En Colombia ya hace casi 70 años que guerrilleros y paramilitares, valga decir, insurgencia y contrainsurgencia, se pelean. Una violencia que perdura incluso después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llevada a cabo en el 2006, y del Acuerdo Final de Paz alcanzado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. A pesar de las desmovilizaciones de combatientes, en Colombia se han superado, solo en 2020, los 250 asesinatos de líderes sociales y se cuentan más de 80 masacres.
La violencia paraestatal en Colombia es de vieja data. El investigador Renán Vega Cantor dice que en Colombia antes de que hubiera subversión hubo contrainsurgencia. Según Vega, autor del ensayo La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado (2015), en las primeras décadas del Siglo XX el anticomunismo nació antes de que emergiera cualquier movimiento que se denominara comunista y, de igual forma, la contrainsurgencia surge antes de que existan los movimientos guerrilleros.
La contrainsurgencia, como práctica antisubversiva y como doctrina, se usó desde la década de los 50 del siglo pasado. La popularizaron los franceses en Vietnam y luego en Argelia. Posteriormente, en los 60, los Estados Unidos la acogieron como estrategia integral en su particular visión de la seguridad hemisférica, particularmente para América Latina.
El paramilitarismo, cuya sevicia marcó para siempre la memoria colectiva de los colombianos, es producto de esas dos contrainsurgencias. Por un lado, la nativa, que se empezó a aplicar hace cien años, “con el fin de reprimir las protestas sociales y destruir los emergentes movimientos políticos de izquierda”, según recoge Vega en el citado ensayo escrito para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV). Por otro lado, la contrainsurgencia moderna, promovida por los Estados Unidos y aplicada particularmente en Colombia a través del denominado “Plan LASO” (Latin American Security Operation).
Limpios y comunes, el embrión de paramilitares y guerrilleros
El departamento del Tolima, ubicado en la zona transandina del país, es ampliamente reconocido en diversas representaciones de la guerra colombiana, porque en el extremo sur de su territorio, en Marquetalia, nacieron las FARC.
El Tolima se caracteriza por “la carencia de instituciones gubernamentales, por la desigualdad social, por el desarrollo desequilibrado y por la pobreza generalizada”, como explica Pamela Zúñiga en su análisis sobre la complejidad socio-ecológica del Tolima: Identificación de los vínculos entre paisaje, socioeconomía y conflicto armado. Sin embargo, en esta zona no solo nació la guerrilla, también fue desde mediados del siglo XX un laboratorio para la práctica de los manuales de contrainsurgencia, especialmente en lo tocante a la relación orgánica entre civiles y militares para enfrentar a las guerrillas.
El territorio tolimense ha sido escenario de varios periodos de intensa violencia. En los años 1930 y 1940 ocurrieron conflictos entre campesinos y hacendados. Una década después, campesinos liberales y comunistas se refugiaron en las montañas del sur y del oriente, en donde constituyeron organizaciones de autodefensa para enfrentar a los conservadores en el gobierno. Para 1950, los primeros se convirtieron en limpios, siguiendo las directrices del Partido Liberal, y en comunes los segundos, militantes del Partido Comunista.
Para entonces se desató una disputa entre los limpios y los comunes quienes, además, se enfrentaron a las fuerzas armadas, aliadas a los limpios. Todo ello, en el contexto de los escenarios de amnistía, desmovilización y rehabilitación promovidos desde el Estado: primero por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957), y luego por el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958 – 1962), que dio entrada al pacto de exclusión política colombiano denominado Frente Nacional.
