Durante 36 años y medio, la política educativa de Andalucía venía diseñada por los socialistas. Ningún otro partido ha gobernado esta comunidad hasta hace apenas unos meses cuando, tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, los partidos conservadores sumaron por primera vez más votos y diputados que los progresistas. El resultado es una carambola política complicada que tendrá un efecto imprevisible en el sistema educativo andaluz: hay un Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sobre la base de un acuerdo político de 90 medidas. Pero a la vez, hay otro acuerdo paralelo de PP con Vox, una formación nueva que, con 12 diputados, será clave para la aprobación de cualquier medida, cualquier ley del Gobierno.
La educación en Andalucía está a punto de girar 180 grados, pero aún es pronto para saber si será un volantazo o un giro suave y prolongado. Eso dependerá de cuál de los dos socios del PP haga valer más su peso político. Los tres se necesitan mutuamente para seguir gobernando. Vox, por ejemplo, ha empezado por plantear la devolución de las competencias educativas al Ministerio, una propuesta que también hizo suya el líder nacional del PP, Pablo Casado, durante la campaña de las andaluzas. Ahora que en el Palacio de San Telmo se ha instalado el primer presidente andaluz del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, esa propuesta ha sido desechada.
España está inmersa en un largo ciclo electoral, que arrancó con las andaluzas y seguirá con las generales del 28 de abril y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Todo el mundo, desde la derecha a la izquierda, ha reconocido en el resultado de las andaluzas un reflejo de lo que puede ocurrir en el resto del país. PP, Cs y Vox representan al voto conservador fragmentado que, sin embargo, ha sabido reunificarse para desalojar del poder al PSOE. El plan es el mismo para los ayuntamientos, las comunidades y para Moncloa, según han reconocido los líderes de estos tres partidos. De modo que muchos tienen la mirada puesta en el nuevo Gobierno andaluz para saber qué les depara este acuerdo tripartito si la fórmula se exporta al resto de España. Pero hay dos matices a tener en cuenta: el primero es que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos no empezará a desarrollar abiertamente su agenda política hasta que hayan pasado, al menos, las elecciones generales.
El otro matiz es que no hace falta esperar a entonces para saber cómo va a cambiar el sistema educativo andaluz, porque en este caso, no se trata de exportar el modelo, sino de importarlo. El Gobierno de Moreno Bonilla se mira, sobre todo, en la comunidad de Madrid, tanto para calcar la política fiscal, como sanitaria y educativa. Ciudadanos nunca ha gobernado una autonomía, pero los populares sí. Hasta ahora siempre han defendido en el Parlamento andaluz medidas que aplicaban los suyos allí donde gobernaban, con Madrid y Castilla y León como referentes a seguir. Los populares vienen a desmontar lo que llevan años criticando, esa política educativa del PSOE en la que los valores de equidad y la defensa de lo público han “mermado las posibilidades de crecimiento de la educación andaluza”.
El nuevo Gobierno andaluz tiene 11 consejerías, repartidas a medias entre el PP y Ciudadanos. La consejería de Educación ha caído en manos del partido de Albert Rivera, que ha colocado al frente a uno de sus fichajes estrella, el ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda. Imbroda, uno de los miembros con más carisma y determinación del Ejecutivo, es doctor en Ciencias de la Educación. En su primera comparecencia en el Parlamento andaluz, ha presentado un decálogo de objetivos y proyectos que resumen los puntos en común entre el programa del PP y de Ciudadanos, que son muchos.
Por ejemplo, el diseño de la escolarización en Andalucía, que durante cuatro décadas ha mantenido un equilibrio del 80% de la red pública y el 20% de la concertada, será revisado desde otro punto de vista, a saber: el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Esto, en el argot político-educativo, significa que el nuevo Gobierno retirará los topes que tenía el anterior a la hora de conceder conciertos a las escuelas católicas.
Andalucía no ha tenido nunca problemas de plazas, siempre han sobrado y ocho de cada diez familias matriculaba a su hijo de 3 años en el colegio elegido en primera opción. Pero siempre ha habido un nutrido grupo de padres que no lograba plaza en el centro privado-concertado elegido para su crío, y el nuevo Ejecutivo tendrá muy en cuenta esa sensibilidad en el nuevo mapa de escolarización. No se hará este año -porque la matriculación en marzo ya está en marcha- pero sí el curso que viene. Está por ver cómo lo hacen. Vox, por ejemplo, ha hecho firmar al PP en su acuerdo de investidura que se eliminará la zonificación escolar para que haya distrito único en las ciudades, una situación que puede generar bastantes problemas de planificación.
