«Nos encontramos con que la Administración no hizo lo suficiente para detectar y corregir una posible situación de acoso escolar y que dicha omisión ha contribuido causalmente a la producción de un daño al menor»”. Así reza parte del texto de la sentencia que ha condenado esta semana a la Comunidad de Madrid por el caso de acoso escolar y discriminación racial de una menor sufrido durante su escolarización en el CEIP Cardenal Herrera Oria de Madrid.
La niña, Camila, es afrodescendiente. Durante años ha sufrido, según denuncia su madre Petra Ferreyras, una situación de acoso escolar por razón de su raza que era conocida por el centro educativo. Ahora, la justicia le ha dado la razón a la familia y asegura que el centro mostró pasividad ante los hechos y no mimplementó el protocolo vigente de manera eficaz. Además, se relativizaron las consecuencias de dicha situación.
La sentencia asegura, según recoge el periódico El Salto, que “ni la dirección del centro ni siquiera el profesorado, indagó sobre lo que realmente estaba sucediendo, tratando de relativizar el problema a cosas de niños, calificados, en el acto de la vista, como ‘hechos puntuales normales dentro del colegio’”.
Tras un largo proceso, la niña fue cambiada de colegio por el procedimiento extraordinario. Junto a ella, también su hermana pequeña. Según comenta Ferreyras, este cambio de centro educativo supuso un aumento de la culpabilización para su hija, que vio cómo, a pesar de ser la víctima, era ella y su familia quienes tenían que modificar su vida para evitar que la situación continuase.
La familia ha emitido un comunicado de prensa en el que recogen algunas de las consideraciones de la sentencia. Entre ellos, se describe la situación de Camila en el centro educaativo, como de «constantes insultos, humillaciones, intimidaciones, amenazas y aislamiento por parte de los compañeros, llegando a describir hasta 16 situaciones conflictivas, determinantes de graves daños psicológicos a la menor».
Según el mismo comunicado, la situación vivida por la niña le causó un trastorno de estrés postraumático grave, asociado a sintomatología depresiva, ansiedad, miedo y baja autoestima».
Al parecer los protocolos puestos en marcha no fueron eficaces, el centro educativo no informó de la situación a la Inspección educativa de la Comunidad, ni implementó los procedimientos previstos, como la recogida de los testimonios del alumnado, no hubo seguimiento de las medidas adoptadas, ni se entrevistó a las familias de los menores involucrados en el caso.
De hecho, explica Ferreyras al teléfono, en el tiempo en el que la niña estuvo escolarizada en el centro, dos fueron las directoras. La primera, comenta, fue cesada por la gestión del primer protocolo que se puso en marcha, «un protocolo fantasma», define, que se cerró tras unos diez días hábiles y en el que se reconocía la existencia de un conflicto, pero que no supuso ninguna medida, más allá de que el grupo de niños y niñas se dictulpase con el resto (incluida Camila).
La familia espera que la sentencia sea ejemplificadora para el sistema educativo, asegura el comunicado emitido, en la lucha contra la discriminación racial y la violencia que hoy sufren numerosos niños en sus colegios.
Para ellas, supone un «reconocimiento moral, un resarcimiento», explica Petra, quien explica quesu hija está muy contenta por el fallo porque reconoce todo lo que la niña ha padecido y «todo lo que no han hecho».
Petra Ferreyras continuará con la campaña que iniciara hace semanas, #SuspensoAlRacismo, con la que espera que, tras la sentencia, se produzcan importantes mejoras en los protocolos de los centros educativos, una mejora de la guía de la Comunidad de Madrid en la que se incluya el racismo como uno de los tempas que ha de contemplar, así como la mejora de la formación del personal docente, así como de las y los monitores de comedor.