La alianza entre los limpios y el Ejército se legalizó en 1965, cuando el presidente Guillermo León Valencia —también dentro del periodo del Frente Nacional— expidió el Decreto 3398, “por el cual se organiza la defensa nacional”, en el que se señalaba que la “movilización y la defensa civil (…) corresponden a la Nación entera” y obligaba a los particulares a participar en la defensa del país. El mismo año, Valencia ordenó la operación militar a Marquetalia, zona de control de los comunes, quienes, tras la arremetida del Estado, se convirtieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Tal fue el piso jurídico y político sobre el que los militares entrenaron y armaron a civiles para formar grupos paramilitares de autodefensa que apoyarán, desde entonces, la lucha contrainsurgente. Esa norma se convertiría en legislación permanente por medio de la Ley 48 de 1968, expedida durante el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970).
De acuerdo con la información recogida en el libro Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, escrito por los investigadores Juan Esteban Ugarriza y Nathalie Pabón Ayala en 2017, el Reglamento de guerrillas y contraguerrillas del Ejército (1968) establecía que “la junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate (…) la junta de autodefensa debe tener un control directo de la unidad militar de la zona de combate y para ello el comandante designa un oficial o un suboficial encargado de transmitir las órdenes correspondientes y de entrenar la agrupación”.
De manera que el paramilitarismo nacía a la par con la guerrilla que, en teoría, debía confrontar. Veinte años después, en todo el sur del Tolima operaban tres grupos de paramilitares, bien articulados con la Fuerza Pública, que serían la base para la creación del Bloque Tolima que operó con fuerza en el sur en la década de los 90.
Por su parte, el Frente Omar Isaza, la organización paramilitar del norte del Tolima, procedía de dos generaciones de organizaciones delincuenciales que a partir de los años 80 se ensañaron contra el partido político Unión Patriótica, una organización política creada para garantizar la participación política de la guerrilla de las FARC, tras el inicio de los diálogos de paz con el gobierno nacional en 1984.
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Una estrategia estatal de contrainsurgencia
El Bloque Tolima y el Frente Omar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio constituyen un buen ejemplo de la manera como el Estado colombiano aplicó el discurso y la práctica contrainsurgente para enfrentar a las guerrillas, y del inmenso costo que esta política tuvo para la población civil.
De acuerdo con dos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica ambas expresiones paramilitares tuvieron desde sus orígenes importantes conexiones con el Estado a través de sus agentes civiles y militares. En el Tolima, varios alcaldes, dos Representantes a la Cámara y un Senador fueron procesados por “parapolítica” porque ganaron elecciones gracias a los votos que les pusieron los paramilitares en las zonas de su control.
En el caso de las Fuerzas Armadas, el informe De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC) muestra que existió una política oficial de connivencia con los paramilitares, los cuales contaron con entrenamiento y armamento para enfrentar a la guerrilla. Ya sea porque omitían su función constitucional de proteger a la población —la policía no hacía nada frente a los crímenes y el control social que ejercían los “paras” en los municipios— o porque operaban con los “paracos”, la Fuerza Pública fue indulgente con estos grupos.
Por su parte, en Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el segundo informe del CNMH, se afirma que el entonces Senador, Alberto Santofimio — condenado por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento— tuvo que interceder ante los jefes paramilitares para que no asesinaran a los militantes del partido Unión Patriótica.
Estas dos expresiones contemporáneas del paramilitarismo se unificaron en torno al proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de los 90, para después disolverse en 2006 con la Ley de Justicia y Paz, promovida durante el gobierno de Álvaro Uribe, una Ley criticada por grupos de derechos humanos y por las Naciones Unidas, por ser demasiado generosa con los desmovilizados. El proceso de desmovilización de las AUC dejó posteriores grupos disidentes y neoparamilitares.
Los últimos informes de la Defensoría del Pueblo en Alertas Tempranas denuncian que en el sur del Tolima se reporta la presencia actual de grupos armados —¿una nueva forma de lucha de insurgencia y contrainsurgencia en Colombia?— tal y como recoge el informe del Centro de Estudios Regionales (CERE) de la Universidad del Tolima Nuevas y viejas violencias. Desafíos para la No Repetición del conflicto armado en el sur del Tolima.