El PSOE, ahora desde la oposición, denuncia ya que Imbroda quiere abrir la puerta a la privatización de la escuela, con el avance de la red concertada, como ha ocurrido en Madrid. En efecto, el nuevo consejero ya ha confirmado que pretende extender los conciertos al Bachillerato y solucionar el déficit de centros de Formación Profesional -cada año quedan sin plaza en torno a 30.000 personas- concertando más unidades de FP. La Junta quiere también extender el Bachillerato Internacional a todas las provincias andaluzas (ahora sólo se imparte en un instituto público de Sevilla).
El consejero de Ciudadanos, como su predecesora del PSOE, también utiliza el modelo alemán a la hora de vender la FP dual como esquema a seguir. Los inconvenientes son los mismos: las empresas andaluzas o españolas son en un 98% pymes (pequeñas y medianas empresas). En Alemania, los empresarios pagan las prácticas de los alumnos de FP, mientras que en España no se ha desarrollado ahora ese modelo. De entrada, se ha anunciado la creación de “un equipo de trabajo» pilotado por la Consejería de Educación junto a las de Empleo y Economía “para dar empleabilidad a los alumnos de FP”.
Otro de los imponderables de la política educativa de PP y Ciudadanos es aprobar un decreto para que el profesor sea autoridad pública, igual que los médicos. Una medida con la que pretenden combatir los casos de violencia escolar. El acuerdo político también incluye propuestas que ya defendían los socialistas, como la equiparación salarial de los funcionarios docentes de Andalucía con la media nacional, o la universalización de la educación gratuita de cero a tres años. Puede que ésta última sea la promesa más concreta de todas las que ha asumido el nuevo Gobierno, sobre todo porque el compromiso es lograrlo en esta legislatura. En la actualidad, la red de guarderías -o escuelas infantiles- cubren el 48,57% de la población escolar de 0 a 3 años.
Para antes de verano, y envuelto en el capítulo de promesas ligadas al contexto electoral, Imbroda ha prometio un plan piloto de refuerzos educativos contra el abandono escolar. En Andalucía la tasa de jóvenes que deja los estudios después de la Secundaria obligatoria alcanza el 22,5% del total, cuando el objetivo fijado por la Comisión Europea es reducirlo por debajo del 10% antes de 2020. La consejería va a utilizar fondos europeos con carácter finalista para poner en marcha un “plan de choque” contra el abandono escolar temprano, que serán clases de refuerzo en matemáticas, inglés y lengua durante el mes de julio para unos 100.000 alumnos de Primaria (en esta etapa hay 814.000 niños matriculados en Andalucía). El coste estimado es de 11 millones de euros, aunque ya están barajando extenderlo a todo el verano. Las familias beneficiarias tendrán que pagar una “cuota simbólica” de un euro al día por su hijo, si lo seleccionan para las clases de refuerzo.
La Consejería de Educación -que asume también las competencias de Deportes- es uno de los departamentos que ha sufrido una renovación casi integral. Imbroda ha mantenido a algunos directores generales del anterior consejera socialista, pero pocos, los que tienen “un perfil más técnico y menos político”. Una de las máximas del nuevo titular de la cartera es que viene a “despolitizar la educación”, una tarea compleja, porque la dirección regional del PSOE siempre ha considerado que “la verdadera política es la educación”. Una de las primeras decisiones de Imbroda venía enmarcada en un compromiso general de Ciudadanos de adelgazar el sector instrumental de la Junta, esto es, las agencias, fundaciones y empresas públicas vinculadas a cada consejería. En Educación han fulminado la Agencia de Evaluación Educativa, un ente instrumental que coordinaba las pruebas de diagnóstico en Secundaria, la prueba Escala en Primaria y los resultados del informe Pisa, además de elaborar informes sobre programas escolares concretos (el último de ellos sobre el Plan de Plurilingüismo). Las tareas de esta agencia las asume ahora una Dirección General de Evaluación Educativa. Ésta, como todas, ha sido una decisión política que ilustra el viraje en la gestión del sistema educativo andaluz.