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La segregación escolar en nuestro país no solo es un problema educativo, sino también un desafío para la justicia social y la cohesión democrática. El informe “Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver”, elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO, pone cifras y análisis a una realidad que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Aunque en las últimas décadas se han producido avances importantes en el sistema educativo —como la extensión de la enseñanza obligatoria y la incorporación de nuevas tecnologías—, las desigualdades persisten. La concentración del alumnado en centros según su nivel socioeconómico, origen cultural o necesidades especiales revela un sistema que refuerza la exclusión y obstaculiza la igualdad de oportunidades.
Un diagnóstico alarmante
Los datos recogidos en el informe muestran que el sistema educativo español es uno de los más segregados del mundo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, encabeza los niveles más altos de segregación en España y en Europa, agravada por políticas como el distrito único escolar, que fomentan la competencia entre centros en lugar de la integración del alumnado. A nivel estatal, la existencia de centros privados concertados explica el 19,2% de la segregación escolar, según el índice de Hutchens.
La escuela concertada juega un papel central en esta situación. Aunque está financiada con fondos públicos, el informe denuncia que un alto porcentaje de estos centros cobra cuotas ilegales a las familias por actividades complementarias y servicios. Estas cuotas, que suponen entre 950 y 1.200 millones de euros anuales, se convierten en una barrera económica que excluye a las familias con menos recursos. Este mecanismo no solo limita la diversidad en las aulas de la concertada, sino que también consolida la percepción de que es un «refugio» para las clases medias y altas.
Además, el informe critica la falta de control efectivo por parte de las administraciones educativas. Muchos centros concertados aplican prácticas de selección encubierta del alumnado, dando prioridad a estudiantes con menos necesidades educativas o recursos. Así, estos centros acogen menos alumnado inmigrante, menos estudiantes con necesidades especiales y menos familias con bajos ingresos, dejando al sistema público la responsabilidad de garantizar la escolarización inclusiva.
El argumento de la «libertad de elección», defendido por las patronales de la concertada y ciertos sectores políticos, resulta engañoso. En realidad, no son las familias las que eligen a los centros, sino los centros los que seleccionan a su alumnado. Este modelo refuerza las dinámicas de exclusión y contribuye al aumento de los llamados «centros gueto», donde la concentración de alumnado vulnerable hace que los recursos sean insuficientes y las condiciones de aprendizaje se deterioren.
Esta realidad contrasta con la situación en la mayoría de los países europeos, donde la enseñanza concertada es minoritaria o está sometida a regulaciones estrictas. En España, sin embargo, su peso es una anomalía que agrava la segregación y debilita la educación pública.
Las consecuencias: más allá del aula
La segregación escolar no solo limita las oportunidades de los estudiantes menos favorecidos; también afecta la cohesión social. Sin un entorno diverso, se rompe el principio de convivencia democrática, esencial en cualquier sistema educativo. Tal como apunta Andreas Schleicher, responsable del informe PISA: “Tú no puedes ser lo que no puedes ver”. Los estudiantes de entornos vulnerables necesitan referentes y oportunidades de calidad que solo una escuela equitativa puede proporcionar.
La meritocracia, tan defendida como clave del éxito personal, se convierte en un espejismo cuando las condiciones de partida son tan desiguales. Según datos de PISA, un estudiante del cuartil socioeconómico más bajo tiene cinco veces más probabilidades de repetir curso que uno del cuartil alto. La repetición escolar y el abandono temprano afectan más a quienes parten con mayores dificultades, generando una espiral de exclusión difícil de revertir.
Casos extremos como el barrio de Las Palmeras en Córdoba, donde apenas un estudiante ha accedido a la universidad en 15 años, reflejan hasta qué punto la segregación escolar perpetúa la desigualdad y bloquea las oportunidades de futuro. En estas escuelas, ubicadas en contextos de alta vulnerabilidad, el alumnado no solo enfrenta mayores carencias materiales y educativas, sino también la falta de expectativas que se instala en su entorno.
La segregación escolar no solo fragmenta a los estudiantes según su origen social, cultural o económico, sino que actúa como un reforzador de la brecha educativa. En los centros donde se concentra el alumnado más vulnerable —en su mayoría de clase trabajadora, de origen migrante o con necesidades especiales—, los recursos suelen ser insuficientes para cubrir sus necesidades específicas. Estas escuelas, a menudo calificadas como “de difícil desempeño”, enfrentan mayores retos, como ratios más elevadas, falta de personal especializado y una mayor inestabilidad del profesorado. Todo esto merma la calidad educativa y obstaculiza el progreso académico del alumnado, perpetuando un círculo de desigualdad en el que la falta de oportunidades educativas consolida la exclusión social.
El impacto es claro: el alumnado que asiste a centros segregados parte de una situación de desventaja que no solo influye en su rendimiento académico inmediato, sino que también limita sus expectativas futuras. Según datos del informe PISA, un estudiante de entornos socioeconómicos bajos tiene hasta cinco veces más probabilidades de repetir curso que un estudiante del cuartil más alto, un factor que a menudo desemboca en el abandono escolar temprano. De este modo, la segregación amplía la brecha entre quienes tienen acceso a un entorno educativo diverso y bien dotado, y quienes no lo tienen, ahondando las desigualdades de partida y reduciendo las posibilidades de desarrollo personal y profesional de los más vulnerables.
En definitiva, la segregación no solo afecta el presente del alumnado más desfavorecido, sino que hipoteca su futuro. Limita sus opciones formativas y profesionales, al tiempo que refuerza la separación entre clases sociales, debilitando los cimientos de una sociedad más justa e inclusiva. La escuela, lejos de ser un espacio de transformación y equidad, se convierte así en un reproductor de las desigualdades, perpetuando una fractura social difícil de cerrar
El camino hacia la igualdad: propuestas concretas
El informe no solo denuncia, también presenta soluciones necesarias y viables. Entre ellas destaca la redistribución equilibrada del alumnado entre centros públicos y concertados, evitando que los más vulnerables se concentren en determinadas escuelas. Para ello, resulta imprescindible un mayor control por parte de las administraciones educativas para erradicar prácticas como el cobro de cuotas ilegales en centros concertados.
Además, se requiere una mayor inversión en los centros públicos situados en contextos desfavorecidos. Esto implica ratios más bajas, mayor presencia de profesionales especializados y recursos suficientes para abordar las necesidades específicas de su alumnado. La inclusión debe convertirse en la prioridad, no solo como principio, sino como herramienta para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad.
Por otro lado, el informe también advierte de la necesidad de regular y controlar las políticas de zonificación y admisión, que en regiones como Madrid o Valencia favorecen la segregación al permitir dinámicas de mercado en la escolarización. La apuesta por proyectos educativos inclusivos y la financiación adecuada de la educación pública son medidas clave para revertir esta situación.
Educación y justicia social: una responsabilidad compartida
La segregación escolar no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas y de un sistema que no ha sabido priorizar la equidad y la justicia social. Tal como señala el informe, “sin una educación equitativa y de calidad, no habrá un futuro justo para todos”. La escuela debe ser un espacio donde se rompan las barreras de clase social y se fomenten valores de convivencia y democracia.
Para lograrlo, es necesario el compromiso de toda la comunidad educativa y políticas públicas valientes que garanticen que ningún estudiante quede atrás. Combatir la segregación no es solo una cuestión de educación: es también el camino hacia una sociedad más igualitaria, justa y cohesionada.
