Las posturas xenófobas e islamófobas del partido de extrema derecha dirigido por Santiago Abascal, están ganando el relato al Partido Popular, que compra sus postulados en varias comunidades autónomas.
Desde los 80 existe un acuerdo entre Marruecos y España para que el otro favorezca a su diáspora. El país magrebí manda y paga docentes para el desarrollo, en clases voluntarias y extraescolares, de lengua árabe y cultura marroquí. También para la enseñanza de preceptos de la religión islámica.
Falta de «control»
La Comunidad de Madrid inauguró la batalla contra el Gobierno central y ya en el curso pasado suprimió el programa en su territorio aduciendo la falta de control por parte de España de este profesorado al que, como se decía, paga y forma Marruecos.
Eso sí, mantiene programas idénticos para alumnado búlgaro, portugués, rumano y polaco. En todos los casos, la Comunidad cede los espacios y el profesorado depende de las embajadas de sus respectivos países.
Meses después, otras tres comunidades, gobernadas en minoría por el PP con acuerdos con Vox, ha pasado por el aro xenófobo.
Extremadura ha sido la última. Acaba de eliminar el programa. Pretendía mantenerlo pero fuera de los centros educativos. El problema es que el acuerdo con Marruecos estipula que sean clases extraescolares dentro de colegios o institutos.
La Comunidad, gobernada en minoría por el PP, mantiene, como Madrid, un programa de lengua y cultura portuguesa desde hace décadas sin que haya habido ningún problema como en el caso del marroquí.
La contrapartida para España es similar, mantener el español como optativa en las enseñanzas primaria y secundaria del país vecino.
Aragón, un poco antes que Extremadura, basó la eliminación del programa, recordemos, gratuito para la consejería y para las y los usuarios, en la falta de control por parte del Estado Español sobre el profesorado que envía Marruecos.
Juanma Moreno, presidente de Andalucía, también gracias a un acuerdo de investidura con Vox, ya anunció hace meses que suprimirá el programa, al que están acogidos cerca de 2.000 chicas y chicos, en el curso 2027.28.
El acuerdo firmado por PP y Vox en Sevilla habla de evitar la injerencia de estados extranjeros en la educación andaluza, así como evitar el adoctrinamiento de chicas y chicos.
Lola Gil, directora de un centro en Huelva lleva años trabajando con este profesorado, que acude por las tardes a su centro, a atender a entre 10 y 15 chavales. Lo hacen en horario extraescolar, mientras se desarrollan las clases de los PROA+ en el centro.
Asegura esta docente que el docente se limita a dar su clase de árabe, que no se produce ninguna clase de adoctrinamiento.
Defiende el programa porque estos chavales llegan a España hablando árabe, pero no escribiéndolo. Les supone un ligazón con su país de origen y les facilita que, cuando van allí de vacaciones, no se sientan extranjeros.
Además, a ella le supone una ayuda extra, puesto que el docente, por las mañanas, les ayuda a la hora de comunicarse con las familias recién llegadas al centro y que no hablan español.
Desde el Ministerio de Educación se asegura que se trata de decisiones políticas sobre programas voluntarios.
Aulas ALCE
España tiene un programa análogo, el de las Aulas de Lengua y cultura española, conocidas como Aulas ALCE, en diferentes países europeos.
El programa está pensado para las y los hijos de españoles migrados a dichos países e intenta que tengan acceso a la cultura y el idioma español de primera mano, más allá de sus casas.
El programa lo imparten docentes funcionarios españoles mediante las embajadas en el extranjero.
El único problema es que cada año se en reducidas en número y recursos, o que provoca siempre tiranteces con la población española que reside en el extranjero.
Otros países mantienen programas similares,. Desde el acuerto entre Turquía y Alemania, muy similar al hispanomarroquí en forma y fondo, pasando por los «corsi di lingua e cultura italiana all’estero» desarrollados por Italia en diferentes instituciones; el Ensino Português no Estrangeiro de Portugal; o los acuerdos firmados con Bulgaria, Polonia o Rumanía en Madrid.
