educativa”, obligados a personarse en 48 horas en una escuela si la Consejería lo requiere. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando son llamados para formar parte de un tribunal de oposiciones, que se desarrollan en la primera quincena de julio. En este caso, la Junta también les paga una indemnización que está regulada en una orden.
Sin embargo, aquí la historia es distinta: se trata de cobrar un extra por impartir docencia, que es la función natural del profesor y, por tanto, algunas voces cuestionan que la Consejería de Educación tenga que pagarles dos veces en julio por hacer su trabajo. Esta tesis es relativa. La norma básica que obliga al profesorado a estar a disposición del centro en julio choca con otra, también de ámbito estatal, que rige el calendario lectivo de los maestros. Son un mínimo de 18 horas semanales en Secundaria y 25 horas en Primaria, y julio no es un mes lectivo, de modo que impartir clases en periodo estival es algo extraordinario, ninguna ley obliga a hacerlo. Con la normativa en la mano, ningún sindicato pone la mano en el fuego para asegurar que la Consejería de Educación podría contar con los funcionarios docentes para su plan de refuerzo estival sin necesidad de pagarles un plus de 30 euros la hora.
