La inclusión está de moda, como la innovación educativa. El trato personalizado al alumnado para el mejor aprovechamiento de sus potencialidades. La utópica capacidad de los centros educativos de «absorber» a todo tipo de población, independientemente de su situación personal, familiar, social o económica. Es el lugar al que el sistema educativo parece querer tender, a pesar de las muchas dificultades que se le plantean.
Hace unos días conocíamos de la pelea de familias de alumnos sordos de Cataluña para que el Departament d’Ensenyament aplicase correctamente los preceptos de la ley sobre el uso de la lengua de signos catalana en el sistema educativo. Una noticia que nos hizo preguntarnos por la situación en el resto del Estado.
Precisamente hoy se cierra el plazo de información pública al que se ha sometido durante días al real decreto que desarrollará las condiciones de utilización de la lengua de signos española, redactado por el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Y al preguntarnos por la situación del uso de la lengua de signos en el sistema educativo, por la inclusión de niñas y niños sordos en los colegios e institutos uno no para de descubrir la falta de información que circula sobre tal hecho.
En primer lugar porque hoy, como hace 200 años, lo que el sistema educativo, la sociedad en general, lo que pretende es conseguir que las personas sordas recuperen la mayor cantidad de capacidad auditiva posible. Al menos entre quienes no son sordos profundos. Que niñas y niños escuchen y hablen lo másximo posible. De ahí la extensión de audífonos e implantes cocleares.
«Tú puedes usar un implante o un audífono y te puede ayudar. Pero nunca vas a oír como una persona oyente», asegura Arancha Díez, experta en familias y educación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), «va a haber ruidos a los que no vas a acceder». La experta asegura que socialmente, la persona sorda que consigue oír y hablar, aunque solo sea un poco, es considerada un caso de éxito. Pero el problema es que en su vida cotidiana seguirá teniendo múltiples dificultades.
Para Díez, el uso de la lengua de signos es fundamental y ha de comenzar lo antes posible. Y lo es como una herramienta más para facilitar la comunicación de las personas sordas. La comunicación, así como el acceso a todo tipo de información y conocimiento. Englobado esto en lo que se conoce como una educación bilingüe y bicultural que ofrece al alumnado todo lo que necesite.
¿Se está produciendo esto en el sistema educativo ordinario? le preguntamos. «Hay colegios en ciudades como Madrid y Barcelona. Y alguna experiencia en colegios en los que se han adaptado y han enseñado lengua de signos, pero son experiencias muy residuales. Depende de la buena voluntad, de la actitud abierta hacia la discapacidad auditiva del profesorado, de los profesionales que lo asuman».
En España, según los datos del Gobierno hay 7.531 niños y niñas sordos. La mayor parte de ellos, 7.024, están matriculados en centros ordinarios públicos y concertados. El resto están en centros de educación especial. Pero, que la inclusión sea mayoritaria no quiere decir que el uso de la lengua de signos como lengua vehicular sea algo más que anecdótico.
«A pesar de que, explica Díez, contamos con una ley que claramente recoge el derecho a la libre elección de las familias y de los niños a escoger la lengua de signos como lengua vehicular». Es la Ley 27/2007, la que ha de ser desarrollada por el Real Decreto que hoy cierra el plazo de información pública.
Para la experta, hay un problema de organización. A pesar de que la ley habla de libertad de elección por parte de las familias y el alumnado sordo de la lengua de signos como lengua vehicular en su educación, lo cierto es que por unas cosas y otras esto no es real. «Tienes que luchar, mover montañas, ir contra el propio sistema educativo en general, contra la organización. Es una lucha que te roba mucho tiempo y dedicación y que es agotadora».
Describe cómo cada mes de septiembre las familias que lo quieren han de luchar para que la Administración provea al centro en el que se encuentra matriculado su hijo, de intérpretes de lengua de signos para poder seguir las clases con normalidad. Cada mes de septiembre. Y, cada curso, esta figura del intérprete llega un mes o mes y medio más tarde de comenzado el curso, con lo que supone de pérdida de tiempo y aprendizaje por parte del alumnado sordo.
La defensa que Díez hace del aprendizaje de la lengua de signos, o del uso de intérpretes se justifica sola: «Puedo elegir cómo me comunico y cómo recibo la información». Pero socialmente se prima la recuperación auditiva, y con ella, el desarrollo del habla.
Ejemplifica contando cómo fue un día al médico con uno de sus hijos, de tres años entonces. Arancha Díez es hija de una pareja de sordos y sus dos hijos también lo son. Un caso extraordinario. El 95% de las personas sordas son hijas de oyentes. El caso es que en la consulta de su médico, a la que acudió por un problema que ella tenía, pidió al doctor que le escribiera lo que le decía porque no lograba comprenderlo. Pero su hijo sí lo hizo y le transmitió una pregunta del médico. Desde ese momento, el sanitario comenzó a comunicarse con el menor. Ella tuvo que llamarle la atención y explicarle que su hijo tenía 3 años y no era un intérprete. «Se da más valor a la persona que habla que a la que no. Yo no hablo, valgo menos». Situación que, además, se da también entre personas sordas, según Díez, quien explica cómo las hay que, al hablar y oír, llegan a asegurar que no necesitan más apoyo, como el del uso de la lengua de signos.
