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En la apertura del curso universitario 2021-2022, los rectores y las rectoras urgían al ministro Castells para que las próxima ley de Universidad aborde realmente los cambios estructurales que necesitan las universidades.
Mientras el ministro de Universidades, Manuel Castells, anuncia una nueva Ley de Universidades, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la comunidad universitaria no deja de sorprender su anuncio de reformas que no se terminan de concretar o que acaban siendo lo contrario de lo que defendía previamente. Así fue con el Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias en el que proponía el modelo de estudios universitarios de tres años de grado y dos de máster (3+2), para más tarde dar un giro radical para consolidar el de cuatro años de grado y uno de máster y anunciar el fin de los grados de 3 años. Aunque la duración de los títulos tanto para rectores como sindicatos «no ha sido la máxima preocupación para la CRUE».
Algo similar ha sucedido con la propia LOSU. La comunidad universitaria recibía en agosto de 2021 con sorpresa y rechazo esta reforma del sistema universitario porque introducía una gobernanza más jerárquica y piramidal al establecer un modelo presidencialista y gerencial que daba más poder a los rectores, cambiaba el sistema de elección y participación recortando la democracia interna en las instituciones universitarias públicas, mermaba los derechos estudiantiles y reduciendo su participación, a la vez que creaba figuras laborales que iban contra el propio espíritu de la norma, como los “profesores distinguidos”, que eluden los procesos de selección y pueden ser elegidos a dedo.
Lo cierto es que, tras estos vaivenes, la propuesta presentada parece mantener un enfoque marcadamente neoliberal. Así lo denunciaba el Frente de Estudiantes, exponiendo que “el diseño del ministro Castells no es el de una universidad orientada al servicio de la mayoría social, sino el de una educación superior sometida a los intereses privados, diseñada para la adquisición de mano de obra personalizada y a bajo coste por parte de las empresas”. Recordando, en ese sentido que la introducción de la Formación Dual en las universidades a través de la “Mención Dual”, una de las principales medidas del decreto, supone la apertura de una fuente de mano de obra barata basada en la explotación laboral del estudiantado a través de un nuevo tipo de contrato laboral para el estudiantado universitario en prácticas convirtiendo a los estudiantes en trabajadores de segunda clase, no sujetos a los mismos derechos y condiciones que el resto de la plantilla.
Críticas que también llegan desde los representantes del profesorado y el personal de las universidades, todos los sindicatos. Dado que mantiene la doble vía paralela funcionarial y laboral, inédita en otras administraciones y que fomenta la precariedad, la laboralización de las plantillas en la Educación Superior y la discriminación y las desigualdades entre figuras laborales y los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. A pesar de las promesas, las mejoras para el profesorado asociado son prácticamente inexistentes. Es además incomprensible que la LOSU siga manteniendo un porcentaje de temporalidad tan alto en las Universidades públicas, el 20% cuando en otras administraciones públicas el máximo es del 8%. Con el agravante de que ni siquiera se podrá llegar a los nuevos porcentajes del 55% de profesorado funcionario y del 20% de contratos temporales si no se elimina la tasa de reposición y sin un incremento importante de la financiación.
Este es otro de los problemas de fondo. El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no viene acompañado una memoria económica específica, explícita y suficiente, que garantice la inversión pública que necesariamente conllevan la adaptación y estabilización de las plantillas para cumplir con la erradicación de la precariedad del profesorado universitario. Además, como denuncia el sindicato CC.OO. tampoco establece una política proactiva para revertir los recortes sufridos en las universidades públicas, de más de 1.400 millones de euros en la última década y más del 22% desde la crisis del 2008.
Así, no será posible la mejora de la universidad pública, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado y el personal universitario o el acceso de la población a la educación superior en equidad, con el avance hacia la gratuidad del acceso hacia la universidad como en otros países. El incremento presupuestario planteado por el Ministerio, de 2.200 millones de euros en los próximos diez años, es claramente insuficiente y nos aleja cada vez más de la inversión media de la Unión Europea y de la OCDE en Educación Superior del 1,5% del PIB, recuerdan los representantes del profesorado y personal trabajador universitario e investigador. Es decir, con una endémica infrafinanciación estructural y sin plantillas estables y adecuadas no hay futuro para la Universidad Pública.
