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Semana de infarto. Así podríamos calificar los últimos cuatro o cinco días, desde que, primero Euskadi y, depsués,Madrid, decidieran los cierres de centros educativos (de infantil hasta la universidad). Un goteo que ha ido creciendo y que ya supone el cierre de todas las aulas en todas las comunidades autónomas del país.
Calendario escolar
Madrid ya anunció el retraso de la evaluación de acceso a la universidad que tienen a tres meses vista los alumnos de 2º de Bachillerato. Después de mucha presión por parte de sindicatos y profesorado, se consiguió un retraso de unos días dentro del calendario previsto. Nada garantiza que de aquí al 26 de marzo, momento en el que, en principio, todo el alumnado debe reincorporarse a las clases habituales, la situación sea muy distinta y haya que tomar nuevas medidas al respecto. El Ministerio anunció ayer una reunión con el Departamento de Universidades y la CRUE para estudiar la posibilidad de un retraso generalizado de las pruebas. Horas después todas las comunidades autónomas anunciaron el cierre de las aulas.
Marzo es el mes de las jornadas de puertas abiertas. Desde luego, tras el cierre de la actividad educativa presencial, se tiene asumido que estas jornadas no se realizarán. En comunidades como Cataluña, donde al principio el Departament d’Educació dijo que las habría, se han tenido que echar atrás. A esto hay que sumar el posterior periodo de escolarización.
Una especie de suma y sigue de momentos muy marcados cada año que ahora se encuentran en el limbo. Al menos en parte.
Las oposiciones han quedado suspendidas durante los próximos dos meses. Las de exteriores han quedado en suspenso. En el sector educativo se producen en el mes de junio. En principio, podrían celebrarse pero, siguiendo las palabra de algún miembro sindical «vamos minuto a minuto». ¿Cabe la posibilidad de que las oposiciones de este año se hagan en julio? ¿Es posible que no se celebren? Este último escenario supondría olvidar el acuerdo de seguir bajando la interinidad hacia el 8%.
El Ministerio de Educación también anunció que se flexibilizarían las prácticas de estudiantes de formación profesional, así como las pruebas de acceso a estos estudios. Algo parecido a lo que ocurre con los estudiantes de Erasmus, tanto los españoles en el extranjero como aquellos que visitan las universidades españolas. De momento no se ha cerrado ningún territorio, pero con la experiencia vivida tras el cierre de las universidades madrileñas y la «huida» del alumnado de otras comunidades, sería previsible que se pongan problemas de movilidad.
También por la preocupación por la manera en la que las administraciones están gestionando servicios como los de comedor, transporte escolar, interpretación de lengua de signos, o el personal de los centros de infantil de primer ciclo.
Comedores, transporte escolar, personal de 0-3… sin trabajo
Se desconoce el número de personas que se verán afectadas por esta finalización de los contratos de comedor, transporte, de intérpretes de lengua de signos y del personal de las escuelas infantiles de titularidad pública pero gestión privada (la mayor parte de las que hay en la red de la Comunidad de Madrid). También los contratos de traducción e interpretación de idiomas para los centros sostenidos con fondos públicos.
Según cálculos de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, solo en esta comunidad hay unas 350 escuelas infantiles, entre autonómicas y municipales que han visto el cierre echado. Según la orden de Educación, este personal no hace falta que acuda al centro ni, obviamente, continúe su labor de manera telemática. Esto supone que 8.000 trabajadoras y trabajadores se han quedado colgados a la espera de que pasen las dos semanas previstas por la Comunidad de cierre inicial. Una situación que ahora se multiplica con todas las aulas del país se han cerrado.
A mediados de la semana, organizaciones de familias señalaban el problema que supondría el cierre de los comedores escolares para las familias más vulnerables. Una incertidumbre que el Gobierno central ha intentado paliar con la inversión de 25 millones euros que se darán a las comunidades autónomas para que se siga cubriendo este servicios: «Para, mediante becas-comedor, garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad». Las familias beneficiarias de la medida serán aquellas con hijos en infantil, primaria y secundaria que tuvieran concedida ya una beca de comedor. La ayuda durará tanto como el cierre de los centros educativos.
Desde Escuelas Católicas Madrid y ahora en todo el país, también han tenido que lidiar con este problema. Un portavoz de la organización asegura que, a la complejidad legal de que cada centro o cada titular tenga un tipo de contrato diferente con las empresas de catering (algunos contemplan el cese de esos contratos por diversas razones, otros no, se ceden espacios desde los centros y la relación entre las empresas y las familias es más directa, o esta es entre titulares de centro y de empresas de catering…), se añade el hecho de que una parte de la financiación de dichos centros sale, precisamente, del servicio de comedor.
Al mismo tiempo, desde la patronal Acade, de centros privados han denunciado que los centros que no están vigilados por la Administración educativa, están haciéndose cargo de una gran cantidad de niñas y niños de los primeros años de infantil sin control de ningún tipo.
