Desde la Covid y los manidos fondos de resiliencia y recuperación, hay dos ámbitos que gozan de prioridad, no sólo monetaria, sino que se han convertido en el foco principal de transformación para la prosperidad. Estos son, la sostenibilidad, básicamente definida en los términos de la Agenda 2030, y la digitalización.
Estas dimensiones podrían o debieran nutrirse mutuamente, pero las posturas no siempre están del todo claras y hay muchos enfoques que contemplar para aclarar ciertas controversias. Ni la tecnología nos va a salvar del problema del cambio climático, como muchos tecnócratas creen, ni la sostenibilidad está reñida con la tecnología.
La cuestión es que sostenibilidad y tecnología son las dos apuestas en firme tanto por la Unión Europea como por España, y ambas áreas deberían trabajarse de la mano, contemplando a cada una en su diversidad pero llegando a un punto en que las respectivas inversiones lleguen a nutrirse mutuamente. La tecnología no va a resolver los problemas medioambientales pero puede ayudar a la sostenibilidad, siempre y cuando tomemos la tecnología, que inevitablemente necesitamos, dentro de la reflexión crítica y sin caer en la sublimación tecnológica.
España presentaba en julio de 2020 la Agenda España Digital 2025, pues la situación de pandemia había acelerado el proceso de digitalización, y salieron a la superficie las fortalezas pero también las carencias en esta área. Dentro de este plan destacan metas como reducir la brecha entre las áreas urbanas y rurales (meta 2025: 100% de la población con cobertura 100 Mbps). Algo fundamental si queremos cuidar el rural y luchar contra la España vaciada, pues solo garantizando la igualdad de oportunidades las personas pueden optar por lugares donde vivir más allá de las urbes gentrificadas.
Otras metas, muy destacables, son reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía (meta 2025: 80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres) o tener para 2025 una carta nacional de derechos digitales. Considero estas metas, más allá de la dimensión tecnológica, como cuestiones fundamentales respecto a los derechos de las personas. En cuanto a la dimensión ambiental, propiamente dicha, se ambiciona una reducción de emisiones de CO2 del 10% por efecto de la digitalización.
Pero hablar de aumentar las competencias digitales de la ciudadanía implica hablar de un marco competencial que encuadre dichas competencias. Eso es lo que hace el Plan Nacional de Competencias Digitales que dentro del marco europeo al que referencia, Digcom, se establecen las competencias digitales para la población. De estos dos documentos derivan otros que contextualizan las competencias digitales en educación. Por la parte europea DigcompEdu y en la parte estatal, el Plan Nacional de Competencias Digitales dedica su línea de actuación número 3 a garantizar que todo el alumnado del sistema educativo adquiera las competencias digitales necesarias para su plena integración social y desarrollo profesional futuro que vendrán determinados por un uso avanzado de las tecnologías y por la capacidad para mantenenerlas permanentemente actualizadas.
Si bien pudiese entenderse la digitalización en el área educativa como el almacenamiento de dispositivos y conocimientos informáticos, hay que aclarar que las dimensiones son mucho más amplias y enriquecedoras, pues se contempla desde la netiqueta a la educación mediática. Es decir, la forma en que nos relacionamos con los medios y los dispositivos. Se abarcan asuntos tan importantes como saber proteger la identidad o datos, o buscar la información de varias vías y sabiendo contrastar fuentes. Esto nos conecta directamente con el uso adecuado de la información y la lucha contra la desinformación y, a su vez, con una variedad de preocupaciones sociales, como el sexismo, el racismo, la identidad de género, la violencia o con problemas ambientales .
Se busca capacitar al alumnado en la colaboración para compartir recursos, sobre los derechos de autor y las licencias, en definitiva, la participación cívica. Pero también para su uso responsable, que garantice el bienestar físico, psicológico y social, a gestionar riesgos e, incluso, a resolver problemas técnicos. Todas estas indicaciones deberían contemplarse en el Plan Digital de Centro, un plan que no puede ser un documento burocrático más que pase a engrosar la lista de literatura escolar oficial, sino un plan auténtico que vertebre de forma global la educación del centro.
La forma en que nos relacionamos ha cambiado, el concepto de amigo en una realidad digital dista mucho de los conceptos emocionales tradicionales. Del mismo modo han cambiado las formas en que accedemos a la información y la forma en que aprendemos, y la escuela no puede ser ajena a esa realidad social. Además, la competencia digital se incluye junto a la lectoescritura y el cálculo, entre las capacidades básicas a las que se debe prestar especial atención según la Recomendación del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.
La competencia digital abarca también una parte ambientalista pues uno de los ejemplos actitudinales que se contemplan en el Marco Común de la Competencia Digital Docente (Intef, 2017) reza así: «Es consciente de los problemas medioambientales relacionados con el uso de las tecnologías digitales».
De ahí que haya que trabajar también cómo reducir el consumo energético en el uso de dispositivos digitales y disponer de información sobre los problemas medioambientales asociados a su fabricación desde los minerales de sangre hasta las explotaciones laborales, el uso y durabilidad en relación también a la obsolescencia programada , ese proceso por el que se corta la vida útil de un aparato o dispositivo de forma intencionada, y el desecho, la basura tecnológica que posteriormente produce.
A este respecto, el profesor Javier González de Eusebio, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, considera que en el tratamiento de la tecnología deberíamos contemplar al menos estas cuatro perspectivas:
- los efectos medioambientales del diseño y producción de los dispositivos (añado los efectos sociales, explotación humana que afecta mayormente a mujeres y niños)
- coste del creciente consumo energético
- reto medioambiental y humano que supone el aumento de la basura electrónica
- redefinir la sociedad de la información, cuyo futuro pasa por incorporar en su desarrollo parámetros que tengan en cuenta la sostenibilidad en nuestro consumo mediático
El reto ahora es formar una sociedad consciente del consumo mediático, ya no solo en horas de consumo, sino también de contenidos, su uso o la forma de relación en otras realidades. Una sociedad consciente de que está siendo usada dentro de un algoritmo para obtener información sociológica que puede utilizarse para manipular hábitos y pensamientos. Una sociedad que deja tras cada clic una huella digital. Una sociedad consciente de la huella ambiental asociada al consumo digital. La educación mediática, por tanto, puede ser una poderosa herramienta para reducir el impacto medioambiental y para formar una sociedad de conocimiento en todas las áreas sociales, y en definitiva, mejor informada para poder a la información sin sesgos, o al menos con el menor condicionamiento posible para tomar decisiones.
