La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo lo anunciaba hace unos días en un desayuno público. La Ley de protección integral a la infancia, trabajada mano a mano con Save the Children, llegará en unos días al Consejo de Ministros para su aprobación.
Entre las pocas cosas que la ministra anunció se encuentran el desarrollo de protocolos obligatorios en todos los centros educativos para evitar y reducir los casos de violencia contra niñas y niños y, además, se creará una figura de referencia que serán dependientes de las comunidades autónomas.
Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no dan más información, no al menos hasta que el texto llegue al Consejo de Ministros. Pero ambas iniciativas generan algunas preguntas de difícil respuesta.
La primera de ellas es qué pasa con los protocolos de convivencia que colegios e institutos han de desarrollar todos los años. ¿Serán compatibles con los nuevos que anunció Sanidad? ¿Tanto este Ministerio como el de Educación han mantenido conversaciones para que unos y otros no se «pisen»?
Dado que se trata de una ley orgánica que toca partes de diferentes ministerios, cada cual ha debido hacer un informe sobre la situación y qué partes del nuevo texto son incompatibles con la legislación ya vigente. Carmela del Moral, asesora jurídica de Save the Children, una de las entidades que más ha trabajado para la puesta en marcha de esta ley, entiende que el nuevo texto legal no se solapará con propuestas ya en marcha.
En este sentido, explica, los centros que ya tengan un protocolo de actuación ante casos de violencia, no habrán de hacer grandes cambios, más allá de sumar aspectos que no se tengan recogicos, como el caso de los abusos sexuales. Del Moral afirma que los docentes «están solos» en temas de abusos sexuales y gracias a la nueva ley tendrán «un marco general para todos» los centros, sean públicos o privados (financiados o no con fondos públicos).
Según explica la asesora jurídica, hoy por hoy los centros públicos sí tienen obligación de desarrollar protocolos ante la violencia que pueda darse, pero es una cuestión que, por una parte, desarrolla cada comunidad autónoma según su sensibilidad y, además, no incluye a los privados y concertados.
Pero no son las únicas. Estas personas de referencia que habrá en los centros educativos, ¿de dónde saldrán? ¿Serán personas del propio centro educativo? ¿Docentes, personal de orientación, de servicios sociales? ¿De qué presupuesto saldrán dichas figuras? Las comunidades, ¿qué opinan de ello?
Para el caso de estas personas de referencia hay menos información. Del Moral entiende que lo más probable es que fueran personas de los equipos de orientación de colegios e institutos, más que de los servicios sociales municipales, «que están saturados».
La convivencia en los centros educativos es una preocupación larga. Educación, tanto desde gobierno central como en las comunidades autónomas, ha desarrollado todo tipo de protocolos para evitar casos de violencia, acoso o ciberbullying. Sobre todo después de algunos casos sangrantes en los que ha llegado a haber víctimas mortales.
El anterior Ejecutivo del PP ya puso desarrolló un Plan Estratégico de Convivencia de la mano de, entre otros grupos, el CREA y las comunidades de aprendizaje y su experiencia de violencia 0 desde los 0 años. Un plan que resultó polémico y en el que entre otras medidas se anunciaba la creación de un teléfono de atención a menores. Teléfono que hace pocas semanas comenzó a gestionar la Fundación ANAR que ya tenía un servicio parecido desde hace años.
