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Desde CCOO Enseñanza valoramos muy positivamente la aprobación del nuevo “Estatuto del Becario” como un importante paso adelante en las garantías formativas de las prácticas no laborales y contra la precariedad de las personas jóvenes, pero advertimos que requiere corresponsabilidad por parte de la empresa a la valorar los beneficios en la productividad y la competitividad de tales prácticas, a la vez que inversión pública que garantice una aplicación de calidad para el alumnado de los centros públicos.
El Estatuto introduce mejoras indiscutibles, como el establecimiento de un plan de formación individual y obligatorio para cada persona, el acceso al uso de los servicios de la empresa en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores, la compensación de dietas y gastos de desplazamiento, o la limitación de las prácticas extracurriculares en la universidad. Sin embargo, para que estas medidas tengan un impacto real, deben ir acompañadas de una memoria económica y un plan de financiación que garanticen su cumplimiento efectivo y sostenido en el tiempo. Solo así podrán contribuir no solo a una mejor calidad formativa, sino también a reducir las desigualdades estructurales que persisten en el acceso y desarrollo de las prácticas, especialmente aquellas que afectan a las mujeres jóvenes o migrantes, quienes continúan enfrentando mayores tasas de temporalidad, brechas salariales y menor acceso a oportunidades formativas de calidad.
Impacto en el sistema educativo: un importante avance que requiere financiación
El Estatuto afecta a los principales ámbitos formativos —formación profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, formación para el empleo y universidad—, donde las prácticas no laborales son la mayor parte de las prácticas.
Sin embargo, la falta de financiación y de personal para garantizar la tutorización desde el centro formativo, seguimiento y compensaciones al alumnado puede poner en riesgo su aplicación real.
Actualmente ya en los centros de Formación Profesional los tutores y tutoras se encuentran sin recursos y sin horas lectivas para hacer un seguimiento de calidad del alumnado en prácticas, sobretodo en la FP Dual general. A esto se les añade, en muchos casos, a estos tutores y/o coordinadores de FP la sobrecarga de la gestión a la Seguridad Social u otra derivada por parte de la empresa, que alega que tal gestión le supone un sobrecoste que no puede asumir.
Tampoco debemos olvidar la presión que sufren ya actualmente los centros de FP con la generalización de la dual, ante el reto de poder contar con una bolsa de empresas suficiente que garanticen una formación en la empresa de calidad, sobretodo en el grado básico y en los ciclos de grado medio, que se verá incrementado con la aplicación de esta normativa cuando entre en vigor.
El reto de garantizar unas prácticas no laborales de calidad en la FP Dual general con respeto a los derechos del alumnado en prácticas debe extenderse a todas las empresas, entidades u organizaciones que acojan alumnado, también y, sobre todo, a las administraciones públicas que deben ser el ejemplo para el resto de empresas.
En el ámbito universitario, la situación es especialmente preocupante, sin ya abundar en los posicionamientos de la CRUE ya conocidos y contrarios al proyecto de ley. Nos encontramos con:
- En la última década, la universidad privada ha crecido más de un 40% en alumnado y en número de centros, mientras que la pública se ha visto lastrada por recortes y falta de inversión estructural.
- La falta de becas y el traslado de costes al alumnado no sólo empuja hacia modelos privados o semiprivatizados, sino que, sobre todo, deja fuera del sistema a quienes no pueden asumir esos costes.
- Este Estatuto, sin una financiación que refuerce a las universidades públicas, puede terminar consolidando ese desequilibrio, en la calidad de las prácticas que se ofrezcan y realicen.
Compromiso con la juventud, la educación y la formación pública
La Federación de Enseñanza y con el impulso de la Secretaría de Juventud reafirmamos nuestra voluntad decidida de impulsar que este Estatuto avance con éxito en su tramitación parlamentaria, entendiendo que, pese a las deficiencias que aún deben resolverse, su aprobación representa una oportunidad real para mejorar la vida y las perspectivas de miles de personas en formación práctica. Nuestro compromiso es trabajar activamente para que se incorporen las mejoras pendientes, pero sin frenar un marco normativo que, con una correcta implementación y recursos suficientes, permitirá que las y los profesionales en formación vean reforzados sus derechos, su protección y la calidad de su aprendizaje.
Desde CCOO Enseñanza seguiremos trabajando para que las prácticas no laborales sean una herramienta justa y de aprendizaje real, con igualdad de oportunidades, financiación adecuada y control democrático.
El reto es garantizar unas prácticas realmente formativas y que toda la juventud, con independencia de su origen o capacidad económica, pueda acceder a ellas en condiciones de equidad.
