Seamos realistas, que este papel lo hagan docentes más o menos voluntarios y formados con cursos breves y, la mayoría, virtuales, en los cuales se emplea la mayor parte del tiempo en contarles cuáles son sus competencias al ejercer este rol en su centro educativo, no solo es un error en sí mismo, además es injusto con el sector docente. No se puede seguir haciendo ver que tenemos nuevos perfiles en los centros educativos y endosarles estos siempre a los y las docentes, dándoles unos cursitos insuficientes de preparación y una liberación horaria -cuando se les da- ridícula para abordar todos los aspectos que deban cubrir en cada caso.
Y llama desagradablemente la atención escuchar, en boca de personas que están al frente de importantes organizaciones educativas, que esta figura no es un invento porque lo que van a realizar en los centros ya se hace -afirmaciones que parecen de ignorantes atrevidos-, y también que es una figura regulada de forma ambigua, afirmación que solo es posible trasladar si no se conoce la legislación que rodea la nueva figura. Hay quienes se han quedado en la aparición de la figura con la Lomloe, al incorporar ésta un nuevo apartado 5 al artículo 124 de la LOE. El texto del apartado, vigente desde principios del año 2021, habla del coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Cierto que, en esta mención breve y genérica, simplemente se encarga a las Administraciones educativas que doten la figura de funciones y establezcan los requisitos que se deben cumplir.
Pero la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, conocida con Lopivi, aprobada a mediados del 2021, concreta la figura y establece las funciones que, como mínimo, deben ejercer quienes asuman este perfil en cada centro educativo. Y es ahí, en su disposición final quinta, donde se fija un plazo de seis meses para la entrada en vigor de lo dispuesto en dicho artículo. Es decir, desde principios de diciembre del año pasado. Obviamente, esto llevó a que fuera inaplazable la implementación de esta figura más allá del inicio del presente curso escolar.
Una nueva figura con funciones muy importantes
A nada que se repasen sus funciones, se tendrá la certeza de que esta figura será una pieza clave en la mejora de muchos aspectos ligados con la convivencia escolar, o una nueva decepción por la apatía de las Administraciones educativas que no hagan lo necesario para dotarla de medios y profesionales adecuados.
Al menos, serán las siguientes:
- Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y adolescentes, que estarán dirigidos a toda la comunidad educativa.
- Coordinar los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas.
- Ser el referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.
- Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
- Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
- Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.
- Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
- Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.
- Comunicar inmediatamente situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de edad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal a las Agencias de Protección de Datos.
- Fomentar que en el centro educativo se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva, que permita llevar una dieta equilibrada.
¿Todo esto se hacía ya? Sobre el papel, no parece razonable negarlo para todos los territorios autonómicos, pero la verdad es que, hasta la fecha, ocurre lo mismo como con lo que se ponía en las cartillas de los soldados cuando el servicio militar era obligatorio: valor, se le supone. Es decir, se supone que este tipo de actuaciones alguien las hace, pero lo que suele suceder cuando nadie está realmente encargado de realizar una función, es que quede al albur del voluntariado y de un tratamiento transversal que, como el valor, simplemente se supone que está presente y que aparecerá por ciencia infusa cuando sea preciso que se note su existencia.
Coordinador de bienestar: la falta de recursos lo deja sin fuelle
Si se hacía todo y bien, ¿por qué necesitamos la nueva figura?
Pues porque estamos fracasando en la educación de nuestros menores en materia de convivencia y respeto hacia los demás. Quiero y debo ser justo. Tenemos menores que están fuera de unos parámetros aceptables de respeto y convivencia hacia los demás, y que se educan de esa forma, llegando a la edad adulta con graves carencias personales y sociales; sucesos inaceptables como el de los gritos machistas que se han producido en días pasados en ese colegio mayor de pijos malcriados lo demuestran. Pero también tenemos una mayoría de menores que son un ejemplo para muchos mayores que todavía se preocupan mucho del yo pero poco o nada del nosotros, y menos aún específicamente del los demás.
Y la necesitamos porque tenemos que corregir la tendencia de una parte de la sociedad a repetir escenarios que deben erradicarse. Aunque habitualmente la mayoría mire hacia otro lado, la sociedad es consciente de que una parte ejerce la violencia hacia el resto, vive de ejercerla y conserva sus privilegios porque la mayoría de la sociedad deja que sigan haciéndolo.
Cuando, por ejemplo, un hombre ejerce violencia hacia la mujer, perpetúa un modelo social en el que la mujer es una cosa que debe ser sometida a los privilegios de quienes han practicado siempre esa violencia y han inculcado a sus descendientes que ese debe seguir siendo el estado natural de las cosas. Los gritos de los energúmenos del colegio mayor son el reflejo de ello. Cuando hay personas que la ejercen sobre los más débiles y desprotegidos, ocurre lo mismo. Y también cuando la enfocan hacia los diferentes, los nacidos en otro lugar, quienes tienen menos estatus social, piensan distinto, aman de forma diferente, viven de manera distinta, rechazan costumbres heredadas desde la época de las cavernas, o, simplemente, combaten la violencia para intentar erradicarla. En el fondo, no defienden solo su derecho a seguir ejerciendo la violencia hacia quienes les plazca, sino que tratan de defender lo que consideran sus privilegios heredados por supuestos méritos contraídos de sus ascendientes familiares y grupales.
