España es un país de contradicciones. Uno de los primeros en legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y, al tiempo, uno en el que, al menos en una parte, la extrema derecha tiene la capacidad política de incidencia suficiente como para plantear una guerra abierta contra personas y colectivos LGTBIQ+ o contra las mujeres feministas en su conjunto o contra las personas que no son blancas.
Cuando hace algún tiempo nos parecía casi una anécdota extemporánea hablar del veto parental que dirigentes de Vox querían plantear para que las familias pudieran ejercer una suerte de censura previa en relación a las actividades complementarias que considerasen contrarias a su ideología o sus creencias, no podíamos imaginar que al poco tiempo, una exmiembro de la formación de extrema derecha ostentaría el cargo de consejera de Educación en la Región de Murcia. Tampoco que los 13 escaños de la formación en la Comunidad de Madrid pudieran llegar a suponer la posible eliminación de la legislación relativa al colectivo LGTBI en la autonomía. En el ayuntamiento de la ciudad de Madrid no ondeará la bandera el Día del Orgullo, como en años anteriores.
Y es conocida también la presión que desde el principio han ejercido en Andalucía para dar pasos en la dirección de la aprobación de su veto parental, como hicieran en Murcia.
Pero no solo es España. Ahí tenemos el caso de Hungría en los últimos días, que puede saldarse con sanciones o la salida del país de la Unión Europea por sus leyes contrarias a los derechos de las personas LGTBI; leyes que prohiben que se hable de homosexualidad en las escuelas como si de la misma peste se tratase.
La involución es generalizada. También aparece en países de América Latina en donde el alumnado de este colectivo sufre acoso y violencias de todo tipo por su condición, orientación sexual o su expresión de género. Mientras que en algunos países se han conseguido algunos avances, más o menos tímidos, está el caso paradigmático del Brasil de Bolsonaro que ha declarado, entre otras, la guerra al colectivo y a su posible presencia en los centros educativos. Así lo refleja el Informe GEM 2020 elaborado por Unesco y Summa centrado el la inclusión en un amplísimo sentido.
Pero eso parece que este año, el Día del Orgullo, cuyas celebraciones y revindicaciones volverán a vivirse mediadas por las restricciones sanitarias ante la Covid-19, ha de tener un más fuerte carácter reivindicativo.
Del veto parental y la guerra cultural
Ana Ojea es profesora de secundaria en Galicia. Es lesbiana y se declara feminista. También es coordinadora de igualdad en su centro educativo y, además, es coordinadora de la Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia. Una que se ha ganado que el Ministerio de Igualdad les dé un premio de reconocimiento por su trabajo. Está preocupada por la «derechización» que estamos viviendo. Bien es cierto que, como dice, en Galicia la extrema derecha no tiene representación parlamentaria, «pero están en el Parlamento español y en la televisión todo el día».
Su centro es una balsa de aceite en el sentido de que no han notado que esta derechización haya llegado a las aulas. Sí, asegura, que hablando con compañeras y compañeros se ha notado como muchos chicos, en su afán por mostrar su masculinidad recurren a insultos y menosprecios. Y aunque es algo que siempre ha estado presente, en los dos últimos años es peor.
Ade Campillo, en la otra punta del país, en Murcia, tiene una vivencia diferente. Es maestra de primaria y, al mismo tiempo, es presidenta de la Asociación Homoparental de la Región. Está casada y tiene dos niñas. Su visibilidad y su claridad ha conseguido, dice, que las familias no le hayan puesto problemas, pero sabe de compañeras y compañeros que sí los han tenido.
Aunque la campaña de la derecha más reaccionaria en lo religioso, de la mano de organizaciones como HazteOír, ya lanzara una campaña en 2018 para poner en marcha el veto parental, esta no terminó de cuajar. Las y los docentes murcianos, como cualquier otro, está protegido por una serie de leyes que avalan las actividades complementarias que organizan, aunque en ellas participen personas ajenas al centro. Lo que sí se ha visto es cómo, aun sin veto, se ha conseguido echar un manto de autocensura sobre los hombros del personal docente.
