Desde hace algunas semanas, el sector de la escuela concertada está en pie de guerra contra la nueva ley de educación en trámite parlamentario. Lo han hecho por muy diversos frentes, uno de los cuales tiene que ver con el supuesto cierre de los centros de educación especial.
En el texto de la Lomloe, en su disposición adicional 4ª se estipula que las administraciones harán lo necesario para equipar, en un plazo de 10 años, a los centros ordinarios de los recursos necesarios para atender a toda la diversidad del alumnado, principalmente del alumnado con discapacidad y deja a los centros de educación el papel de seguir escolarizando alumnado al tiempo que se convierten en centros de referencia para los primeros.
Este es el principal escollo para un buen sector de titulares de colegios y familias de los centros de educación especial. A pesar de las declaraciones de la ministra Isabel Celaá en múltiples ocasiones en las que ha asegurado que estos centros no corren peligro y no hay intención de cerrarlos.
En un nuevo giro de tuerca, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se han sumado a la campaña de crítica y presión con una campaña titulada #Nosinmicole en el que, mediante fotos y un vídeo, reclaman la presencia del alumnado con discapacidad en los centros de educación especial.
La presidenta aseguró durante la presentación de la campaña que “no se trata de la inclusión de los niños en los colegios sino de la inclusión de los niños en su vida, en su futuro” para criticar la escolarización en centros ordinarios contemplada en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad firmada por España en 2008.
Desde la Plataforma estatal por una Escuela Extraordinaria han lanzado un comunicado criticando duramente dicha actuación al tiempo que exigen la campaña de la Comunidad «porque ataca frontalmente los derechos de las personas con discapacidad, utiliza la imagen de los niños y niñas con intereses espurios y perpetúa una concepción de la discapacidad cargada de prejuicios».
La Plataforma, de la que forman parte 86 entidades, asegura que la labor de las administraciones públicas es la de hacer posibles «las condiciones materiales que garanticen el pleno ejecicio de los derechos de la ciudadanía no perpetuar la exclusión y la desigualdad con campañas que refuerzan estereotipos».
