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Las universidades argentinas tuvieron diversos modelos de referencia por la influencia sucesiva de paradigmas españoles, franceses, alemanes y anglosajones, y, sobre todo, por la impronta que dejó el movimiento reformista de Córdoba de 1918. Precisamente, en esa ciudad, en 1622 la corona española autorizó la existencia de la primera Universidad del país. A ella se sumó la de Buenos Aires, doscientos años después (1821) y otras cuatro se crearon para principios del siglo XX. No hubo universidades privadas hasta 1958. Durante las últimas cuatro décadas del siglo pasado y la primera de este el sistema expandió en su cobertura, hasta llegar a las 140 instituciones actuales, a las que se suman casi 2.300 institutos terciarios provinciales. El conjunto del nivel superior cuenta con una ley que regula su funcionamiento desde 1995.
Sin embargo, de este conjunto complejo, son las 61 Universidades Nacionales (UUNN) las que tienen mejor definidos sus propósitos formativos y funciones. Ellas se agrupan en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y cuentan con autonomía institucional y académica garantizada por la Constitución. Es más, este principio de autonomía universitaria -surgido del movimiento reformista de 1918- les permite conformar un ideario común. La libertad de cátedra, la centralidad de la investigación científica, la vinculación con la sociedad a través de la extensión y la transferencia, y la gratuidad de los estudios de grado, el ingreso irrestricto (no hay exámenes, ni selectividad, ni cupos), constituyen parte de este ideario compartido por las comunidades universitarias. Es más, al poseer institutos, laboratorios, centros e investigadores y becarios, las UUNN concentran las actividades del sistema científico tecnológico argentino.
La autonomía universitaria se refleja asimismo en la forma de creación (por leyes nacionales) y en la supervisión periódica: a cargo de la Auditoria General de la Nación (que depende del Poder Legislativo Nacional); a la par de que son evaluadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. La legislación vigente dispone también que el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento y prohíbe establecer cualquier tipo de impuesto o arancel sobre los estudios de grado. Tampoco está permitido establecer convenios que permitan ofrecer educación como un servicio lucrativo o que habilite alguna forma de mercantilización.
Sin embargo, las UUNN han sido objeto de una continua, ilegal y difamatoria política del gobierno de Javier Milei el cual, desde su asunción al poder en diciembre de 2023, ha socavado su funcionamiento desde una iracundia ideológica que desfinancia y desmantela al sistema. Ello sucedió a través de diferentes frentes. Por un lado, gracias a la campaña de difamaciones de las autoridades nacionales que cuestionan las formas organizativas y el manejo de los recursos. Se denuncia, entre otras cuestiones, la baja cantidad de graduados o la cantidad de años que toman los estudios. Sin embargo, ello puede ser rebatido por la propia información oficial disponible: la cantidad de egresados de las universidades públicas creció de 73 mil a 99 mil en la última década (a razón de un 3% anual). En este cómputo además habría que considerar la cantidad de egresados de la escuela secundaria: solamente el 61% de cada cohorte concluye el nivel secundario en el tiempo teórico previsto. En este sentido, el ingreso irrestricto, la gratuidad universitaria, así como los mecanismos de articulación entre secundaria y universidad, resultan políticas claves dado que inciden sobre la cantidad de años que se tarda en concluir las carreras universitarias. A todo esto, habría que añadir los datos de pobreza (60,7% de la población entre 15-29 años es pobre en Argentina) que afectan la cantidad de horas de estudio que puede tener la población universitaria en la medida en que debe trabajar mientras cursa.
Por otra parte, como varias fuentes (oficiales, académicas, sindicales) han informado, a partir del año 2017 el presupuesto universitario se ha reducido notoriamente (alrededor del 40%). En particular, en los últimos dos años, durante el gobierno libertario, la inversión sectorial dio cuenta de un declive que pasó del 0,72% del PIB en 2023 al 0,57% en 2024. A ello se suma la paralización de las actividades científicas, que tienen en las UUNN el principal nicho de desarrollo e innovación. Por medio del decreto presidencial 256 (dictado el 18/03/2024) se paralizó el funcionamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación que afectó el financiamiento de los proyectos I+D.
La falta de adecuación del conjunto del presupuesto se debe a que al depender de la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Central, las UUNN tienen los fondos prácticamente congelados desde el año 2023. Durante los años 2024 y 2025 se han mantenido los presupuestos aprobados por el Congreso en aquel año. El gobierno de Milei en lugar de permitir el debate parlamentario y la aprobación de presupuestos acordes a la realidad económica del país (signado por altas tasas de inflación en los dos últimos años), prorrogó de forma ilegal, por dos años consecutivos, el presupuesto diseñado por el gobierno anterior. La inflación subió pero los recursos de las UUNN y los salarios de su personal están congelados. Así, recursos y salarios han sido devaluados fácticamente.
El Congreso Nacional trató en dos oportunidades de revertir el desfinanciamiento universitario.
Primero, en septiembre de 2024, el Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario, pero fue derogada en octubre por un decreto 879 del presidente Milei. En agosto de 2025, nuevamente el Parlamento argentino aprobó otra Ley de Financiamiento Universitario, y este jueves 9 de septiembre el presidente Milei la vetó a través del decreto 647. Entre las fundamentaciones del decreto, con un fuerte sesgo economicista, se argumenta que aplicar la ley aprobada en agosto de 2025 supondría cerca de 2 billones de pesos, algo que en realidad es equivalente a 0,23% del PIB, nada desproporcionado en comparación con otros rubros del gasto público nacional.
Vale destacar que el veto presidencial si bien es un herramienta constitucional en los países con sistemas presidencialistas como Argentina, se ha constituido en la forma de gobernar durante la presidencia de Milei. En el mes de agosto de 2025, por mencionar un ejemplo reciente, el presidente vetó totalmente los proyectos de ley referidos a la recomposición de las jubilaciones y pensiones, la moratoria jubilatoria y la emergencia en discapacidad. Los argumentos expuestos en los considerandos se presentan serias falencias constitucionales y convencionales. En todos los casos, entre las fundamentaciones se hacen referencias erróneas a artículos de la Constitución argentina para justificar la orientación economicista: “defender el valor de la moneda”, “cuidar las cuentas públicas y la previsión de gastos…” para no «comprometer el futuro de los argentinos», sin reconocer que la Constitución nacional obliga al Parlamento a “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso humano con justicia social…” y a “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de…los ancianos y las personas con discapacidad”.
En el caso particular del veto de la Ley de Financiamiento Universitario, desde el gobierno libertario se sostiene que para que el país continúe en la senda de la estabilidad económica no puede haber mayores aumentos del presupuesto universitario ya que ello afectaría negativamente los objetivos de su política económica. Esto último constituye una falacia, no sólo por el impacto que tendría -en el presupuesto- la actualización de los montos de las partidas presupuestarias para las UUNN sino además por suponer que con la reducción del presupuesto universitario se generarían condiciones de crecimiento y desarrollo para Argentina. En realidad, el desfinanciamiento de las UUNN y el desmantelamiento del sistema de CyT constituyen políticas muy dañinas que cancelan el desarrollo humano, social, económico y cultural de la población.