Alberto Alba es el responsable de Educación de la FELGTB. Ironiza diciendo que «hay mucho avance poruq epodemos hablar y no nos encaarcelan o disparan» pero tiene claro que se ha polarizado tanto la situación que los Derechos Humanos parecen haberse convertido en algo debatible. «Los Derechos Humanos no se debaten, se legislan», zanja.
Se trata de una «guerra cultural» dice Campillo, en la que preferiría no entrar. Y, sobre todo, señala, más allá de los discursos lgtbifóbicos, a la inacción de muchas personas, compañeras y compañeros docentes, pero no solo. «La solución pasa por no ponerse de lado», afirma con rotundidad. Lo repite varias veces. Desde su experiencia y punto de vista, el hecho de no afear comentarios, chistes, burlas o comportamientos lgtbifóbicos, como otros racistas, puede acabar empujando a que ciertas personas se vean legitimadas para actuar, máxime cuando desde ciertas posiciones políticas se alimentan estos discursos de odio. Murcia, por desgracia, tiene también la triste experiencia del asesinado racista de Younes Bilal hace pocos días.
La diversidad de orientaciones sexuales y de identidades y expresiones de género «es una realidad que hay y que los críos tienen que entender», asegura Campillo. Para ella, el hecho de que estos temas no se traten en la escuela, así como que se baje la voz cuando se habla de ellos, envía también un mensaje claro a la infancia y es el de que sucede algo extraño que no termina de ser bueno. Se trata de que chicas y chicos vean y conozcan otros referentes y puedan, a su vez, quitarse «la mochila de homofobia», explica esta maestra que todas y todos llevamos gracias a que la sociedad, fundamentalmente, nos ha educado en un mundo heterosexual.
En esta misma línea, Campillo habla de la importancia del profesorado visible. De que chicas y chicos sepan que tienen docentes LGTBIQ y que, en un momento dado, pueden «tirar» de ellos. O, al menos, ver que tuvieron una «maestra que estaba con una mujer, que tenían dos hijas y un trabajo ‘normal’, que parece que las personas LGTBI nos tenemos que dedicar al espectáculo». Algo que, en su momento, también empujó a Ana Ojea a visibilizarse ante su alumnado y el claustro de su centro.
Para Ojea uno de los pasos que habría que dar para atajar las situaciones de acoso por motivos lgtbfóbicos pasa porque los contenidos de igualdad y de educación afectivo sexual se conviertan en materia reglada dentro del currículo escolar. Con una asignatura propia como hubo en su día una de Educación para la Ciudadanía. Desde su punto de vista, este tipo de temas no deben quedar a la voluntariedad de las y los docentes ni a la transversalidad. En el primero de los casos porque, aunque hay muchos que hace muy buen trabajo, cada vez son menos y el florecimiento de la extrema derecha y la presión para que se impongan instrumentos de control como el veto parental apoyado por Vox hace que muchos se curen en salud. Con una materia curricular, quedaría en manos de la inspección educativa asegurarse de que los contenidos se están impartiendo en las aulas.
Campillo está bastante de acuerdo con su compañera. Una forma de solventar muchos de los problemas que se están fraguando a marchas forzadas pasaría por la organización de una asignatura de valores, no en paralelo a la religión, sino para todo el alumnado, en el que se hablase de temas como la diversidad de la orientación sexual, así como de la identidad y la expresión de género. Una materia que ayudase, por una parte, al alumnado que fuera LGTBIQ+ a comprender por qué está pasando, saberse «normal», digno y respetable y, por otra parte, enseñase al resto que cualquier opción es legítima y debe respetarse.
Para Alberto Alba debería pasar por una asignatura de educación sexual integral e inclusiva específica, aunque otra opción podría ser incluir estos temas en una materia de valores. Para él, como para sus compañeras, además, este tipo de contenidos, adaptados, deberían empezar a enseñarse desde infantil. Esperar a los últimos cursos de primaria, por ejemplo, es llegar tarde.
Ade Campillo tiene claro que el derecho a la educación lo ostentan niñas, niños y adolescentes y no sus familias. Y que la sociedad es la que debe ocuparse y ser garante de que se cumpla este derecho en un amplio sentido y no dejar al albur, por una parte, de padres y madres y, por otra, de docentes, que ciertas cuestiones se enseñen y se aprendan.