Desde el poder político se ha trabajado para que nada cambie
Discursos y políticas que buscan erradicar este tipo de comportamientos, inculcando a los menores valores comunes que potencien el bien común y el respeto hacia los demás, se pueden encontrar, pero también en sentido contrario. El debate sobre la existencia de una materia específica que aborde la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en valores cívicos y éticos, es buena prueba de esas dos visiones de cómo construir nuestra sociedad.
En algunos territorios autonómicos se han promulgado normas legislativas más que cuestionables sobre convivencia escolar. Normas que han establecido que la autoridad se impone por decreto, como si el autoritarismo hubiera sido efectivo de forma positiva en algún momento histórico. No, la autoridad no se respeta porque lo diga un boletín oficial, sino porque quien la ejerza sea respetado por aquel ante quien la ejerza. En los centros educativos, como en las casas, la autoridad hay que ganársela porque, de lo contrario, se impondrá en todo caso el miedo, pero no la convivencia pacífica. Y quienes son educados en el autoritarismo, aprenden que ese es el camino para conseguir lo que quieran. En cuanto tengan algo de poder ante otra persona, puede que opten por machacarla, ya sea física o mentalmente, en lugar de por ejercer ese poder de forma democrática.
Además, cuando algunas Administraciones han realizado estudios para obtener datos sobre determinados comportamientos, y han intentado ver qué tipo de perfiles personales y sociales están detrás, han actuado de forma cuestionable cuando estos resultados no les gustaron. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, lo sucedido con un estudio realizado en colaboración con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, denominado Patrones de uso, abuso y dependencia a las tecnologías de la información en menores (internet, móvil, videojuegos, TV). El informe final, que se dio a conocer a dicho Consejo en abril de 2011, ofreció datos sobre el perfil de lo que el estudio consideraba transgresor activo, y resultó que estaba ligado con menores con alto nivel adquisitivo en su vida personal, es decir, con altos niveles de gasto en ocio, aficiones y adicciones varias, y transporte, entre otros. La mera relación de un perfil así denominado con menores que, a priori, parecían más vinculados con la clase alta y media-alta que con otras donde se suelen situar muchos discursos sobre transgresión de las normas, hizo que el estudio durmiera el sueño de los justos en los cajones de la Consejería de Educación, dirigida entonces en Madrid por el Partido Popular bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, sin actuaciones al respecto que se conozcan. Nada debía aparecer que pusiera en cuestión su discurso sobre dónde están los malos y dónde los buenos. Pero el estudio no desapareció porque algunas personas y entidades guardamos copia a buen recaudo, así como se puede encontrar en Internet, aunque no vinculado al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ni a la Consejería de Educación, siendo que además parece ser que esta última aportó financiación para que se realizara.
En otras ocasiones, los estudios se hacen directamente para lanzar mensajes que, con la verdad, no se aceptarían. En las pasadas semanas vio la luz un supuesto estudio elaborado por una “famosa” consultora. Otro panfleto prefabricado con nulo rigor estadístico, que hablaba de problemas con bandas latinas en centros educativos. El resultado era tan burdo que quedó desmontado en cuestión de pocas horas. Se adjuntaba un listado de centros donde se suponía que existía un grave problema con ellas, pero que tuvo que ser inmediatamente retirado cuando se supo que nadie había hablado con responsables reales de estos centros, y que la opinión se había tomado incluso a una sola persona en algunos casos, desconocida por esos centros y, por tanto, ni representativa ni fiable. Dejo a un lado la opinión que me merece tal forma de proceder, ni la nula confianza que me da esta consultora cuando nos enseña sus, en mi opinión, encuestas prefabricadas sobre intención de voto, por ejemplo. Que detrás de entidades de este tipo estén políticos de partidos interesados en crear opinión, en lugar de recoger la realmente existente, explica muchas cosas. Y que, espero que no, detrás pudiera estar la intención de introducir la seguridad privada en los centros educativos públicos, ni sería una sorpresa ni una intención nueva, ya se intentó y se rechazó hace unos años, pero los interesados vuelven a emerger de vez en cuando. Ojalá que esta vez no estén detrás y sea, simplemente, un estudio que se les fue de las manos por una mala praxis que no parece puntual.
¿Cómo acertar con esta nueva figura?
La figura de coordinadora o coordinador de bienestar y protección debe tener perfil propio en los centros educativos, no ser unas horas sueltas de un docente o, incluso, solo la etiqueta pero sin reducción horaria. Pero no hace falta inventar de nuevo la rueda.
En mi opinión, coincidente con quienes así ya se han expresado y lo defienden, las y los profesionales denominados PTSC (Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad) tienen un perfil profesional muy adecuado para asumir este papel. Por supuesto, esto no quita para que los centros educativos públicos cuenten también con otras figuras que puedan complementarse con los PTSC, pero conviene definir y dotar a los centros educativos de un perfil definitivo y estable.
Además, quienes asuman este papel deben tener un horario completo en el centro educativo donde ejerzan sus funciones, contar con los recursos materiales que les permitan abordar todas las funciones con garantías de éxito, y la autonomía necesaria para abordar sus funciones sin trabas que hagan que se queden en otra buena idea mal implementada.
Es probable que en algunas comunidades autónomas se necesiten responsables educativos distintos de los actuales para que estos sea posible, pero, en tanto que ello suceda si es que las urnas dicen algo en el futuro que cambien algunas realidades actuales, habrá que trabajar sin descanso para conseguir que la nueva figura no muera por apatía antes incluso de haber echado a caminar. El papel lo aguanta todo, sí, pero el tiempo perdido en educación es, entre otras cosas, el retraso del progreso de nuestra sociedad, algo inaceptable porque se puede evitar.
