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Esta entrevista se ha publicado en el Blog de la Educación local del Diari de l’Educació
La aprobación del decreto de 2021 sobre la programación de la oferta educativa y el procedimiento de admisión fue un punto de inflexión en un largo camino de políticas educativas, desde el primer informe de 2008 del Síndic de Greuges sobre la segregación escolar. ¿Fue un salto cualitativo?
Permíteme que, para responderte, cite a Rafel Ribó, que era el Síndic de Greuges de Cataluña cuando se aprobó el decreto. En aquel momento, celebró la aprobación del decreto e hizo una valoración muy positiva de su contenido porque, dijo, aportaba instrumentos suficientes, si se aplicaban adecuadamente, para dar un salto cualitativo en la reducción de los niveles de segregación escolar del sistema en los próximos años. Así que podemos decir que sí, que el nuevo decreto creó las condiciones para dar ese salto cualitativo en las políticas públicas contra la segregación escolar.
Las medidas del Pacto contra la Segregación Escolar empiezan a dar resultados. En los últimos tres años, el Síndic de Greuges ha elaborado tres informes analizando la aplicación de este decreto, y en el último, de enero de 2024, se concluye que desde la firma del Pacto se han reducido más de un 20% los niveles de segregación escolar global en el sistema educativo y más del 35% de la segregación escolar dentro de los municipios. Por lo tanto, los resultados son buenos, pero todavía hay margen de mejora. ¿Dónde habría que poner el foco actualmente?
Sí, efectivamente, los estudios de la Sindicatura de Greuges demuestran la eficacia de las medidas previstas en el decreto para reducir la segregación escolar, tanto a escala global —en el conjunto de centros de nuestro país— como a escala local, en aquellos municipios que han apostado más por utilizar las herramientas que ofrece el nuevo marco jurídico. Ese era uno de los objetivos de la nueva norma: ofrecer un marco jurídico eficaz para luchar contra la segregación escolar, con medidas específicas como el establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas o la limitación de las ratios de alumnos por grupo, entre otras.
Sin embargo, podemos decir que todo depende de la voluntad política de la administración educativa y de los ayuntamientos. Considero que hay mucho margen de mejora. ¿Dónde hay que poner el foco, es decir, esa voluntad, en los próximos años? Nos lo indican los informes de la Sindicatura de Greuges. Yo destacaría, por su importancia en la reproducción de la segregación escolar, pero también por la dificultad de aplicarla, la reducción de la sobreoferta de plazas escolares en Infantil 3. No podemos pasar por alto que esto también explica que en el curso 2023/2024 hubo 61 municipios de más de 5.000 habitantes con más de 200 plazas de sobreoferta en la oferta inicial, la mayoría de zona única, es decir, el 28,8% del total de municipios. Este es un dato muy preocupante que debería reducirse sustancialmente en los próximos años.
En la lucha contra la segregación todavía hay mucho margen de mejora
Este decreto fue fruto de un amplio consenso entre todos los actores educativos. ¿Hay actualmente suficiente seguimiento? ¿Considera que los ayuntamientos cuentan con apoyo o a menudo se ven desbordados por necesidades cada vez más urgentes?
Si hacemos caso a lo que dicen los informes del Síndic sobre la aplicación del decreto, debemos decir que en los tres primeros años de su implementación ha habido un seguimiento más que satisfactorio. Ahora habrá que ver si esta tendencia inicial se mantiene o no con el cambio de gobierno en la Generalitat. Habrá que ver si la nueva consellera mantendrá o no la voluntad de su predecesora de aplicar con la intensidad necesaria las medidas de lucha contra la segregación escolar que será necesario abordar en los próximos años si se quiere continuar mejorando la equidad de nuestro sistema educativo. Este primer proceso de admisión que vivirá la nueva conselleria será una primera piedra de toque para valorarlo.
En cuanto al apoyo a los ayuntamientos, creo que, a pesar del impulso que desde el Departamento de Educación se dio al financiamiento de las oficinas municipales de escolarización en la legislatura anterior, todavía es necesario mejorar más ese financiamiento.
El decreto reconoce y amplía el papel de los ayuntamientos como agentes fundamentales en la programación de la oferta educativa y en el proceso de admisión de alumnos. ¿Cuáles son los ámbitos en los que los municipios tienen más margen de maniobra?
Teniendo en cuenta que la segregación escolar es, como dice Xavier Bonal, un fenómeno específicamente local, muy variable en función de los municipios, el nuevo decreto parte de la premisa de que sin la implicación y la corresponsabilidad de los ayuntamientos no es posible el éxito en la lucha contra esta segregación. Dicho esto, hay algunos ámbitos en los que los ayuntamientos pueden tener una incidencia más relevante, como son la detección de alumnado con necesidades educativas específicas, mediante la creación de unidades de detección de este alumnado, el apoyo y acompañamiento a las familias, y la participación en la programación de la oferta educativa, a través de las oficinas municipales de escolarización, muy reforzadas en el nuevo decreto.
¿Por qué pensar en clave local es fundamental para abordar la segregación escolar con eficacia?
