Opinión

Los aniversarios nos recuerdan los fracasos de la educación madrileña

Hace pocos días que celebramos el 25 aniversario de la constitución del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Cinco lustros atrás comenzó su andadura el máximo órgano de participación de la comunidad educativa madrileña. Un año antes se habían asumido las competencias educativas por nuestra comunidad autónoma y, obviamente, debía ponerse a funcionar en nuestro territorio este órgano colegiado de consulta, nacido para dar cumplimiento a los mandatos de participación de la comunidad educativa establecidos en el artículo 27 de la Constitución Española, al igual que, a nivel estatal, cumplía ya esa función el Consejo Escolar del Estado.

Las personas que, en calidad de consejeras y consejeros de este consejo, formaron parte del órgano el día de su primera sesión, describen la ilusión que tenían por participar en la construcción de un sistema educativo autonómico que debía coger un rumbo propio sobre la base del traspasado desde el Ministerio de Educación. Mucho por hacer, grandes temas por abordar, nuevas normativas que dictaminar, buena cantidad de propuestas y reivindicaciones que exponer, consensos que intentar lograr. En definitiva, se abría un nuevo periodo democrático en la educación madrileña en el que la comunidad educativa estaba llamada a participar para mejorarla todo lo posible.

Las demandas de entonces para mejorar la educación madrileña

Si se repasan las propuestas que se realizaban desde la sociedad madrileña, de boca de quienes representaban a los sectores que integran el consejo escolar, se pueden recordar reivindicaciones que no suenan desconocidas. Se necesitaba regulación propia para avanzar en muchos terrenos que una comunidad autónoma con plenas competencias podía abordar de forma directa e intensa. Era el momento de poner encima de la mesa todas las deficiencias del sistema educativo en nuestra comunidad autónoma, con la intención compartida de mejorarlo. Se había firmado el año anterior, en enero de 1.999, un gran acuerdo educativo con todas las organizaciones representativas de nuestra región, con un titular que hablaba de la mejora del sistema educativo y que, entre los compromisos firmados por todas las partes figuraba, precisamente, la puesta en marcha del consejo escolar autonómico.

Siendo un texto que fijaba un marco desde el que arrancar, firmado antes de que las competencias educativas hubieran sido transferidas, su contenido tenía un alto grado de ambigüedad, siempre presente en este tipo de acuerdos para que la Administración pública firmante tenga escape de los compromisos de actuación que supuestamente firma como vinculantes. Por ejemplo, el acuerdo indicaba que existía un consenso sobre que uno de los objetivos en la mejora del sistema educativo era “El compromiso de exigir y garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos, estarán sometidos a las mismas condiciones de control social”. Firmado sí, cumplido no. Nunca se ha tenido la intención de que se ajustaran a esa obligación; los sucesivos gobiernos autonómicos han incluso trabajado en línea opuesta, facilitando vías para zafarse de ese control social.

Pondré otro ejemplo, sobre el trabajo realizado en la dirección de otro punto expresado en el acuerdo: “Atención especial a la enseñanza pública por parte de la Administración Educativa regional responsable directa de la misma”. Dejo a quienes lean este artículo que saquen sus propias conclusiones.

Se hablaba también entonces, entre otras cosas, de: atender adecuadamente las necesidades de personal docente y no docente de los centros educativos; aumentar las ratios de docentes/alumnado y docentes/aulas; consolidar plantillas reduciendo la interinidad docente; dotar de socioeconómico material didáctico y libros de texto; implementar planes sistemáticos de formación del profesorado y del personal no docente; realizar el máximo aprovechamiento de las instalaciones de los centros educativos públicos, incrementando la oferta de servicios educativos y ampliando los horarios de apertura y cierre; reforzar la acción tutorial; y garantizar una oferta de formación profesional por distrito que conjugara la demanda existente, las circunstancias del entorno socioeconómico, y las necesidades de desarrollo en zonas o comarcas desprovistas de tejido industrial. No sé lo que pensarán, pero a mí me parece increíble que hayan pasado 25 años y sigamos pidiendo lo mismo.

