Entidades juveniles, asociaciones de profesionales de la juventud, empresas de ocio educativo y administraciones públicas de toda España se han activado ante esta situación para elevar un manifiesto por la necesidad del ocio educativo. Ellos exponen nueve propuestas que buscan el compromiso de la administración para aplicar medidas normativas, comunicativas y económicas.
Una de las principales demandas que se exponen en el manifiesto es la redacción de una ley de educación no formal. En el contexto de la crisis sanitaria, las administraciones se han centrado exclusivamente de la educación formal; sin embargo, parte de las competencias para la vida se desarrollan en el ocio educativo, como explica Felip Kervavec, miembro de la junta directiva de la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (FOESC), una de las entidades que respalda el manifiesto.
El servicio social desarrolla competencias fundamentales para la vida y genera miradas críticas, pero no tiene un reconocimiento adecuado, de acuerdo con Kervavec. Por ello los colectivos involucrados piden un sistema de reconocimiento de estas actividades. “Cuando una persona hace un voluntariado está creciendo, esto es imprescindible para el desarrollo de este individuo. Estas competencias no se reconocen”.
Asimismo, existe una regulación difusa en relación a la formación de perfiles profesionales de juventud. Es decir, de quienes trabajan en actividades de ocio educativo, cultura de proximidad, tiempo libre o animación sociocultural, entre otras. Por eso, el manifiesto propone reorganizar la oferta educativa de profesionales que trabajan en este ámbito para homologar su formación.
Esta situación es evidente en comunidades autónomas como Galicia. Alberto Fontenla, representante de la Asociación Gallega de Monitoraje, explica que hay una importante carencia en ordenación de perfiles profesionales y formaciones especializadas en juventud y hace falta una apuesta de las administraciones por la homologación de las titulaciones.
“La sociedad, a día de hoy, no sabe las funciones reales de un profesional de la juventud, nos ve como payasos o simple animadores y hay muchísimo más allá de eso. Hace falta visibilizarlos y ponerlos en valor”, comenta.
La participación de jóvenes es otro de los puntos que genera malestar entre los profesionales de juventud. Fontenla argumenta que en muchas ocasiones los procesos participativos son ‘papel mojado’. Explica que no tiene sentido que se hagan políticas y programas de participación juvenil si no se implica a la juventud.
Kervavec añade que, en las grandes crisis económicas, como la de 2008 o la actual crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, hay políticas sociales tendentes a romper determinadas políticas y servicios asociados a la cultura o la juventud. La falta de defensa de estos programas y la ruptura sistemática de proyectos disminuyen las posibilidades de participación de la juventud.
“Los consejos de la juventud, que son entidades duras de representación, han sido ninguneados y eliminados en contra de lo que dice la propia ley en determinadas comunidades autónomas. Eso ha sido de forma intencional.”
Finalmente, los jóvenes enfrentan un escenario hostil de oportunidades laborales. El desempleo ha afectado especialmente a este grupo etario en España. Solamente un 18% de personas menores de 30 años pudo emanciparse en 2019 y de acuerdo con datos de Eurostats, ese año cerró con una tasa de desempleo para jóvenes de entre 15 y 24 años del 32,5%; en números absolutos esto representa alrededor de medio millón de jóvenes. Esto ubicó a España como el tercer país con mayor desempleo juvenil en toda la región.
Según Fontenla la juventud es el colectivo más vulnerable de España y sigue siendo un elemento decorativo de discursos políticos, pero hacen falta políticas de empleo claras. Explica que hace falta un impulso de la Administración para reformular la relación entre la educación formal y no formal para que se liguen las competencias de los jóvenes a las necesidades de los empleadores o se generen programas que acerquen a los jóvenes a su primera experiencia laboral.
Asimismo, se requiere una inyección de liquidez a los proyectos culturales, de ocio educativo y de educación no formal. La propuesta al respecto es la reducción del IVA a los servicios asociados a la educación y la cultura.
“En otros países cualquier servicio educativo tiene reconocida una exención del IVA, aquí no, solamente está reconocida para la educación formal, pero no para la no formal”, comenta Kervavec.