Parece pues que el Ministerio que preside Castells no ha realizado un estudio a fondo del campo social que pretendía regular ni comprobó suficientemente si realmente ha funcionado el modelo Bolonia que se implantó en el ámbito universitario. Es más, no parece que sus propuestas de reformas aborden los cambios estructurales que necesitan las universidades: la persistencia de grupos demasiado numerosos en aula abarrotadas; la falta de profesorado estable y de renovación de la plantilla docente universitaria; el incremento exponencial de universidades privadas como negocios que no responden a ninguna necesidad social (desde hace 23 años, con la Politécnica de Cartagena, no se ha vuelto a crear ninguna universidad pública, mientras se han creado 38 universidades privadas) y que han generado una sobretitulación que contribuye que España sea el país de la UE-27 con más sobrecualificación (ocupados universitarios en puestos de baja cualificación); el mantenimiento de precios de matrícula prohibitivos (que son más de cuatro veces superiores en las privadas que en las públicas) y que el incremento de becas para este curso de 128 millones de euros, hasta un total de 2.038 millones, es insuficiente.
Todos estos aspectos analizados son algunos de los cambios estructurales que deberían ser abordados en una reforma universitaria, tal como demanda la comunidad universitaria. Así como establecer medidas efectivas para revertir el ciclo de privatización con la expansión generalizada de universidades-negocio privadas, que están poniendo en manos de fondos buitre la Educación Superior de este país con la finalidad de conseguir altas rentabilidades y beneficios de sus accionistas, lo cual nada tienen que ver con la ciencia y el bien común propio del ámbito universitario. Así como medidas para afianzar y no socavar el autogobierno democrático y una gestión interna corresponsable por parte de las comunidades universitarias reconvirtiendo los Consejos Sociales en órganos de representación de la comunidad social y no de la clase empresarial, como se han conformado actualmente, reequilibrando la representación de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno e incrementando en particular el peso del estudiantado. Algo que se refuerza en el último borrador de la LOSU con un mayor porcentaje de representación de los estudiantes en los distintos órganos de representación.
Es hora de defender un modelo de universidad pública al servicio de las necesidades sociales reales y prioritarias y no solo de las demandas del mercado. Pero también es necesario profundizar y priorizar la función social de la universidad, consiguiendo un contrato educativo con la sociedad en su conjunto, que entienda la universidad no como un espacio de negocio y formación de mano de obra cualificada al servicio del mercado, ni solo como institución académica de prestigio científico, sino como un bien público y un agente dinamizador para la transformación social.
Este modelo social de Universidad debería basarse en el refuerzo del compromiso y la responsabilidad social de las universidades públicas, manteniendo el principio de independencia académica y la vinculación de la sociedad y de la universidad, así como el compromiso mutuo en pos de la justicia social que es el pilar que debe vertebrar el funcionamiento de la institución académica superior.
La universidad, como bien público de utilidad social, debe seguir progresando hacia la universalización del conocimiento, la democratización de su funcionamiento, el acceso garantizado de toda la población sin discriminación de ningún tipo, la reducción y eliminación progresiva de los negocios-universidades privadas, el compromiso académico y científico para salvaguardar la investigación como servicio público con el fin de mejorar el planeta y la sociedad, rechazando la apropiación privada de recursos públicos, financiando de forma efectiva la I+D pública, con un plan de reducción de la precariedad del empleo en la docencia y la investigación (casi la mitad de sus efectivos con contratos temporales) y de un sistema de acreditación del profesorado universitario que supongan una evaluación más justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común.
En definitiva, lo que necesitamos es una Universidad Pública y una Investigación Pública orientadas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la igualdad, la economía para el bien común y la justicia social. Y una universidad organizada y gestionada democráticamente que dé ejemplo del modelo social que se defiende. Una universidad pública de todos y todas y para todos y todas.