Para que la inclusión del alumnado sordo fuera más real, tanto la administración, como los docentes y las familias deberían fomentar un mayor uso y conocimiento de la lengua de signos española para que estas niñas y niños pudieran contar con una herramienta que parece decisiva en su aprendizaje. Pero también en la socialización con otros niños y niñas.
¿Cómo tendría que ser la inclusión del alumnado sordo en un colegio? Díez lo tiene claro. El ejemplo lo tiene en un colegio público de un pueblo de Ciudad Real en donde hay una niña sorda matriculada. En vez de esperar a que la niña haga el mayor esfuerzo posible de adaptación al sistema ordinario escolar, toda la comunidad del centro, docentes y alumnado, han aprendido lengua de signos. «Todos están haciendo el esfuezo de adaptación y de cambio de su forma de enseñanza, de su forma de comunicación, de su actitud, para que esa niña pueda estar incluida. Esa es la inclusión».
Además, los niños y niñas oyentes verán la sordera como algo natural al haber hecho este esfuerzo con sus compañeros. De manera que cuando lleguen a la edad adulta, verán a personas sordas con normalidad. Este, a juicio de Díez, es parte del camino que conseguiría, al menos, un cambio social en la manera de mirar la sordera. La educación inclusiva no da tanta importancia a que la persona sorda hable u oiga. «Le da la improtancia a la persona de forma holística, general, global. No es: ‘A ver si oyes o hablas’, sino cómo te vas a desarrollar».
Todos, personas oyentes y sordas, han de hacer el esfuerzo, defiende Díez. Y esto, asegura, no ocurre con las personas sordas puesto que se les reprocha, por ejemplo, que no hablen porque no quieren. «Bueno, perdóname, yo siempre he ido a un centro en donde no se ha podido usar la lengua de signos -explica-, he estudiado en la universidad, soy psicóloga, pedagoga, he hecho mis másters… pero no hablo bien. Y he tenido recuperación logopédica».
Las personas sordas «piden intérprete. ¿por qué no se les facilita? Necesitan comunicarse, entender, expresarse, aunque hablen fantásticamente y puedan oír».
Atención a las familias. Formación docente
Díez estuvo en Ginebra hace unas semanas para hablar ante el comité de la ONU sobre el desarrollo de la Declaración de derechos de las personas con discapacidad. Allí habló de la situación de las personas sordas, de sus familias también. Desde la Confederación están buscando financiación para ofrecer cursos de formación para madres y padres, porque depender de la financiación pública se ha demostrado muy inestable.
«Es primordial la atención de calidad para las familias», asegura, como lo es también la atención temprana de calidad para niñas y niños. Una atención temprana muy contestada en los últimos meses desde ámbitos diferentes. Entre otras cosas para evitar que tu situación socioeconómica determine tu capacidad de desarrollo posterior.
La presión para que las personas sordas hablen y oigan, no utilicen la lengua de signos, es grande. Pero, recuerda Díez, la capacidad de audición es diferente en cada niña y cada niño. Y la presión, la prohibición en muchos casos del uso de la lengua de signos puede provocar problemas de salud mental. «En nuestro colectivo se cuadruplican los problemas de salud mental si lo comparamos con la comunidad oyente».
Arancha Díez justifica la decisión de las familias por la supresión de la lengua de signos frente a la recuperación auditiva y el trabajo de logopedia para conseguir hablar. Es lo que recomiendan la mayor parte de expertos y es a lo que se agarran madres y padres. Desde la Confederación lo que defienden es dar el mayor número de herramientas posibles para aumentar las posibilidades de comunicación y comprensión. También para que las diferencias socioeconómicas no determinen el desarrollo de estas niñas y niños. «Las familias que tienen dinero, lo tendrán más fácil. Es la realidad que vivimos. Si la familia se mueve, conseguirá llegar más lejos, pero si es más pasiva, la persona sorda se va a quedar atrás. La población sorda es fácil que esté excluida, porque el sistema general no está preparado para adaptarse a nosotras».
A estas dificultades se suman otras como el que haya profesores que no quieren tener intérpretes de lengua de signos dentro de sus aulas. «Cada vez pasa menos», asegura Díez, pero hay quienes entienden que haya otra persona adulta en su clase es una forma de controlar lo que hacen.
O que no haya prácticamente maestros y maestras sordas en el sistema educativo ordinario. ¿Cuántos? «No sé decirte, a lo mejor 15».