Ley Trans
La confrontación entre los socios del Gobierno, protagonizada en los choques entre las ministras Irene Montero y Carmen Calvo, a cuenta de la llegada de la Ley Trans al Consejo de Ministros y las reticencias, principalmente, alrededor del derecho de autodeterminación de género, ha sido otra de las grandes protagonistas de los últimos meses.
Después de muchos tiras y aflojas parece que finalmente el ala más reticente del PSOE cederá para que el texto comience con su trámite parlamentario. Eso sí, con algunos retoques importantes como el hecho de que las personas menores de 14 años queden fuera de su amparo legal.
Para Ojea esto es un problema importante. Desde su punto de vista ya es hora de que se apruebe la ley para que haya una homogeneidad en el tratamiento que reciben niñas, niños y adolescente trans en todo el Estado y que este no quede también a la arbitrariedad y voluntariedad de los gobiernos autonómicos hastas ahora. Se trata de una cuestión de derecho, asegura esta profesora, que no puede ser diferente en función del territorio en donde se está en cada momento.
Aquí, para Ojea, su experiencia es más directa. Durante el último curso han vivido situaciones complicadas en su centro, con un par de intentos de siucidio por parte de alumnado trans. Para ella se trata de cuestiones de derechos humanos. Una ley como la que está a punto de salir para el Congreso de los Diputados supone un intento de salvaguarda de este colectivo, doblemente estigmatizado y señalizado, en situación de especial vulnerabilidad que, en no pocos casos, encuentra en los centros educativos el único refugio a una vivencia de negación que empieza en su propia casa. Una negación, además, que desde hace meses también está en los medios de comunicación y en las redes sociales.
«Detrás de esas leyes, que parecen medallas, comenta Alberto Alba, hay personas que dependen de que se aprueben para poder ser, para que se les permita ser».
Desde la Federación están esperando a ver el texto de la Ley Trans que efectivamente llega al Parlamento («tocará, para completarla, cortar algunos flecos»). Una ley que ha supuesto un debate intenso y que se ha olvidado de cosas importantes como las y los menores trans («parece que aparecen a los 18 años»), o la autodeterminación de género («nadie puede dar el carné de»).
Para Alba, ciertos sectores sociales y políticos han generado todo un debate en torno a los derechos de las personas trans; un debate «que no suele estar en la calle». Desde su punto de vista, este tipo de discusiones son equiparables con debatir el derecho al voto de las mujeres o los derechos de las personas migrantes. «No deberían tener cabida».
América Latina
Hace unos días se celebró una mesa redonda virtual organizada por Unesco Chile y SUMMA. En ella, diferentes personas de varios países dieron cuenta de la situación en la que se encuentra el alumnado LGTBIQ de la Región. Lo hicieron a través de sus experiencias profesionales y personales, así como con los datos aportados por el informe GEM, el Informe de seguimiento de la educación en el mundo, publicado a finales de 2020. En esta ocasión estaba dedicado a la inclusión, con una mirada muy amplia.
Entre los focos del informe, el alumnado LGTBIQ. Según explicó Fulanita Pérez, de Oreal/Unesco, una de las organizaciones autoras del documento, este alumnado suele ser ignorado por el currículo (como también pasa en el caso de las mujeres), que evita hacer referencia a orientaciones sexuales, así como a identidad y expresión de género diversas. También, que estas chicas, chicos y chiques «se siente inseguro en la escuela, principalmente por su orientación sexual y por la expresión de su identidad de género», a lo que hay que sumar que las políticas y legislaciones de una buena cantidad de países «han bloqueado el debate sobre el tema aludiendo a la supuesta ideología de género».
Para Pérez, «los docentes juegan un papel estratégico en la creación de climas escolares más inclusivos y respetuosos. Es cruicial formar y empoderar al personal docente para que pueda ejercer su rol». «Con esta realidad, el llamado es a eliminar las barreras para que no escondan la diversidad sexual y expresión de género para que todo el estudiantado pueda acceder, aprender y culminar todo el ciclo educativo. Particularmente quienes están en mayor situación de vulnerabilidad y discriminación. Los países en América Latina y el Caribe han hecho un largo camino para frenar injusticias y desigualdades, pero hacen falta esfuerzos significativos para alcanzar los compromisos de la Agenda 2030».
