La gobernabilidad en la Comunidad de Madrid pende de un hilo. Y el colectivo LGTBI se encuentra en el centro de la diana. Al menos, eso se desprende de las exigencias del partido de Abascal. La extrema derecha quiere que se redacte un acuerdo programático para facilitar la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid. Entre sus imposiciones se encuentran las leyes que defienden al colectivo LGTBI, aprobadas por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en 2016.
Una de estas leyes, la 3/2016 contiene un capítulo completo dedicado a las acciones dentro del sistema educativo que pretenden, entre otras cosas defender a niñas y niños LGTBI de situaciones de acoso por su condición dentro de las aulas. Se trata del capítulo XI.
Se trata de los artículos del 29 al 36. Entre las medidas que defiende este texto está la creación de un Plan integral sobre educación y diversidad en el que deberá tratarse la prevención de situaciones de acoso. También recoge la obligación de que la Comunidad promueva «actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, para poder dotar de una visibilidad a esta realidad tradicionalmente escondida en el ámbito escolar».
La eliminación de estos y otros artículos casa con la petición programática de VOX de crear un PIN parental para que las familias tengan que dar su consentimiento expreso para que sus hijos reciban o no determinados contenidos en la escuela cuando entiendan madres y padres que son contrarios a sus creencias.
Otros artículos de esta misma ley imponen que, teniendo en cuenta las competencias de la Comunidad, se introduzcan contenidos pedagógicos para «el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI», así como la creación de protocolos en todos los centros, públicos y privados, para «detectar, prevenir y corregir acciones de discriminación o acoso hacia menores LGTBI».
Los de Abascal también pretenden que el nuevo Gobierno regional elimine la posibilidad de que las realidades de las personas no heterosexuales tengan cabida alguna en el curriculo escolar, así como que evite contenidos que puedan ser discriminatorios.
Además de esto, quieren que no haya formación docente que garantice «que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI se haga efectivo y no se produzcan situaciones de discriminación o indefensión». Y, por último, quieren evitar otro artículo dedicado a la protección del profesorado madrileño «en razón de su orientación sexual e identidad o expresión de género».
La candidata a presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguró hace unos días que está dispuesta a revisar la legislación autonómica en relación al colectivo LGTBI. «Todo lo que sea regresar es un grave error y no quiero hacerlo. Otra cosa es si consideran que dentro de la ley hay aspectos que se pueden mejorar, se puede tratar», aseguraba la dirigente popular, según informaba eldiario.es.
Al mismo tiempo, el lider de Ciudadanos en la Comunidad, Ignacio Aguado, aseguraba que: «No vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad, que frivolicen con la violencia, que estigmaticen a los inmigrantes o que ataquen al colectivo LGTBI con las conquistas que se han hecho con tanto esfuerzo».
De nuevo, el PP se ve en la difícil disyuntiva de negociar con VOX medidas muy polémicas que pretendern disminuir los derechos de parte de la población. En este caso, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales…