Para hablar de incumplimientos es suficiente con recordar el artículo 27 de la Constitución

No seré original si hago ahora un cuaderno de quejas sobre lo acontecido con el artículo 27 de nuestra carta magna, porque ya existe una publicación sobre ello, en la que tuve la oportunidad y el placer de participar y cuya lectura recomiendo. Ni podría abordar en un artículo lo que en un libro específico solo podía apuntarse de forma poco extensa. Pero, no me resistiré a mencionar algunos que ocurren todos los cursos escolares sin excepción.

El apartado cuarto de este artículo habla de la gratuidad de la enseñanza básica. No se trata de un mandato condicionado a cuestión alguna, ya que de forma directa se estipula que esta enseñanza será obligatoria y absolutamente gratuita. Pero la realidad es muy diferente. Nunca han dejado las familias de pagar por estas enseñanzas. Muchas décadas teniendo que comprar todos los libros de texto y el resto de los materiales curriculares, por lo que siempre se destrozan las economías familiares con el inicio de cada curso. En algunas comunidades autónomas se consiguió la gratuidad de los libros al pasar a ser de préstamo, pero se han desandado esos caminos más rápido que se construyeron. En la de Madrid se aprobó una ley trampa, que se denomina de gratuidad cuando en realidad no pasa de ser de pago parcial para cubrir algunos libros, no todos, mientras que se conseguía de forma oculta el objetivo real: blindar la industria del libro de texto en papel.

Con el paso de los cursos, incluso la insuficiente cobertura inicial ha ido menguando, porque, al mantener los importes otorgados a los centros mientras que los libros aumentaban su precio, a las familias se les ha ido pidiendo de nuevo cada vez un esfuerzo mayor. Las listas de compra de “libros de trabajo”, separados de los que conservan la parte supuestamente no manipulable, se han incrementado, añadiéndose a la siempre exigida compra a las familias de materiales denominados “fungibles”. En resumen, que al empezar el curso se tiene que seguir poniendo dinero para aportar lo que la Consejería de Educación no cubre con los fondos públicos, a pesar de ser su obligación por mandato constitucional.

Como los centros no pueden, en teoría, pedir dinero a las familias para estas compras, nos hemos inventado como sociedad lo de las cooperativas. Un engendro que pone en problemas fiscales a más de una persona que se presta a figurar en cuentas bancarias abiertas a nombre de dos o tres personas del centro, o de cada aula. Los centros han encontrado en esta fórmula un escape no solo al incumplimiento legal, sino también a la gestión de este sistema, el cual hacen recaer en madres y padres. Los responsables de la Consejería de Educación, cuando les hablas de las cooperativas, ponen pose hipócrita y afirman desconocer de qué se les habla. Claro, si lo reconocieran demostrarían dos cosas: que son colaboradores necesarios del engaño a las familias, y que incumplen sus obligaciones legales por no garantizar la gratuidad de las enseñanzas obligatorias.

Pero no acaba ahí la cosa, porque a esto se suma el hecho de que los centros piden cada vez más dinero al inicio de cada curso escolar para cuestiones como folios para el uso del centro, fotocopias, sobres, sellos, y otros materiales cuya adquisición debería hacerse con los presupuestos de los centros educativos. Y, como la Consejería de Educación recorta cada vez más esos fondos, en lugar de que los equipos directivos le exijan siempre que lleguen los suficientes, se vuelven hacia las familias y hacen lo más fácil, pidiendo a estas que lo paguen. Cuando se les comenta a los responsables de la Consejería, de nuevo aparece esa pose hipócrita y afirman no saber algo que los centros difunden incluso en sus propias páginas web sin reparo alguno, esas que desde la Consejería se pide a la inspección que se revisen para ver si están los documentos que exigen que se encuentren en ellas para garantizar la famosa “libertad de elección de centro”, pero en cuya revisión nunca se descubren estos mensajes contrarios a la legislación vigente. ¡Qué cosas tiene la magia de la mirada selectiva! Y de que se pida a las familias y sus asociaciones el dinero que no pone la Consejería para climatizar y dotar de otros equipamientos a los centros educativos, mejor ya ni hablar. Tan solo llegar a sugerir que financien esto es otra ilegalidad, pero parece que ya no les importa hacerlo abiertamente a algunos, ni a otros aceptarlo como si realmente tuvieran la obligación de afrontar estos inaceptables e ilegales copagos.

