Hace años ya que la Región de Murcia, liderada por el PP y hasta hace pocos días, apoyada en Ciudadanos, venía sufriendo la presión por parte de diferentes grupos para que se pusiera en marcha en veto parental según el cual, madres y padres pueden evitar que sus hijos asistan a algunas de las actividades lectivas si estas van contra sus creencias personales. Se centraron, principalmente, en las actividades complementarias que, habitualmente, desarrollan entidades ajenas a los centros educativos y se relacionan con contenidos que se están impartiendo.
La moción de censura liderada por Ciudadanos y PSOE se ha vuelto como un boomerang contra ambos partidos y ha supuesto un giro de 360 grados que ha cambiado todo para que todo quede igual. El PP seguirá gobernando pero, ahora, con el apoyo de tres diputados que fueron expulsados de Vox en la primavera de 2020. De estos tres, Mabel Campuzano ha sonado en varias ocasiones como la posible nueva consejera de Educación de la Región. Entre sus declaraciones de las últimas semanas se encuentra su intención por aumentar los conciertos educativos, implantar el cheque escolar y poner en marcha el veto parental.
La comunidad educativa de la escuela pública murciana lleva días en pie de guerra ante lo que consideran un «mercadeo» realizado por el PP para garantizar su continuidad en el Gobierno autonómico después de más de un cuarto de siglo en él. Un mercadeo realizado, además, con la gestión del servicio público educativo, un derecho humano fundamental.
En una nota de prensa de la FAPA-RM Juan González, aseguran sus reponsables que «el Gobierno Regional ha usado la educación como moneda de cambio y se la ha regalado a gestores sin mérito ni capacidad, renegados de sus principios, sin palabra, sin coherencia y con toda una mochila de intereses particulares que nada tienen que ver con el servicio público».
Ayer mismo, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Ignacio Tornel, remitía al presidente regional, Fernando López Miras, en la que expresa su preocupación por la posibilidad de que Campuzano ocupe la cartera de Educación pues ha manifestado «públicamente su intención de favorecer el crecimiento de la enseñanza privada, so pretexto de salvaguardar no sabemos qué concepto de libertad». Para el sindicato, la decisión de López Miras «expresa un indisimulado ejemplo de mercadeo político a costa de nuestra escuela».
También critican que esta decisión desvíe fondos hacia la privada concertada cuando la Región debería hacer frente a índices de fracaso y abandono escolar precisamente desde una escuela pública que escolariza a la gran mayoría del alumnado murciano.
En relación a la implantación del cheque escolar, Tornel asegura que «solo puede buscar la permanencia de la escuela pública como contenedor de alumnado bajo mínimas condiciones y de docentes orientados a mantener vivo un servicio público sin capacidad para hacer frente a las necesidades reales de la población».
El diputado nacional Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos y nacido en la Región, criticaba hace unos días precisamente la idea de implantar el cheque escolar. Según él, ponerlo en marcha ha supuesto en otros lugares «mayor segregación social y étnica del alumnado, el aumento del fracaso escolar y una reducción de los derechos laborales de los docentes».
Una de las críticas más importantes es que en los últimos años y desde los grandes recortes de 2012, la educación pública someramente ha recuperado la inversión que tenía en 2009, mientras que la concertada ha ido ganando más y más terreno, sobre todo en etapas como FP de grado superior y básica.
El presupuesto regional de educación pasó de ser de 1.181 millones en 2009 a 1.222 en 2019. En esta misma década, el coste de los conciertos en Murcia ha pasado de 176 millones a 248,7 en 2019.
