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Ayer a última hora se conoció que Isabel Celaá volverá a ser ministra de Educación y FP con el nuevo Ejecutivo de colaición entre PSOE y Unidas Podemos (UP). Con esta decisión del presidente Pedro Sánchez se adivina la continuidad y el apoyo a las políticas realizadas por su equipo desde la moción de censura que llevó a los socialistas al Gobierno en 2018.
Ahora, además de que queda conocer la composición de los segundos y terceros cargos dentro de la Ministerio, por delante se entrevé una difícil coyuntura para una de las promesas estrella del actual Gobierno, la derogación de la LOMCE y la aprobación de una nueva ley educativa.
Aunque hace un año el equipo de Celaá llevó al Consejo de Ministros un texto alternativo a la actual legislación, ha estado esperando desde entonces a causa de las diferents citas electorales. Con la nueva composición tanto del Ejecutivo como, sobre todo, del Congreso de los Diputados, la incógnita es si ese mismo texto será el que se intentará llevar adelante (o habrá que haer uno diferente), por un lado y, por el otro, ver cómo conseguir la mayoría absoluta parlamentaria con la que poder aprobarlo. Toda Ley Orgánica necesita ser aprobada por 176 diputados.
Mientras esto ocurre o no, muchos otros temas que no dependen de la ley orgánica podrán ser tratados. Entre los más destacados estarían la unificación de las horas lectivas del personal docente o las ratios por aula, que hoy quedan en manos de las comunidades autónomas que deciden cuál es el máximo.
