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Un trámite rápido, dos meses antes del plazo que tenía el Senado para discutir el texto de la Lomloe, sin escuchar posibles ponencias y discutiendo las enmiendas presentadas, 640 en total, a toda velocidad. Finalmente, esta tarde, con los votos a favor de PSOE, Podemos, ERC, PNV y Más País y la abstención de Junts per Catalunya y Bildu la Lomloe comienza su andadura. En total 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones.
El Senado ha albergado hoy su Pleno en el que se han discutido tres vetos además de las enmiendas presentadas, por bloques, con una importante crítica de propios y extraños, no solo a la ley sino, tambiénj, al trámite que se ha utilizado para que la Lomloe pasara de la forma más rápida y sin cambio alguno.
El PSOE ha recibido las críticas de partidos como PP, Ciudadanos, UPN, Partido Regionalista de Cantabria, el PAR, Más País… por la falta de diálogo que se ha vivido, no solo en la sesión del Pleno sino también en la del pasado viernes de la Comisión de Educación. El partido en el Gobierno no ha permitido que se realizase ninguna intervención más allá de las parlamentarias, de la misma manera que no ha transigido con ninguna de las enmiendas.
Celaá ha intervenido ante la prensa una vez aprobada la ley. Ha asegurado que la Lomce «es una cosa del pasado ya, es una cuestión superada» y se ha mostrado emocionada ante la posibilidad de dar cumplimiento al acuerdo parlamentario de toda la oposición en 2013 para derogarla a la primera oportunidad.
La ministra ha insistido en que la ley ofrece oportunidades para todo el alumnado y se basa «en la excelencia y la equidad». Según Celaá la Lomloe apuesta por «el desarrollo del talento de todas las personas: el que avanza más rápido llega con todo el desarrollo al máximo, el que necesita refuerzos llega también a la meta».
De nuevo ha insistido en que la ley se ancla «en el pacto constitucional» y, al mismo tiempo, se sustenta en cinco principios: «el interés superior del menor, la personalización de la enseñanza, la coeducación, el desarrollo sostenble y la digitalización».
La ministra Isabel Celaá ha estado acompañada durante la votación de la Lomloe por algunas y algunos compañeros del Gobierno como Teresa Ribera, Eduardo Grande Marlaska, José Luis Ábalos o Nadia Calviño.
Críticas
Más alla de las críticas sobre la celeridad en el trámite o el vaciamiento de sentido del que se ha acusado desde diferentes partidos al PSOE y a sus socios, las críticas fundamentales que se han podido escuchar tanto en la sesión de hoy como en la del viernes pasado han vuelto a estar relacionadas con la escuela concertada, los centros de educación especial, la libertad de elección de las familias o el castellano como lengua vehicular del sistema educativo.
Nuevamente se ha criticado el ataque que, según la oposición, este texto supone contra la libertad de las familias de elegir centro al reestablecer la programación de la administración a la hora de abrir centros educativos o al eliminar la demanda social como uno de los elementos clave.
Para Isabel Celaá la ley no supone ningún ataque para la escuela concertada con la que, ha dicho, ha mantenido y mantendrá el diálogo siempre. «Saben que la ley no es un ataque (a la concertada), no la cuestiona».
También por, han insistido, en que llevará al cierre de los centros de educación especial (la mayoría concertados) al prever que los centros ordinarios obtengan los recursos humanos y materiales necesarios para hacer efectiva la inclusión educativa en el plazo de diez años.
Nuevamente, el papel del castellano en sistemas educativos como el catalán o el vasco, principalmente, ha salido a colación por parte de las señorías del PP, Vox y Ciudadanos. Han criticado que las familias no puedan escolarizar a sus hijos en el idioma que decidan, han esgrimido la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que señala que el sistema de inmersión lingüística con el que lleva décadas funcionando el sistema en dicho territorio vulnera al castellano y lo relega a un estado residual. La oposición ha reclamado que esto variase en el texto y volviese a recogerse la obligatoriedad de que fuera en idioma vehicular de enseñanza en todo el Estado.
Aunque la sentencia ha sido nombrada en varios momentos durante el debate de vetos y enmiendas a la ley, la ministra ha asegurado que «respetamos las decisiones de los tribunales» y que no tiene más que decir sobre el tema.
Algunos partidos de la oposición como el PP, Ciudadanos o UPN han asegurado que llevarán el texto ante los tribunales en cuanto sea posible por entender que, en algunos de sus preceptos, resulta inconstitucional.
La ley entrará en vigor a los 20 días de ser aprobada.
