Clara Martínez García es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Pontifica de Comillas y hace las funciones de directora de la Cátedra Santander de Derechos del Niño. Desde su posición, Martínez ha investigado en derechos de la infancia y derecho administrativo, lo que la convertía -junto a su equipo- en la candidata ideal para ayudar a elaborar la nueva ley contra la violencia contra infancia, que el Congreso debería aprobar la próxima legislatura (a priori tiene el apoyo de todos los grupos). Martínez, que se declara “muy fan” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cree que la Agenda 2030 que los enmarca supone “una gran oportunidad de repensar el sistema. La infancia es transversal a todos los objetivos y nos va a dar una dimensión nueva de lo que tienen que ser las obligaciones de los poderes públicos con los niños para que se puedan cumplir sus derechos”. Hablamos con esta profesora sobre la conferencia que ha impartido este jueves sobre derechos de la infancia en el marco de las jornadas La Ciudad de los Niños, que han tenido lugar en La Casa Encendida de Madrid.
¿Se cumple en España la Convención sobre los derechos del niño?
Hay cosas en las que no, está claro. O, si se quiere, se cumple parcialmente. La violencia contra la infancia sin duda que es una en la que se puede mejorar, pero hay muchos apartados. Pobreza, colectivos vulnerables de niños, participación -una cosa muy seria-, déficits institucionales del sistema… Hay muchos aspectos en los que podemos seguir mejorando.
Varias de las cuestiones parecen bastante obvias, pero me llama la atención que señales, con énfasis además, la participación de los pequeños en la sociedad. Parece un campo muy ignorado.
Es como un límite casi psicológico. Ponemos excusas con el tema de la participación. Pero la Convención, el tema de la participación -que lo consagra en un artículo– lo contempla en unos términos amplísimos. Pretende que el niño sea escuchado en aquellos aspectos de su vida que le afectan. No solo en términos procesales (que le pregunten en un divorcio u otro caso en un juzgado), sino que aparece como catalizador de otros muchos: libertad de expresión, de pensamiento, de creencia. Todos los derechos que aparecen en la Convención están aquí. Pero lo incumplimos mucho. Incluso aunque se recoge en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección jurídica del Menor, se concreta en que se incumple exactamente igual. Hemos avanzado en tener el derecho, pero nos falta trasladarlo a la práctica. No nos creemos que sean capaces de tener opinión, y no las tenemos en cuenta con el peso que deberíamos, sobre todo, en las cuestiones que les afectan. Pasa en muchos países. Esto no significa que no hayamos hecho nada, hay mucha gente intentado concretar formas de hacerlo. Pero ni siquiera está en nuestras cabezas. Seguimos pensando que tenemos que hacer muchas cosas por ellos, pero sin ellos, una especie de despotismo ilustrado para ellos.
¿De qué manera se podría canalizar esta participación?
No hay una única manera. La base estaría -según el Comité y yo estoy de acuerdo- en el ámbito educativo. Los niños pasan cantidad de horas ahí, de forma natural se relacionan con profesores, etc. Están tomando permanentemente decisiones que les afectan, pero no se acaban de canalizar bien esas participaciones. Podemos seguir en el ámbito familiar, un lugar donde parece que el derecho no entra y cada uno puede hacer lo que quiera. Pero, probablemente, si establecemos otra manera de relacionarse padres e hijos, tomando en cuenta a todos, tendrán algo que decir en lo que pueden parecer pequeñas cosas. Hay una cuestión orgánica y de establecer cauces de participación y otra que tiene que ver con una concienciación y un cambio de mentalidad. Creer que los niños son sujetos de derechos y tenerlos en cuenta. Hay gente que critica los parlamentos de niños porque dicen que a quién representan. No sé si representan a todos, pero son los que participan. Pero no los terminamos de crear; tendríamos que hacerlo. Antes de concretar el cómo, hay que estar seguro de que nos lo creemos.
Cumplimos 30 años de la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo se ha avanzado en sus derechos?
