Para muchas personas no hace falta explicar los motivos de que estudiantes y familias (o sus representantes mayoritarios) hayan convocado una huelga por la polémica implantacón de las pruebas de final de etapa en 4º de Secundaria Obligatoria y 2ª de Bachillerato.
Para otras, no hay motivos más allá de generar polémica en esta convocatoria.
En cualquier caso, en las últimas semanas han sido múltiples las adhesiones de diferentes organizaciones, políticas y sindicales, a la huelga o a la crítica a la implantación de unas pruebas, unas reválidas, que condenan al alumnado que no las pase a un futuro incierto.
En el caso del alumnado de ESO, se enfrentarán a la posibilidad de haber apobado toda la enseñanza obligatoria pero no conseguir un título que lo acredite y sin la posibilidad de matricularse en ninguno de los caminos siguientes, sea la Formación Profesional o el Bachillerato. Condenado así a volver hacia atrás. O a salir del sistema educativo sin graduado en ESO.
A quienes les toque la de Bachillerato, se encuentran con que no saben si será la que les permita acceder a una carrera determinada, qué pasará con el distrito único universitario, con una Conferencia de Rectores que pretende que todo esté igual, pero sin información clara.
El Sindicato de Estudiantes se ha mostrado muy beligerante desde el principio con estas reválidas, que han calificado y califica como franquistas y ya desde el curso pasado tenía anunciada la convocatoria de esta huelga.
Entre los motivos qe aduce la organización, el triple filtro que supondrán y que «desechará a cientos de miles de jóvenes de entre 15 y 17 años». Califican como muy injusto el hecho de haber terminado 4º de ESO con todas las asignaturas aprobadas y que exista la posibilidad de no conseguir el título de Secundaria, como ocurriría también en el caso del Bachillerato, si no se apruena la evaluación.
Asegura Ana García, secretaria general del SE, que «a nadie se le escapa quién estará en condiciones para superar estos exámenes: los jóvenes de las familias trabajadoras que sufrimos la degradación de nuestros institutos que los recortes han provocado».
Hace unos días José Luis Pazos, presidente de Ceapa aseguraa que aunque a nadie le gustan las hueltas, «esta lo merece». Desde hace cuatro años la organización de familias no había hecho un llamamieno a la huelga y según su máximo representante, seleccionan bien las convocatorias. Y esta es una de ellas. «Nosotros preferiríamos no haberla convocado».
Incertidumbre
A las críticas obre la idoneidad de este tipo de pruebas para conseguir una pretendida mejora de los niveles académicos, se une el hecho de que todavía no se conoce cómo serán estas pruebas por culpa de la falta de previsión. Tras la jubilación del presidente del Consejo Escolar del Estado, y de la vicepresidencia, no hay forma legal de queeste organismo, necesario y obligatorio, haga su informe preceptivo sobre el borrador de la orden.
Todas las voces apuntan a que se está esperando desde el Ministerio a la investidura del día 30 para que el nuevo Ejecutivo, ya no en funciones, pueda nombrar la presidencia del CEE.
Desde las organizaciones contrarias a las reválidas se explicaba hace unos días en rueda de prensa que el Gobierno en funciones cuenta con tiempo suficiente para tener la orden publicada legalmente antes de llegar al 30 de noviembre, fecha límite marcada por el Real Decreto que establece las pruebas. De hecho, según una información del periódico Magisterio, habría ya un texto de borrador de reválidas esperando a que la situación en el CEE cambie.
La semana pasada terminaba con una noticia sobre un presunto acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular para congelar las pruebas. Desde el Ministerio se aseguró que esto no es así y que, además, el Gobierno no tiene otra alternativa que respetar la legalidad y seguir adelante con el procedimiento de las reválidas.
Desde Canae, confederación de alumnos que no ha convocado huelga pero que también ha mantenido una postura crítica con la puesta en marcha de las reválidas, estas han generado una incertidumbre en el alumnado y sus familias, que no conocen ni la forma ni el contenido. «El ministro es culpable de que hoy exista esta situación de inestabilidad en las aulas», aseguraba Carles López, su presidente, hace unos días en rueda de prensa tras una reunión con partidos políticos (PSOE, Podemos, IU y C’s), así como con sindicatos (CCOO, UGT y Stes) con las que quisieron
expresar su desacuerdo mayoritario con estas pruebas. «Las reválidas, dijo López, no son el modelo de evaluación que queremos».
Precisamente el día de la huelga, el Congreso de los diputados debatirá en la Comisión de Educación, la creación de una subcomisión que se dedique a la redacción de un pacto por la Educación. Se trata de una iniciativa de Ciudadanos que parecen apoyar el resto de partidos (a la espera de lo que diga el PP) y que pretende, además, la congelación de las reválidas mediante la retirada del Real Decreto de junio que las implantaba.
