La legislatura ya se acaba. De hecho, ayer se celebró la última sesión de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Entre los diferentes temas tratatados, el de la educación fue uno de ellos. Ignacio Calderón, profesor de la Universidad de Málaga y referente en eduación inclusiva acudió para hablar del derecho a la educación inclusiva de calidad de las personas con discapacidad.
«A menudo se piensa, aseguró Calderón, que cuando una niña o un niño señalado por la discapacidad está en una escuela ordinaria, ya hablamos de educación inclusiva y esto, de ninguna manera es así. Hay que mirar la organización escolar, las prácticas habituales, las metodologías, en los libros de texto, en las actividades que hace el alumnado, en los horarios, en los ritmos uniformes… todas esas cuestiones que pasan inadvertidas porque son lo común, lo normal hacen que las escuelas sean lugares inhóspitos para determinadas personas que allí habitan».
La comparecencia ocurrió pocos días después de que de nuevo surgiera la polémica entre el sector de la educación especial que se manifestó en contra del cierre de los centros de educación especial. El proyecto de ley de educación aprobado por el Gobierno hace unos días ponía sobre la mesa la cuestión de la transición desde el modelo de sistema educativo actual en el que conviven diferentes formas de escolarización, por uno en el que todo el alumnado estuviera matriculado en los mismos centros. El proyecto, dado el adelanto electoral, ni siquiera llegará a ser tramitado en el Congreso.
Durante algo más de una hora, Ignacio Calderón repasó la necesidad de que las administraciones enfrenten la obligación legal que supone la ratificación en 2008 de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad en la que se habla del derecho a la educación inclusiva de calidad.
«La educación está obligada a afrontar el reto de cuestionar el modelo escolar que está negando sistemáticamente los derechos humanos a toda nuestra infancia. Y he dicho a toda; a quienes son excluidos de la educación común y al resto que aprende a ser excluyente». El profesor de la UMA se mostró tajante durante su intervención: «Hablamos de derechos humanos con mayúsculas. que siguen siendo vulnerados y han de ser respetados por obligación moral y por imperativo legal. Hablamos de un gran proyecto (que parece simple y no lo es) para educarnos juntos».
Calderón dio algunas pinceladas sobre lo que está ocurriendo desde hace años en el sistema educativo: «Demasiados niños y niñas son dirigidos a modalidades de escolarización excluyentes ya sea en aulas específicas en centros ordinarios, o en centros de educación especial y esta separación es inadmisible».
Frente a quienes hablan de que ha de primar el derecho de las familias a la libre elección de centro para sus hijos, Calderón entiende que dicha libertad, en estos casos, tampoco se está dando. «Muchas familias están siendo invitadas a abandonar la escuela común porque no van a ofrecerles lo que sus familiares necesitan. Algunas de estas se ven forzadas al cambio, otras asumen que es lo mejor porque son profesionales quienes lo indican y eligen, entre comillas, la educación segregada; otras han huido del castigo que les ha supuesto la educación ordinaria. Es evidente que en ninguno de los casos es una elección, sino de un condicionamiento férreo».
Para apoyar este argumento, Calderón habló también de los informes psicopedagógicos que son los que terminan en dictámenes de escolarización que llevan a las familias a los centros especiales o a los ordinarios en los que hay aulas específicas. Y leyó el dictamen de un alumno de educación infantil justo en el momento de paso a la educación primaria: «En estos momentos el centro ordinario no tiene ni cultura, ni política ni prácticas inclusivas para que Álvaro pueda continuar en primero de primeraria».
De esto, precisamente, es de lo que Calderón habla en sus artículos y entrevistas. De la necesidad de un cambio de cultura escolar, así como de las políticas y las prácticas educativas para que todas las personas puedan estar escolarizadas en los mismos centros. «Un centro escolar, aseguró, puede decir con impunidad a un niño de 5 años que se va a vulnerar su derecho a la educación porque ni hemos cambiado ni pretendemos cambiar la cultura, la política y la práctica del centro para atender al mandato legal de la Carta de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto no puede seguir así».
Calderón no se quedó aquí y dijo a diputadas y diputados que «tienen ustedes la obligación de deterner esta vulneración sistemática de los derechos de la infancia y para ello han de prever una inversión decidida de esfuerzos y recursos humanos, formativos, materiales, para transformar cultura, política y prácticas».
«Es necesario que la entrada de las personas señaladas por la discapacidad en la escuela ordinaria, así como la de otros colectivos, venga acompañada de una transformación de la cultura escolar de modo que esa ciudadanía previamente excluida de la institución pueda aprender, participar y aprobar».
Y aquí volvió a insistir en otras claves importantes. La escolarización no es el fin último de la escuela inclusiva. Esta también debe garantizar que el alumnado con discapacidad pueda participar de lavida del centro y, además, pueda aprobar, conseguir un título que certifique sus conocimientos y capacidades, algo que hoy por hoy no ocurre.
Calderón insistió en la obligación de que la legislación no sea contrario al mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad y, además, se apoyó en la existencia de evidencia científica sobre el mayor aprendizaje, para todo el alumnado, cuando existe heterogeneidad en las aulas. «Aprendemos de la diferencia, y aprenemos a ser inclusivos cuando estamos con las diferencias. Aprendemos a ser abiertos, flexibles… más humanos. A convivir unos con otros».
Y sobre la preocupación de las familias de la escuela especial en relación al cierrre de sus centros, aseguró: «Cómo no entender a los que han sido expulsados de la (escuela) ordinaria si lo he vivido en mi familia. Cómo no entender que huyan de la escuela que ataca a sus niños». Pero eso sí, «eso lo pueden decir las familias, pero los representantes de la sociedad (en referencia a los políticos) no pueden escudarse en esto». «El interés superior del niño, añadió, es el respeto a los derechos humanos» y, aunque comprende que las familias estén preocupadas y defiendan la segregación en centros o aulas específicas, cree que los representantes políticos han de defender la necesidad de una escolarización conjunta.
Calderón cerró su intervención hablando de la necesidad de que las administraciones y los legisladores tengan en cuenta la voz de las familias y del alumnado con discapacidad a la hora de transformar el sistema educativo para que «no preguntemos qué le pasa a tu hijo sino qué podemos hacer para que tu hijo esté en la escuela».