Por un lado, como ya he dicho, está el hecho de que la segregación es un fenómeno local. Y por otro, tenemos un marco jurídico que otorga a los ayuntamientos la capacidad para proponer y aplicar medidas contra la segregación escolar en sus municipios. Estos dos factores determinan que la reducción de la segregación escolar depende, en gran parte, del mayor o menor grado de implicación de los ayuntamientos. Esto, sin embargo, no quiere decir que el Departamento de Educación no sea la administración principalmente responsable, porque lo es. Lo que quiero decir es que la colaboración e implicación de los ayuntamientos es imprescindible en esta materia.
La escuela no puede luchar sola contra la segregación, es una cuestión social más amplia. La programación de la oferta educativa, con participación de los ayuntamientos, debe orientarse a favorecer la cohesión social y distribuir de manera equilibrada al alumnado en situación vulnerable. La implicación de los municipios y el compromiso local son clave para lograr los objetivos. ¿Hay conciencia de la necesidad de este compromiso?
Efectivamente, la escuela no puede luchar sola contra la segregación escolar, porque esta segregación es un fenómeno que, por sus causas y consecuencias, excede el marco estrictamente escolar. La segregación escolar es una injusticia social de primera magnitud y, como tal, requiere implicación social. Por eso, en mi opinión, uno de los logros más importantes del Pacto contra la Segregación Escolar fue, precisamente, lograr el consenso sobre la necesidad inaplazable de luchar contra esta segregación. Ese consenso es imprescindible para poder aplicar las medidas para reducirla, dado que algunas de estas medidas generan fuertes resistencias, como todas aquellas que, de una forma u otra, afectan a la libertad de elección de centro, derecho que, como todo el mundo debería saber, no es absoluto.
Ahora bien, a pesar del consenso alcanzado entre los firmantes del Pacto contra la Segregación Escolar, yo diría que hay mucho margen de mejora para lograr una concienciación amplia sobre la necesidad de luchar contra esta injusticia social.
La escuela no puede luchar sola contra la segregación escolar
La colaboración e implicación de los entes locales es imprescindible para que la actuación del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, que es el responsable final, sea más eficaz y eficiente. Esto se logra, por ejemplo, con medidas arraigadas en el funcionamiento local, como el diseño de las zonas de inscripción escolar, la programación de oferta educativa complementaria, la gestión de la matrícula viva, la detección e intervención de alumnos con necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico… Un abanico muy amplio con un objetivo común. ¿Se está avanzando?
Tal como se constata en los distintos informes de la Sindicatura de Greuges, se está avanzando, ya que se ha conseguido modificar la tendencia de estancamiento existente en la lucha contra la segregación escolar antes de 2016. Aun así, siguen existiendo algunos ámbitos de actuación en los que los avances deberían ser mayores. Me refiero, por ejemplo, a la zonificación escolar y a las adscripciones entre centros educativos. Es un dato muy decepcionante que, en el curso 2022-2023, solo el 5,4% de los municipios habían modificado las zonas educativas para adecuarlas a las previsiones de la nueva regulación.
También es necesario avanzar más en la reducción de la sobreoferta de plazas escolares en Infantil 3, indicador respecto al cual la mejora ha sido muy pequeña. En este sentido, el último informe de la Sindicatura insiste en la necesidad de corregir la concentración de situaciones de sobreoferta en Infantil 3 en centros concertados.
Otros ámbitos en los que habría que mejorar más de lo que se está haciendo son, por ejemplo, la reversión de las situaciones de guetización de centros con elevada complejidad, y la reducción de los desequilibrios entre municipios en relación con la escolarización del alumnado.
¿Hay suficientes recursos económicos para desarrollar el decreto?
El nuevo decreto llegó acompañado de una inversión económica significativa, ya que su memoria económica preveía 162 millones de euros para los primeros cinco años de aplicación, destinados a mejorar la financiación de los centros educativos y eliminar las barreras económicas que limitan la escolarización equilibrada de los alumnos vulnerables. Esto fue muy importante en su momento, pero tras los primeros 4 años desde la aprobación del decreto, y en plena nueva legislatura, es necesario un esfuerzo económico muy significativo para garantizar la equidad educativa. El plan de gobierno de la Generalitat incluye el objetivo específico de mejorar la igualdad de oportunidades a través de la equidad educativa. En mi opinión, una de las acciones en las que más recursos deben invertirse para lograr este objetivo es la financiación equitativa de los centros educativos y la garantía de acceso de todo el alumnado a las actividades complementarias, revisando, seguramente al alza, las previsiones de la memoria económica del decreto. Sin olvidar, sin embargo, la necesidad de incrementar los recursos destinados por parte del gobierno de la Generalitat al financiamiento de las oficinas municipales de escolarización.
[El Observatorio de la Educación Local ha publicado el Destilado de Educación “El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, sobre la programación de la oferta educativa y el procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña y su impacto en el mundo local”, elaborado por Juanjo Falcó, donde se detallan los conocimientos básicos sobre el contenido y el proceso de despliegue de esta norma, así como recomendaciones para el ámbito local.]
