Conocí en Granada, donde participaba, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad, en un curso sobre neoliberalismo educativo, la denominada Ley Aragonés. No sabía nada al respecto, porque, al parecer, ha nacido y crecido en la sombra, en silencio y casi con nocturnidad y alevosía y sin que los medios de comunicación se hagan prácticamente eco de lo que supone. Pues bien, supe de ella, a través de otra ponente del curso, Belén Tascón, de Asociaciones Federadas de Familias de Alumnado de Cataluña (antigua FaPaC), que defienden una educación pública, de calidad, catalana, laica, equitativa, inclusiva, gratuita, democrática, coeducativa, ambientalmente sostenible y feminista.
Ella también participaba en el curso y explicó cómo esta Ley pretende “blindar la provisión de servicios desde el mercado. Es decir, la externalización de servicios públicos que ahora se prestan bajo la forma de gestión pública directa y, aquellos que ahora no son públicos, someterlos al régimen de contratación, creando así nuevos nichos de mercado y una demanda cautiva”. Servicios como la educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza (expresión con una ambigüedad intencionada, que deja la puerta abierta a la privatización de cualquier servicio educativo). Donde se incluyen los servicios de acogida, las actividades extraescolares y el tiempo de mediodía que, como dice la FaPaC, pagan las propias familias y que ahora tendrán que seguir pagando a las empresas adjudicatarias, escogidas por la Administración Pública.
Esta “arma de destrucción masiva”, como la califica Javier Larrauri, llamada Ley de Contratos de Servicios a la Personas (LCSP) está impulsada por ERC (ahora Grupo Republicano, eliminado su primer término “Esquerra”-Izquierda- de su nombre) y el vice president y conseller d’Economia, Pere Aragonés, y es apoyada por casi todos los grupos, excepto la CUP y En Comú Podem.
Todas las críticas hacia la norma, hasta ahora, han sido contestadas alegando que quienes la cuestionan es porque “no se han leído la ley”. Dado que, según sus promotores, es una “Ley Anti-Florentino” que incorpora cláusulas sociales. Como si las empresas de Florentino Pérez fueran las únicas peligrosas a la hora de convertir en negocio los servicios públicos, como dice Larrauri, o como si no establecieran que cláusulas sociales, que son muy subjetivas, pueden ser no incluidas (pues no son obligatorias) o no cumplidas (pues no hay mecanismos de exigencia de las mismas). Pero el problema es que nada varían del fondo del asunto: que con esta Ley se privatiza y precariza la educación y los servicios.
Esta ley no es nada nuevo en el panorama catalán: continúa el proceso privatizador que se implantó en Cataluña, con la ya de por sí radicalmente neoliberal Ley de Educación de Catalunya (LEC). La LCSP lo que hace es profundizar, blindar, radicalizar y extender aún más todavía el carácter neoliberal a todos los servicios públicos. Esconde realmente un verdadero plan a gran escala de privatización de los servicios públicos que conlleva precariedad laboral y priorización del beneficio económico por encima de la atención y prestación del servicio.
Lo que nos tenemos que preguntar es por qué hay que privatizar los servicios públicos. A qué se debe este afán del grupo republicano, el partido socialista catalán y los grupos políticos de la derecha de Cataluña por privatizar y mercantilizar lo público, lo común, lo de todos y todas.
El modelo neoliberal parte de una premisa falsa y un dogma de fe recurrente: que, frente al servicio público, las empresas privadas ofrecen “buena calidad” y “bajos costes”. A pesar de que todas las evidencias y pruebas en las últimas décadas señalan justamente en sentido totalmente contrario. Así lo ha denunciado recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo que ha criticado duramente la participación privada en infraestructuras y servicios públicos dado que provoca “insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes”. Pero no tenemos más que echar un vistazo a la hemeroteca de la corrupción y el “pelotazo” en la prensa y los medios de comunicación, para apreciarlo por simple sentido común.
Cualquier servicio público educativo que acaba en manos privadas incluye el beneficio económico, beneficio que no opera cuando el servicio lo presta directamente la Administración Pública. Lo cual encarece el servicio y aparecen los copagos. También afecta a la calidad, porque mercantilizar un servicio público lo somete a la exigencia de “reducción de costes” por la ley de la competencia del mercado. Las grandes empresas tratan de convertirlo en “competitivo” recortando costes, mediante subcontrataciones a sub-empresas presionando más por abaratar (como Zara cuando externaliza su producción a las maquilas brasileñas), mediante la precarización de las condiciones y calidad de la prestación, con recortes de plantilla y despidos, con bajadas de salarios y contrataciones a tiempo parcial, es decir, con agudización de la ultra-precariedad, en detrimento de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los y de las trabajadoras y profesionales que los desempeñan.
Pero además, en educación, como explica Pedro Mercadé, es susceptible, como vemos en tantos conciertos educativos, a la discriminación en la contratación laboral por razón de origen, sexo, género, ideológico, sindical, etc. Y tampoco queda exento, igualmente, de prestarse con intenciones adoctrinadoras de tipo religioso, ideológico u otros. No hay más que constatar la profunda y constante intromisión de muchas fundaciones supuestamente «sin ánimo de lucro» de tipo religioso o de entidades bancarias y financieras en el mundo educativo (Geo Saura, 2016).
Pero la “teología neoliberal” es inquebrantable, en contra de todas las evidencias. Está asentada en una fe fanática y talibán que considera indiscutible e intocable. Y, a pesar de que proclamen que es una Ley Anti-Florentino, lo cierto es que, como hemos visto en la larga lista de episodios de corrupción en las últimas décadas por todo el territorio del Estado, lo que parece esconder en muchos casos son intereses muy ligados a los consejos de administración de las empresas afines a los mandatarios que predican esta nueva fe. Gestores públicos que han entrado en la política para legislar en pro de sus afines y patrocinadores, que luego les premian, mediante “puertas giratorias” con puestos en sus consejos de administración o acciones de sus empresas.
Aunque utilizan como excusa una directiva comunitaria, la 24/2014, esta “directiva” solo insta a que los gobiernos den un marco jurídico a la prestación de estos servicios directos a la ciudadanía, pero en ningún momento obliga a privatizarlos. De hecho, estipula taxativamente que «ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios que deseen prestar por ellos mismos…» y es una decisión política que corresponde a cada administración decidir si gestiona por sí misma o privatiza y subcontrata los servicios. Tampoco es cierto que estén obligados por “el Estado español”, a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, porque esta normativa estatal simplemente transpone la Directiva europea y, por tanto, deja que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, elijan cómo prestar estos servicios.
Como explica Toni Barbará, este es un proyecto de Esquerra Republicana que está privatizando más de lo que había hecho en su momento la derecha, con el eufemismo ahora de la “colaboración público-privada”, que no es más que otro término, en neolenguaje neoliberal, de hablar de privatización y mercantilización de lo público, de lo común, de los bienes colectivos, al servicio de los beneficios y el negocio de unos pocos.
Por eso debemos apoyar, desde las mareas verdes y las mareas por la educación pública, desde los sindicatos de educación y las plataformas en defensa de la educación pública, desde los movimientos de renovación pedagógica y los colectivos educativos progresistas, que conforman “Redes por una nueva política educativa”, a los movimientos sociales catalanes, a la Plataforma “Aturem la Llei Aragonès” y a los partidos que están luchando contra la privatización de servicios públicos y este anteproyecto de ley y exigir una ley que garantice la gestión pública y directa de todos los servicios públicos con garantías y control social.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla y Uni-Digna.