Extorsiones, panfletos amenazantes contra líderes sociales, reclutamiento forzado, asesinatos de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, tráfico de drogas y desplazamiento forzado por intimidación son algunos de los rastros de violencia que perduran en esta zona montañosa del centro de Colombia, donde la violencia se remonta a los años treinta del siglo XX.
La memoria histórica de los crímenes del paramilitarismo
El accionar de los paramilitares en el Tolima durante décadas dejó un rastro de numerosos crímenes hacia la población civil. El 15 de septiembre de 2001, un grupo de paramilitares irrumpió violentamente en el corregimiento de Frías, en Falán, en el norte del Tolima. Ese día mataron a nueve personas en un billar y se llevaron a dos hombres a quienes torturaron en la vía que conduce a Mariquita. El camino de la muerte terminó en el cruce de San Pedro, en donde asesinaron a otras dos personas. Esa noche se celebraba el día del amor y la amistad.
La “masacre de Frías” es una de las acciones atribuidas al Frente Omar Isaza. En su registro criminal se cuentan los asesinatos colectivos de “Cazadores”, 11 víctimas; “Pescadores”, 7 víctimas; “La Parroquia”, 8 víctimas, y 34 masacres más entre el oriente de Caldas y el norte del Tolima. En el centro y sur del departamento, el Bloque Tolima no se quedó atrás en el umbral del terror. Se le atribuyen al menos 21 masacres, en las que fueron asesinadas casi un centenar de personas: 77 hombres, 9 mujeres y 2 menores de edad.
Mientras estuvieron en la guerra, la justificación de los paramilitares para atacar a la población civil siempre fue la misma: “auxiliadores de la guerrilla”, “ladrones”, “drogadictos”, “prostitutas”, “indeseables”. No obstante, en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, construidos con base en los testimonios de los mismos paramilitares durante su proceso de desmovilización, queda claro que se trató de una estrategia de terror, cuyo objetivo era hacerse con el control de territorios estratégicos, ya sea por su potencial económico (hidrocarburos, extorsión o microtráfico) o por la presencia de la guerrilla en esas zonas.
El objetivo de los paramilitares, financiados por hacendados víctimas de la extorsión de las FARC y el ELN, y algunas veces con el apoyo de la Fuerza Pública, era contener el avance de las guerrillas. Sin embargo, sus expresiones de terror nunca se dirigieron contra los combatientes, las víctimas siempre fueron personas desarmadas.
Las víctimas de los paramilitares, a la espera de la reparación
Las víctimas han sufrido la revictimización y la indiferencia. La Ley de Justicia y Paz a través de la cual se desmovilizaron los paramilitares, no les garantizó la reparación efectiva, y tampoco la no repetición.
De acuerdo con el Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, las desmovilizaciones de las estructuras paramilitares fueron más una puesta en escena, se rearmaron varias estructuras que aún delinquen y las cifras de violencia, especialmente en el sur del Tolima, son todavía altas. Lo mínimo que podían hacer las autoridades, que es la solicitud de disculpas públicas, se ha hecho de malas maneras, como en el caso de Frías, en donde la placa conmemorativa de los hechos ni siquiera fue consultada con las víctimas.
La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, no da abasto. Hoy por hoy, las víctimas del paramilitarismo continúan sin reconocimiento, sin reparación y sin las debidas garantías para la no repetición. Especialmente, después del alarmante repunte de la violencia en el departamento en los dos últimos años, después de la tregua de tranquilidad alcanzada con el Acuerdo Final de Paz.
“Solidaridad, es lo único que podemos esperar”, dijo doña Luz Mary Gómez, sobreviviente del terror del Frente Omar Isaza, en la presentación de los informes del CERE, realizada hace pocos días en la Universidad del Tolima.
Andrés Tafur Villarreal – Director del Centro de Estudios Regionales (CERE – Universidad del Tolima, Colombia)