Hemos ido avanzando en todos los ítems en los que el Comité nos examina. Eso ya simplemente en sí mismo es bueno. Cada cinco años -al final son más- el comité va a venir al Estado firmante para que rinda cuentas, dé datos, normas, enseñe planes estratégicos. Creo que estamos en la línea correcta de que esto supone un compromiso para todos los que estamos en el sistema. Retrocesos creo que en según qué sitios no ha habido, pero en algunas cosas estamos muy verdes. Bueno, de hecho creo que sí. En Educación el comité cree que ha habido retroceso con la LOMCE. En pobreza también, y en ayuda oficial al desarrollo. Durante los años de la crisis más fuerte hemos retrocedido. De alguna medida se está intentado paliar y si las cosas van mejor, salir adelante. Pero la educación de calidad estamos lejos de conseguirla. Cada vez más estudios hablan de la segregación escolar por causas económicas, eso es muy duro. Y, además, en los colegios públicos. Algo no estamos haciendo. En educación inclusiva nos ha caído una condena del Comité que señala que España incumple el derecho a la educación inclusiva. En violencia no tenemos una estrategia, nos lo dice el Consejo de Europa y el Comité. Solo hemos quitado del Código Civil el poder a golpear a los hijos (“una facultad de corrección”), pero la gente lo sigue haciendo.
Habla de un retroceso en la pobreza infantil, pero el Gobierno ha creado una figura específica para ello, el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. ¿No le ha dado tiempo a conseguir resultados o no está acabando de funcionar?
Es un gran logro que se haya creado la figura. Ha tenido el recorrido que ha tenido, pero sí que intentado compensar en materia educativa y de salud, sobre todo, para paliar con recursos todo el retroceso que se había producido. No había, sobre todo para los extranjeros, un acceso universal a la sanidad. Ha hecho propuestas que se han aprobado en los presupuestos fallidos, se han creado dos comisiones permanentes en el Congreso sobre infancia.
Ha mencionado que España fue sancionada por incumplir el Convenio sobre derechos de las personas con discapacidad de la ONU. ¿Ha habido alguna sanción por incumplimiento del Convenio sobre derechos de los niños?
Que yo sepa no, pero no descarto que pueda caer alguna por la situación de los niños en los centros de protección en Melilla. Lo que sí hay son informes que expresan preocupación por determinados temas en España.
Hemos hablado de posibles áreas de mejora. ¿Coinciden con los próximos retos o hay más?
Entendiendo los retos como temas pendientes, tenemos un desafío claro: el tema de las nuevas tecnologías. Es un espacio donde los niños están muchas horas y se relacionan. La respuesta jurídica actual en el sistema de protección puede ser inadecuada para determinados problemas. No se trata de declarar en riesgo o desamparo, esto viene del código civil, pero está desfasado. Tenemos que repensar el sistema. No para destruirlo, creo que lo más importante sería poner el énfasis de la protección en la prevención. El sistema actual sigue dando protagonismo a la reacción. Es verdad que una vez que se han vulnerado los derechos del niño el sistema responde y al niño se le atiende. Pero lo realmente importante sería basar las leyes en los instrumentos que necesitamos para que puedan ejercitar sus derechos. Si fortalecemos esto, seguramente la respuesta reactiva a una vulneración de derechos sería cuantitativamente menor, tendría que haber menos, estaríamos trabajando en la protección ayudándoles a evitar la vulneración de derechos.
Si no me equivoco, estuvisteis en la cátedra trabajando en una nueva ley sobre la violencia contra la infancia que se aprobará la próxima legislatura. ¿Cuáles son los puntos principales?
