Todavía no se conocen los detalles del nuevo Ministerio de Educación, quiénes serán los segundos de Isabel Celaá en el camino lleno de dificultades que se abre en este nuevo (inédito) gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Esta información podrá aclarar cuáles podrían ser algunos de los primeros pasos que tendrá que dar este equipo en los próximos semanas y meses.
La derogación de la LOMCE está en el horizonte de toda la comunidad educativa. A parte de que fuera un compromiso del Congreso de los Diputados, de toda la oposición al PP al completo (aunque hoy la aritmética parlamentaria sea casi irreconocible), es también uno de los puntos del acuerdo programático entre la formaciones que han dado pie al nuevo Ejecutivo.
Para derogar la LOMCE con una nueva ley de Educación es necesario el voto positivo de 176 parlamentarios, es decir, de la mayoría absoluta. Esto es así porque derechos como el de la educación han de concitar los máximos apoyos.
A pesar de las dificultades en las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, al menos desde los sindicatos, entienden que está entre lo primero que debe acometerse. Podría hacerse utilizando el texto que ya presentara el anterior equipo ministerial el año pasado o comenzar con uno nuevo. Parece que la decisión de que continúe Isabel Celaá al frente de la cartera facilitaría la primera opción. Para Maribel Loranca, secretaria de enseñanza de la FeSP-UGT los mejor sería «que se derogue cuanto antes los más lesivo» de la ley actual, «que entre en las Cortes lo más pronto posible».
Para Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO también es un objetivo deseable y posible a pesar de las dificultades parlamentarias. Entre otras cosas porque en su momento ERC apoyó el acuerdo en el Congreso de los Diputados para derogar la LOMCE. No debería ser demasiado complicado conseguir su apoyo ahora.
La recuperación de la financiación es otro de los puntos programáticos del nuevo Ejecutivo, aunque aplaza hasta 2025 alcanzar el 5% sobre el PIB. Para ambos sindicatos debería contemplarse la posibilidad de que este objetivo se alcanzase a lo largo de la legislatura, y no en cinco años.
Depende en buena medida de esta recuperación de la inversión que puedan llevarse a cabo importantes mejoras en el sistema, desde la recuperación de profesorado para la atención a la diversidad, volver a tener desdobles suficientes cuando sean necesarios, disminuir las ratios por aula (algunas CCAA ya lo han hecho, pero otras continúan con los máximos previstos por la Ley de mejora de las condiciones de trabajo del profesorado). Habrá que esperar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para conocer el alcance del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la educación. Para Francisco García «si los recortes obligaban a todas las CCAA a cumplir», la reversión también debería haberse hecho en su momento obligatoria para todo el sistema
Para los sindicatos, además, esta debería ser la legislatura del profesorado. Tanto en la LOMCE como en la LOMLOE no se aprecian medidas de cada a la mejora de la situación del colectivo. Es el momento, creen, de que se apueste por la negociación para retomar la redacción del Estatuto del Profesorado, paralizado desde 2007. Hablar de cuestiones relacionadas con la carrera docente, la formación inicial y continua, el desarrollo profesional. «Hemos sido comprensivos (en la anterior legislatura), pero no se ha avanzado nada en esto» resume Loranca.
«Haremos llegar una batería de enmiendas para mejorar la LOMLOE», asegura García, en relación a la situación del profesorado. Además, asegura, en cuanto la ministra Celaá haya tomado posesión del cargo, pedirán que se abra la negociación colectiva y la de diálogo social.
A la financiación del sistema, la derogación de la LOMCE y la apuesta por el profesorado, habría que sumar otros asuntos como el fracaso y el abandono escolar temprano, la revisión de los currículos educativos o la evaluación del sistema a los asuntos que hay que mejorar en los próximos años.