Aragón, Andalucía, Islas Baleares, Cantabria, Castilla- La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco habían sido requeridas por el Ministerio de Educación, primero, y ahora por la Abogacía del Estado, por culpa de la forma en la que habían desarrollado la evaluación final de 6º de primaria impuesta por la LOMCE.
Hoy, según informa en una nota de prensa, el Departamente que dirige Méndez de Vigo ha solicitado a la Abogacía que retirase los contenciosos administrativos interpuestos contra estas autonomías en un gesto que pretende seguir en la senda de «voluntad de diálogo expresada por el Gobierno en los últimos meses en busca del Pacto de Estado Social y Político por la Educación».
El conflicto comenzó hace algunos meses cuando la Inspección requirió información a algunas de las autonomías para comproboar si habían desarrollado esta reválida en la manera en que ordenaba la Ley Wert, al mismo tiempo que exigía a algunas como Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco, a que publicasen la normativa necesaria para celebrar estas pruebas.
Contestados estos requerimientos por las autonomías, el Ministerio de Educación, en ese momento en funciones, continuó con el trámite oficial, es decir, pasó el asunto a la Abogacía del Estado, puesto que entendió que las diferentes comunidades autónomas no estaban ajustando la normativa a la ley.
En muchos casos, por ser contrarias a estas pruebas o a que fuera el Gobierno central quien decidiese sobre estas pruebas, las comunidades en las que el PP no gobernaba intentaron hacer presión para que el nuevo ministro se monstrara más flexible y negociara la LOMCE.
Desde el Ministerio se ha defendido durante los meses en los que ha estado en funciones que no tenía más opción que acatar la ley y continuar con los procesos esperados. De esta forma, tras la investidura, ha habido un importante cambio de rumbo. Primero con el anuncio de la puesta en marcha de la subcomisión del Congreso que empezará las negociaciones para alcanzar un pacto por la educación. También, dice el Ministerio en su nota, con la ratificación el 21 de diciembre en el Congreso (con los votos de PP, C’s, PSOE y Coalición Canaria) del Real Decreto ley aprobado el pasado 9 en el Consejo de Ministros y que prevé la ampliación del calendario de la Lomce. Calendario que, en cualquier caso, ya estaba cerrado.