Esta ley fue una recomendación del Comité de los Derechos del Niño a España en 2010. Estaba el Gobierno anterior, del PP, y pensó que no era el momento oportuno para esto y prefirieron sacar otras dos leyes más generales, en 2015, que modificaron otras 20 leyes a su vez. Son dos leyes importantes porque tocan muchos temas, pero no abordaron de manera global el problema de la violencia. El siguiente gobierno del PP empezó a trabajar en ello despacito. Hay que destacar que hay una Proposición No de Ley en el Congreso aprobada por unanimidad instando al Gobierno para que presentase una ley en esta cuestión. Luego llegó la moción de censura, cambió el Gobierno y aún así el PSOE, partiendo del texto que ya existía, la llevó al Consejo de Ministros. Esta ley está montada de manera paralela a la de Violencia de Género. Es fundamentalmente preventiva, prohíbe de manera explícita la violencia contra los niños. Obliga a los poderes públicos a coordinarse mejor para protegerlos. Esto implica unos pequeños cambios en el Código Penal y cambios procesales para no victimizar, etc. También la creación de unos juzgados especiales para atender la violencia contra la infancia. Es tutela administrativa, tutela penal y tutela procesal, son los tres grandes ejes. Lo importante es que supone un abordaje integral sobre la violencia: en las escuelas, en los medios, cómo se aborda en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en los servicios sociales, en la familia.
Se recoge un principio de buen trato a los niños (no solo conformarse con no tratar mal, si no dar el paso a tratar bien, que no es lo mismo). Lo que ya tenemos hasta ahora son las leyes de protección, declaración de desamparo: si el niño sufre malos tratos graves se le separa de la familia y entra en un centro. Para el agresor, Código Penal. Esto no va al fondo del problema ni analiza las causas del problema. Y no lo hace con enfoque de derechos. La Convención dice que el niño tiene derecho a vivir con sus padres salvo que no sea bueno para él. No estamos garantizando ese derecho si inmediatamente los separamos. Tendremos que ayudar a los padres a hacer las cosas bien. Y si no lo hacen bien, entonces responder. Son cambios aparentemente pequeños, pero legislativamente de mucho calado.
¿La fuente principal de violencia contra los niños es la familia?
Me temo que sí. Pero para los niños lo peor de la violencia es el acoso o bullying en la escuela, según los informes que hay. Pero la familia, que debería ser un factor de protección, muchas veces no lo es. En abusos sexuales la mayor parte se producen en el seno familiar. La violencia se produce en los ámbitos en los que viven los niños: familia, escuela e, incluso, centros de protección, donde también hay violencia institucional.
¿Qué papel debe jugar la escuela en todo esto?
Está en la ley, hay un deber de denuncia cualificado de denunciar para los profesionales que trabajan con niños. Aunque no se haya producido en la escuela, los profesionales deben, por lo menos, poner en conocimiento de los servicios sociales la posibilidad o sospecha incluso de maltrato a un niño. La escuela no tiene que solucionar el problema. Muchas veces los profesores no se quieren meter porque es un marrón. Solo tienen que notificarlo. Los pediatras en esto están más avanzados y también alertan inmediatamente. Ellos detectan muchas situaciones de violencia y no miran para otro lado. La función del pediatra no es solo curar. Si la sintomatología le lleva a sospechar que hay un posible maltrato, su obligación es denunciar. Lo tenemos todos, pero los profesionales que trabajan con niños tienen un deber cualificado. La detección es fundamental. Para eso, una de las cosas que contempla la ley es la formación a los profesionales en la detección.
Pero esto de la formación para detectar la violencia en el ámbito educativo pasa entre poco y nada, ¿no?
En algunos casos sí, me consta, pero no de una manera tan sistemática como en el ámbito sanitario. Por ejemplo, para ellos la recogida de datos está sistematizada. En otros ámbitos esto cuesta mucho más. En servicios sociales y en el ámbito educativo no está tan interiorizado por cada uno de los profesionales que realmente su papel no es solo ser profesor, sino que forman parte de un sistema y son como las terminaciones nerviosas, están ahí detectando. Se hace menos y peor, en el sentido de que no está sistematizado. Hay protocolos distintos, o no los hay, se aplican o no. Como no es obligatorio… A veces parece que se quitan la responsabilidad por no aplicar un protocolo que no deja de ser una recomendación. ¿Entonces para qué tienen un protocolo?
