La anterior legislación, hija de la Ley Wert (Lomce) dejaba clara la posibilidad de que el alumnado con discapacidad y necesidades educativas especiales pudiera cursar la secundaria obligatoria con una serie de adaptaciones curriculares que hicieran posible su acercamiento a los contenidos marcados por la legislación. Eso sí, la obtención del título era un escollo para la mayor parte de esas chicas y chicos que terminaban la etapa. Una cuestión que en algunos casos había acabado en los tribunales, en beneficio del o la estudiante.
La actual normativa, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado martes, prevé que se realicen estas adaptaciones «buscando el máximo desarrollo posible de las competencias y y contendrán los referentes que serán de aplicación en la evaluación de este alumnado, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o la titulación».
Según la nueva normativa, que no establece máximos o mínimos de materias suspensas para conseguir dicha titulación, la adquirirán quienes hayan alcanzado, «a juicio del equipo docente, las competencias clave establecidas en el perfil de salida y alcanzado los objetivos de la etapa».
Además de las adaptaciones, que serán establecidas por las administraciones, este alumnado podrá permanecer un curso más allá de lo habitual en la etapa «siempre que ello favorezca la adquisición de las competencias establecidas y la consecución de los objetivos».
Para Alejandro Calleja, uno de los más reconocidos batalladores por el derecho a la educación inclusiva del país, asegura que lo único que hace la legislación ahora es poner negro sobre blanco lo que ya debería estar pasando. Eso sí, tiene claro que «habrá muchas resistencias» en los claustros.
Para Calleja, un problema importante es que la decisión final dependa del claustro. «¿con qué fuerza moral cualquier docente puede decir que un chaval no tiene derecho a titular si se ha esforzado?», se pregunta el padre de Rubén Calleja, un joven de 22 años que acaba de terminar un título de FP básica después de que hayan tenido que llegar a las Naciones Unidas para lograrlo. Para este padre, el derecho a titular debería prevalecer sobre la opinión del claustro: «Si hay un docente de los 7 u 8 que dice que no… ¿el resto qué harán, callar o decir que se está vulnerando el derecho de esta persona?».
Aunque la nueva normativa supone un cierto avance en la posibilidad de alcanzar no solo los objetivos de la etapa, sino el título que lo acredite, para Calleja es problemático que el texto «deje escapatoria», es decir, la puerta abierta a que las cosas permanezcan como hasta ahora. «Las familias tendrán que luchas y resistir y denunciar, perder el miedo. Si no, estamos en o mismo».
Para este padre, las decisiones de los centros deberían ser individuales, no colegiadas, para que cada quien asuma la responsabilidad, como ocurre en los casos de los informes psicopedagógicos, por ejemplo.
En cuaquier caso, Calleja defiende que «en un estado de derecho, la educación tiene que ser inclusiva. Y la titulación es la consecuencia de dicha educación. El final del proceso es el que dice si el proceso ha tenido equidad. Y si las familias y el alumnado hacen el esfuerzo de llegar hasta ahí, el profesorado debe hacer el esfuerzo. El sistema se tendrá que adaptar. Si estamos en la convención (de derechos de las personas con discapacidad), estamos».
