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El tercer curso de la pandemia ha comenzado hace unos días con una importante polémica, la vuelta a las ratios previas a la pandemia gracias a la disminución de la distancia social a 1,2 metros dentro de las aulas. Una bajada que, en algunos casos, sigue siendo un problema en algunos institutos públicos, en los que ni así caben todos los estudiantes que están previstos en las ratios convencionales.
La Federación de Enseñanza de CCOO acaba de publicar un estudio sobre el inicio de curso y, entre los diferentes asuntos que trata, destaca las variaciones en la contratación de profesorado este septiembre. Sobre todo, en relación a las contrataciones extraordinarias del pasado 2020-2021. Para homogeneizar los datos de las 17 autonomías, el sindicato ha publicado los cupos docentes.
Tan solo la Comunidad Valenciana aumenta y pasa de 3.254 a 3.751 docentes a jornada completa en su territorio. Una subida del 15,27% según los cálculos de Comisiones Obreras. Otras cinco comunidades mantienen las cifras del curso pasado: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja. Las otras 11 disminuyen, aunque con importantes diferencias entre ellas.
Porcentualmente, Murcia es la que mayor descenso sufre. De los 1.200 docentes contratados excepcionalmente el curso pasado ha pasado a cero en este. Una bajada del 100%. Aragón es la la siguiente, con un 71,43% menos. Y después, muy de cerca, la Comunidad de Madrid, con un descenso del 71,33%. En cifras totales, sin embargo, esta última es la que mayor descenso vive de todas las autonomías, al pasar de haber contratado el curso pasado a 7.398 docentes a los 2.121 de este. Casi 5.300 menos. Andacúa (-58,96%), Cantabria (-45,77%) y Navarra (-42,58%) son las otras tres autonomías que más docentes se han dejado en el camino.
Una de las preguntas que se hace Comisiones Obreras sigue rondando en la cabeza de muchas personas: si al Gobierno central va a transferir 13.500 millones de euros en este último cuatrimestre de 2021, ¿qué parte se va a dedicar a educación y por qué no se dedica a la contratación de profesorado de apoyo para paliar los efectos de la pandemia en el sistema educativo? Desde el Ministerio, en las últimas semanas, se ha insistido en la autonomía de los territorios para decidir en qué se emplea ese dinero, y la propia ministra, Pilar Alegría, les insistió hace semanas a las y los consejeros de Educación que hicieran el esfuerzo necesario para que el sistema público de educación recibiese una parte.
Esta es una de las mayores incógnitas en l/os últimos meses. A qué dedicarán las comunidades esta inversión. Este periódico lleva semanas preguntando a representantes de Educación y de Hacienda sin recibir respuestas claras al respecto. Fuentes de la propia Comunidad Valenciana, por ejemplo, esperan poder negociar con su consejería de Hacienda para que esta tenga en cuenta precisamente el esfuerzo que han realizado con las nuevas contrataciones. Desde Extremadura, fuentes de Hacienda aseguran que en los últimos presupuestos generales de la Comunidad ya se previó un aumento de financiación para educación, de alrededor de 90 millones de euros en previsión de la llegada de esos fondos extraordinarios. Otras, como la Comunidad de Madrid, aseguran que todavía no saben exactamente a qué se dedicarán los 1.800 millones que les corresponden, pero lo que sea que llegue a Educación irá a parar a financiar gastos de personal.
Comisiones Obreras defiende, por una parte, la creación de una comisión de evaluación de esta financiación dentro de la Conferencia Sectorial de Educación que reúne al Ministerio y las consejerías. Al tiempo en que insiste en la necesidad de una bajada de ratios a 20 estudiantes para, por una parte, asegurar la situación sanitaria óptima, mientras, por otra, se garantiza una correcta atención al alumnado, sobre todo, a aquel que lo ha tenido más complicado en los últimos 18 meses.
Para que esta ratio se hubiese cumplido, habría sido necesaria la contratación de 47.000 docentes (la cifra, según sus cálculos, llegó a los 33.323. Para conseguirlo este año, tendrían que ser 58.884, de los cuales se han contratado a 21.439. El sindicato ha calculado que esta contratación supondría un desembolso para las arcas públicas de 3.241 millones de euros. Comisiones también reclama un aumento en la contratación de personal de administración y servicio de los centros educativos, que se ha mantenido prácticamente inalterado entre enero de 2020 y enero de 2021. Calculan una necesidad de unos 36.000 efectivos necesarios, con un coste en inversión de algo más de 1.000 millones más.
Estabilización
Además de que el sindicato cree que es necesario contratar a varias decenas de miles más de docentes, también apuesta por la estabilidad de este empleo. Una estabilidad que desde que se firmara el acuerdo con el último gobierno del PP y con UGT y CSIF, además del propio CCOO, no ha mejorado en sus cifras, que siguen rondando en 25% de interinidad en la educación. EL objetivo es que baje hasta el 8% y para ello, recordó Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza durante la presentación del estudio, hay que esperar a ver qué sale del trámite parlamentario que tiene que pasar el proyecto de ley presentado al efecto.
En cualquier caso, CCOO ha hecho también los cálculos sobre la situación de interinidad en las diferentes comunidades. Cinco autonomías están por encima del 40% de la plantilla interina: Navarra (44,17%), Canarias, (43,01%), País Vasco (42,5%), Catalunya (41,44%) y La Rioja (41,08%). La mejor posicionada, Galicia, aunque lejos del objetivo del 8%, tiene una interinidad del 12,89%. En cualquier caso, el sindicato calcula que hay algo más de 145.000 docentes interinas e interinos en todo el país, un 29,10% del total. Deberían ser, si se cumpliese el porcentaje pactado con el Gobierno, pocos menos de 40.000. Haría falta, después del proceso de estabilización de este año y teniendo en cuenta las jubilaciones de los próximos cursos, estabilizar a 88.790 docentes. Y con estas cifras, García se sorprende de que en los últimos procesos de concurso oposición hayan quedado 3.816 plazas desiertas. Unas plazas que, en cualquier caso, van a seguir ocupando las y los interinos que venían haciéndolo hasta ahora.
Para García es necesario modificar el sistema de acceso a la función pública docente, entre otras cosas, para que no se queden estas plazas desiertas y no se terminen de estabilizar todas las que salen a concurso oposición. Una de las piezas clave de este proceso sería el de que las diferentes fases de las oposiciones no fueran eliminatorias. Según los cálculos del sindicato, en la primera ronde de las oposiciones de este año, el 87% de las y los aspirantes se quedaron fuera. Hay que decir que para las 28.200 plazas que salieron, había 215.000 aspirantes en todo el país.
CCOO ha analizado, explican, los procesos de 12 comunidades autónomas. En muchas de las especialidades que salían a concurso, la fase de concurso pierde todo el sentido, puesto que al pasar la fase de oposición, quedaron tantos o menos aspirantes como plaza posibles. Para el sindicato, esta situación socava los principios de mérito y capacidad establecidos para el acceso a la función pública docente. Según el informe presentado, solo para el 19% de las especialidades que salieton en la oferta de empleo público de este año había más de dos aspirantes a cada plaza en la segunda fase de la OPE, es decir, en el concurso. Entre las causas que encuentran a esta situación: demasiados aspirantes en cada tribunal, lo corto de los plazos impuestos por la Administración o el sistema eliminatorio.
