En medio de fuertes críticas por la falta de control al Gobierno durante el estado de alarma, la oposición exigió la reanudación de la actividad parlamentaria. Además de que se empezasen a celebrar plenos desde mediados de abril, esta reanudación ha supuesto la reactivación de las comisiones parlamentarias, entre ellas, la de Educación que debía comenzar con la tramitación de la LOMLOE.
Fuentes del Ministerio confirman la presentación de las enmiendas a la totalidad tanto de PP como de Ciudadanos. También VOX presentó su propia enmienda a la totalidad.
A pesar de lo declarado a finales de 2018 por parte del PP, la enmienda a la totalidad no ha ido acompañada de un texto alternativo a la ley. Aducen desde el partido liderado por Pablo Casado que «en aras a alcanzar el máximo acuerdo» y «ante el momento tan dramático que el conjunto de la población española está viviendo» renuncian a presentarlo.
Desde el PSOE, Luz Martínez Seijo, portavoz en la Comisión de Educación, recuerda que fue la insistencia del PP y de C’s la que condujo a la reanudación con normalidad del curso parlamentario, no solo para el control del Gobierno, sino también para la tramitación tanto de esta como de otras leyes que estaban pendientes. También critica que desde la oposición no se haya trabajado en la redacción de un texto alternativo, como se anunció, puesto que la LOMLOE, en su texto actual, se conoce desde febrero de 2019.
Entre las razones que los tres partidos enumeran para presentar sus enmiendas a la totalidad cabría destacar el freno a la libertad de elección de centro por parte de las familias, el ataque a la escuela concertada, a los centros segregados, a la falta de evaluación en las diferentes etapas educativas, el escaso apoyo al castellano en las comunidades con lengua propia o la renuncia a una revisión de la Alta Inspección del Estado.
De momento se desconoce cuándo se reunirá la Comisión de Educación para comenzar la tramitación de la ley así como la negociación, que promete ser compleja, entre los partidos que componen el Ejecutivo, así como Esquerra Republicana o PNV, necesarios ambos para poder llevar a cabo el cambio de ley acordado en su día por la oposición en bloque al Gobierno de Mariano Rajoy.
Organizaciones como Inclusiva sí, Especial también (en defensa de los centros de educación especial) han denunciado como un aprovechamiento del estado de alarma por parte de los partidos del Gobierno para tramitar dicha ley, mientras que la plataforma que agrupa a la escuela concertada, en la que se reúnen las patronales Escuelas Católicas y CECE, así como CONCAPA (organización de familias) y los sindicatos FSIE y FEUSO han lanzado un comunicado de prensa exigiendo que se paralice hasta que termine el estado de alarma.
Luz Martínez Seijo asegura que no puede pararse o ponerse en marcha el trámite de una ley en el Congreso según convenga a unos partidos u organizaciones. También recuerda que el texto es conocido desde comienzos de 2019 y ha habido tiempo para trabajar sobre él. Según la portavoz parlamentaria, durante las últimas semanas ha estado recibiendo aportaciones de diferentes organizaciones sociales para que fueran tomadas en cuenta durante el trámite de la ley. Ahora le toca al turno a los partidos políticos.
Disposición adicional cuarta
Este es uno de los escollos más importantes, al menos, para las organizaciones que defienden la continuidad de los centros de educación especial tal como hasta ahora. Desde el punto de vista de Inslusiva sí, especial también, esta disposición supone el cierre de facto de estos centros en el plazo de diez años desde la aprobación de la ley.
Lo que dice la disposición adicional cuarta es que en esa década, las administraciones desarrollarán un plan para que los centros ordinarios «cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».
También establece que los centros de educación especial, durante este tiempo, además «de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».
Martínez Seijo asegura que en su momento ya se reunió con representantes de Inclusiva sí, especial también para tratar sobre este punto y que, de hecho, se recogieron algunas de las peticiones hasta llegar al redactado actual. Entiende la parlamentaria que nadie ha hablado de cierre de centros e, incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró públicamente que no los habría.
Para la parlamentaria se ha hecho una lectura tergiversada del contenido de la disposición en cuestión, al tiempo que el PP ha manipulado políticamente a familias y organizaciones con este tema.
