(Este texto pertenece a El blog de l’educació local, un espacio editado en El Diari de l’Educació)
La crisis del modelo tradicional de organización y financiación de los estados de bienestar y de las políticas públicas que los caracterizaban está suponiendo una renovada presión sobre el gobierno y la gestión de estas políticas. Sobre todo las que más porcentaje del gasto público suponen: sanidad y educación.
En educación lo que observamos es una tendencia por parte de los organismos internacionales y los gobiernos de muchos países a modificar los contenidos, aumentando los aspectos vinculados a relacionar excelencia con competitividad y esfuerzo individual. Pero también presiones sobre los formatos de gestión, reforzando las capacidades gerentes de los equipos de dirección, insistiendo en la eficiencia y en el análisis de impactos, buscando situar la comparación y las clasificaciones entre centros como palancas de cambio y de presión sobre el personal académico. Se quiere generalizar una visión de lo público como un espacio burocratizado, rígido, homogeneizador, incapaz de cambiar, ahogado por reglamentos y corsés sindicales. Ante esto se plantea la flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de personalización de nuevos tipos de escuela.
¿Qué alternativas desde la defensa de lo público se pueden hacer? No creo que simplemente se pueda responder defendiendo lo que ahora mismo tenemos y que no funciona adecuadamente. Las perspectivas de innovación social que vamos viendo aparecer en algunos centros públicos parten de la fuerte implicación de grupos de padres y madres y de equipos de profesores especialmente motivados, que buscan nuevos formatos educativos y experiencias renovadoras aprovechando los retos y oportunidades que nos plantea el cambio de época que atravesamos. Pero es evidente que esto se da en contextos en que los recursos cognitivos, de tiempo e incluso de capacidad económica son suficientes para plantear este tipo de procesos. La perspectiva comunitaria surge como una alternativa de gobierno del recurso escuela, del valor educación, desde una comunidad de personas implicadas y comprometidas con la defensa de valores de igualdad y justicia, que tienen que ver asimismo con una concepción de lo que es público que no se agota en la estructura estrictamente institucional.
Lo más complicado es imaginar que esto pueda extenderse sin dinámicas en que institucionalmente se juegue a eso. Todo proceso de innovación social del tipo aquí descrito debería implicar un cambio en la articulación de poderes, en las palancas de gobierno de la escuela y de sus programas educativos. El recurso escuela, el recurso y el valor educación debería estar más claramente en manos de la comunidad dispuesta a defenderlos con y desde las instituciones, dispuesta a generar dinámicas de gobernanza del que se considere como bienes comunes esenciales, y sin duda la educación es parte de claro.
Necesitamos un poder institucional menos formalizado y más capaz de adaptarse a las circunstancias de una sociedad crecientemente heterogénea y con más desigualdades internas. Menos rito y delegación. Esta mayor modestia institucional, no implica forzosamente una salida individualista o meramente subsidiaria como la que se plantea por parte de propuestas neoliberales y mercantilizadoras. Podemos encontrar respuestas que al mismo tiempo sean capaces de asegurar protección y emancipación? Entiendo que sólo se podrá hacer desde la proximidad. Desde el territorio, desde el municipio, desde la proximidad podemos imaginar generar espacios que faciliten un mayor protagonismo social y un reforzamiento de la educación pública aprovechando las capacidades institucionales.
Hay que darse cuenta de que las instituciones no son la única palanca de transformación. Pero sí nos aseguran dinámicas de cambio universal que no generen nuevos formatos de desigualdad. Vamos viendo surgir coaliciones democráticas desde abajo que se plantean objetivos básicos de apoyo mutuo, de propiedad común, con sistemas de autogobierno y raíces territoriales profundas, muchas veces en alianza con las instituciones. Son alternativas solidarias, no individualistas. La clave es no entender estas experiencias comunitarias como un mero sustituto para satisfacer de manera autónoma las propias necesidades ante la situación de debilidad o las rigideces de los poderes públicos, sino como un mecanismo de reapropiación de recursos y de redistribución de poderes, reforzando el concepto del que es público. Y esto es posible de hacer desde los espacios territoriales y municipales que vean este escenario como una gran oportunidad de construir alianzas de defensa de los espacios públicos, los espacios comunes.
La política, en su capacidad de gestionar de manera pacífica y consensuada la toma de decisiones que afectan a una comunidad, sufre de manera directa el gran impacto que genera el proceso de cambio de época en la que estamos inmersos. Necesitamos un cambio profundo en la concepción de la democracia. Vinculándola a las dinámicas económicas, ambientales y sociales. Incorporando las potencialidades del nuevo escenario que genera el cambio tecnológico e incorporando a la ciudadanía de manera directa, comunitaria y autónoma a la tarea de organizar las nuevas coordenadas vitales. Y eso nos obliga, evidentemente a hablar, discutir y experimentar nuevas formas de educación, de vida.