Solo recordaré otro más de los apartados del artículo 27, el séptimo, en el que se reconoce tanto el derecho como la obligación de la comunidad educativa de realizar el control social de los centros educativos. No repetiré el análisis de lo que ocurre con los consejos escolares que ya hice en un artículo anterior en este mismo medio, pero sí quiero añadir a lo entonces dicho que la nueva moda es convocar, en los centros de infantil y primaria que tienen jornada partida, las reuniones de los consejos escolares sobre las doce y media de la mañana, y hay quien dice que como castigo a madres, padres y sus asociaciones por no haber sucumbido a las presiones para aceptar la jornada continua, pero, en todo caso, obviando que las presidencias de los consejos tienen la obligación legal de convocar cuando puedan asistir todas las personas que forman parte de ellos; repito, cuando puedan todas.

Reuniones que, además, duran apenas unos tres cuartos de hora, porque, entre que se empieza tarde al tener lógicamente que esperar a que lleguen los docentes tras la última hora lectiva de la mañana y que una hora después empieza su horario de comida, no se quiere dedicar más tiempo y, zas, cinco o seis puntos del orden del día a unos 5 o 7 minutos máximo cada uno; de debatir nada, de votar poco, y de ser útil el consejo, nada de nada. Si se critica esta forma de actuar, rápidamente se argumenta que ese es el tiempo del horario complementario, pero la norma no obliga a que sea en ese momento, porque este horario se organiza dentro de la autonomía del centro, eso sí, debiendo respetar obligaciones legales como la comentada. En los centros con jornada partida, la situación se repite en muchos casos, pero a las dos de la tarde. Elegir un horario de convocatoria que vulnera el derecho de participación del sector de familias no debería ni tan siquiera contemplarse, pero se hace constantemente sin que pase nada. ¡Todo un ejemplo “democrático” para las nuevas generaciones! De los horarios de la secundaria, para las tutorías, ni hablamos. Para los consejos escolares, pues hay de todo, como en la botica; tener séptimas horas lleva a tener que ver las cosas de otra forma.

Volviendo al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid sobre el trabajo a futuro

Propuse, en el acto de celebración del 25 aniversario antes mencionado, dos cuestiones que, en mi opinión, deben ser objetivos del Consejo Escolar autonómico, así como del resto de consejos. No sé si tendré éxito a futuro en la propuesta en el terreno madrileño, aunque al menos me llevé la alegría de saber que el Consejo Escolar de Euskadi está inmerso en ambas ideas.

La primera, que este órgano de participación de nuestra comunidad se convierta en un ejemplo de comportamiento democrático y de guía de funcionamiento e impulso vital para los consejos escolares de los centros educativos, porque, desafortunadamente y como he expresado con anterioridad en este y otros artículos, estos últimos son un fracaso democrático en muchos centros educativos. El consejo autonómico podría transmitirles información y formación de manera directa, así como convertirse en un espejo de actitud democrática, siendo que todo ello podría configurarse como un canal bidireccional virtuoso de mejora.

La segunda, conseguir que la Consejería de Educación retorne información al Consejo Escolar autonómico sobre qué llegó a realizar con las propuestas que este les hizo llegar a los responsables educativos autonómicos, porque un cuarto de siglo de propuestas realizadas para mejorar la educación merece que alguna vez se explique si sirvió para algo hacerlas. Y, una vez iniciado el camino, no habría motivo para abandonarlo y volver a guardar silencio como si este órgano de consulta preceptivo fuera otro espacio público más que ningunear de por vida. ¿No les parece?

Quizás haya personas que piensen que mejorar nuestros procedimientos democráticos en los órganos de participación de la comunidad educativa sea una idea que no les parezca necesaria, pero en una sociedad como la nuestra, donde hablar de respeto ha vuelto a ser una idea revolucionaria, y donde los sucesos contrarios a un estado democrático se visualizan frecuentemente, recuperar la democracia escolar no es que sea una tarea urgente, es que es imprescindible. Si no lo hacemos, no se sorprendan de que en algún momento la democracia en nuestro país ya no sea algo a defender y potenciar, sino a recuperar por haberla perdido.