«Llevamos dos años luchando» dice María, madre de Adrián, a las puertas del CEIP Francisco de Quevedo de Leganés.
Su hijo Adrián, desde el pasado 15 de noviembre, ya no es alumno del centro; ahora está matriculado en el colegio de educación especial Alfonso X el Sabio.
Desde el segundo año de educación infantil 3-6 ha habido intentos para que Adrián dejara el centro ordinario. El último, en el mes de marzo, según relata la propia María. Entonces fue convocadaa una reunión, según pensaba ella, para hacer el informe para el paso a la primaria este curso.
La sorpresa fue que en realidad el informe psicopedagógico que le presentaron decía que Adrián debería estar escolarizado en un centro de educación especial.
María mostró su desconfianza y denunció, con la ayuda de la asociación SOTCOM, por la vía contencioso.administrativa. Al mismo tiempo que pedían medidas cautelares para evitar el cambio del colegio antes de que el contencioso estuviera resuelto.
Las medidas cautelares fueron rechazadas y, hace unos días, la directora del CEIP anunció a María el traslado ordenado por la Consejería de Educación.
Entornos discapacitantes
Varias decenas de personas se concentraron frente al Francisco de Quevedo con pancartas y carteles en los que reclaman inclusión en los centros educativos de la Comunidad. También el derecho a las familias a elegir el centro en el que quieren que estén matriculados sus hijas e hijos. Reclaman a Educación los recursos necesario para que Adrián pueda estar matriculado en el centro ordinario.
Desde Educación aseguran que la decisión del cambio a un colegio de educación especial no ha tenido más motivación que el informe pscopedagógico que así lo reclamaba en marzo. Según fuentes de la Consejería, el cambio era necesario para que el niño pudieses desarrollar todas sus capacidades, algo que no estaba garantizado en el Francisco de Quevedo.
En la concentración, a la que asistieron representantes de diferentes asociaciones y plafatormas, como TEAIncluye o de la ILP Inclusiva, que ha llevado a la Mesa de la Asamblea de Madrid, después de dos años de trabajo, un texto, consensuado y aprobado más casi 40 ayuntamiento de la Comunidad en el que se reclama una nueva política de escolarización que promueva una mayor inversión para la inclusicón, así como una planificación mayor.
Fuentes de la plataforma ILP Inclusiva aseguran que existen «entornos discapacitantes» que hacen que niñas y niñas con diversidades más complicadas puedan ser nombrados como «educación especial» y sacados de un centro ordinario, mientras que en otros colegios inclusivos se transformaría la forma de trabajar con ellos para que continuasen en su centro de referencia.
La Consejería asegura que «nuestro objetivo es tratar de ofrecer al alumno la mejor de las escolarizaciones posibles, y los técnicos, apuntan a que este alumno necesita una intensidad de recursos mayor» de la que se le puede ofrecer en el CEIP Francisco de Quevedo.
«No es una decisión que tome la administración de manera subjetiva», dicen desde Educación, sino que se basan en el informe elaborado por el departamento psicopedagógico y de orientación del colegio, que valida a su vez la Inspección educativa. Según estas fuentes, el informe afirma que debido «al grado de afectación del alumno, en el centro ordinario se impide el desarrollo de su escolarización» con todas las garantías. «Tenemos que garantizar la escolarización de los alumnos».
«Hay alumnos, continúan, que no puedan desarrollarse del todo bien en centros ordinarios, incluso con apoyos, porque no tienen la especialización, los recursos necesarios para poder desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos».
«Es la pescadilla que se muerde la cola, la Consejería acusa al colegio, el colegio a la Consejería. Yo creo que el culpable es el sistema que tenemos. Le ha tocado a mi hijo y le podía haber tocado a cualquiera», afirma María. «Crean estas aulas (TEA) para que los niños estén en ellas, y a la mínima que tienen un niño un poquito más difícil, lo expulsan. Me parece lamentable».
