Hace 12 meses que vivimos en un estado excepcional. Doce meses en los que hemos pasado de creer que viviríamos un encierro corto en nuestras casas para frenar a un virus desconocido a conocer el concepto de «fatiga pandémica», esa sensación de no poder más con todo esto.
Tras los primeros meses de confinamiento ya quedó patente que la cosa iba para largo, uno, dos o tres años por delante para normalizar la situación.
Terminamos el pasado curso con las incertidumbres de cómo habría de realizarse la evaluación, si levantando la mano, mirando para otro lado o confiando en el criterio docente y en los meses transcurridos. Con unas pruebas de acceso a la universidad que preocupaban sobradamente a quienes tenían que presentarse y que vieron sus criterios modificarse a velocidad vertiginosa para no dejar a nadie sin posibilidades de aprobar. Con unas ganas imposibles por alcanzar unas vacaciones de verano que todo el mundo se había ganado por goleada.
Hemos pasado un año completo, un giro de la Tierra alrededor del Sol, para comprobar que algunos de los problemas más importantes del sistema educativo han quedado sin respuesta. La mayor reivindicación del profesorado en este tiempo, más allá de los recursos tecnológicos para hacer frente a la educación a distancia, es decir, la bajada de las ratios, no ha sido oída. A pesar de que la llegada del nuevo curso y las medidas de seguridad en los centros educativos (distancia social, mascarillas, gel hidroalcohólico), costó en algunas comunidades que se hicieran las contrataciones suficientes para ponerlas en práctica. De hecho, autonomías como la de Madrid, despidieron a los nuevos efectivos en el mes de diciembre y ya se ha previsto una vuelta de las ratios a la situación previa a la pandemia.
En este tiempo, parece que muchas personas se cayeron de un guindo al percatarse de la enorme brecha social (y digital) existente en nuestra sociedad. A pesar de las denuncias de ONG desde hace años sobre la situación de la infancia y la juventud en nuestro país que, por primera vez, se convirtieron en el sector social con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza o exclusión social tras la crisis de 2008.
De aquellos barros, estos lodos. Mantener la educación como si no hubiera pasado nada, a distancia, por videoconferencia, tal vez haya sido un mal necesario o la única opción dada la emergencia absoluta en todos los ámbitos económicos y sociales. Pero que una gran cantidad de la población menor no tiene posibilidad de utilizar un dispositivo para seguir las clases con «normalidad» es algo que se podía saber.
A pesar de los anuncios, ya en primavera, de que se comprarían cientos de miles de dispositivos para hacer frente a esta situación, no ha sido hasta hace unas cuantas semanas que se han empezado a repartir. Las dificultades en la compra en el sector público han ralentizado enormemente este proceso que se esperaba culminar en el mes de diciembre pasado, pero que todavía tardó un tiempo más.
Y como queriendo celebrar el aniversario, llegaron las vacunas. Pero no para todo el mundo ni al mismo tiempo. La tónica general es que las personas mayores de 55 años no están, de momento, en las listas de vacunación docente. La elección de la vacuna de AstraZeneca y los problemas que ha tenido en este tiempo, han dejado hasta ahora a este sector de la profesión fuera de los programas de vacunación. Son, aproximadamente, el 33,9% del total de docentes de enseñanzas de régimen general no universitarias.
A pesar de esto, y del cuentagotas con que se está haciendo en algunos territorios, ya han comenzado a vacunarse docentes de Andalucía, Extermadura, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Valencia… Aunque, muchos, como las y los valencianos, comenzaron el proceso este mismo lunes y otros lo hicieron a finales de la semana pasada.
De marzo a marzo
Después de algunas semanas de oir hablar de un virus venido de China, muy contagioso y con cierta mortalidad, pero con poca más información llegó la noticia de que el Mobile World Congress de Barcelona se cancelaba ante la situación provocada por el nuevo coronavirus. Mucha gente entendió en ese momento que era una exageración. Semanas después, País Vasco cerraba la ciudad de Vitoria y todos sus centros educativos ante un nivel desconocido y descontrolado de contagios. Ese mismo día, la Comunidad de Madrid también ponía sobre la mesa la posibilidad… Y en pocas horas se tomaba la decisión, España cerraría a cal y canto todo el país, salvo los servicios esenciales, y organizaría su sistema educativo a distancia. Sin tiempo, ni formación, ni equipamiento.
Y durante semanas, a pesar de la situación improvisada, miles de docentes en todo el país inventaron el qué y el cómo de la mejor manera posible, alargando sus jornadas laborales hasta un casi 24/7 causado por algo que no habíamos nombrado mucho, pero que era muy presente: la brecha digital. No solo es que alrededor de un 12% del alumnado tiene dificultades para tener un dispositivo y una conexión a internet. Es que muy pocas familias tienen los dispositivos suficientes para que todos sus miembros los utilicen de manera ordenada durante la jornada escolar/laboral.
A pesar del interés del Ministerio de Educación de que hubiese, aunque fuera por muy poco tiempo, una cierta vuelta al cole voluntaria en los cursos terminales de etapa para cerrar el curso más complicado vivido hasta el momento, esta cada vez se vio más complicada. Muchas dudas sobre si sería posible, sobre las medidas de seguridad para el profesorado, los espacios educativos… Y amanecimos un día con las imágenes venidas desde Francia sobre tu vuelta a las aulas en el mes de mayo. Un golpe de realidad que nos hizo mirar, casi por una mirilla futurista, qué nos esperaba casi a la vuelta de la esquina.
Y se acercaba el final del curso y aumentaba la discusión sobre qué iba a pasar con la evaluación del último trimestre del curso. Y, por supuesto, con las pruebas de acceso a la universidad. Todo en el aire. ¿Aprobado general? ¿Contar con las notas previas y hacer media? ¿Hacer exámenes online?
Llegó junio y los primeros documentos sobre cómo sería la vuelta a las aulas. El personal docente ha visto con preocupación (cuando no con sensación de abandono) cómo tuvieron que inventarse, sin conocimientos previos, toda la logística de seguridad en los centros educativos desde septiembre. Y la preocupación de no saber si recibirían los elementos de protección para dar sus clases con seguridad y con la sensación de que, más allá de abrir ventanas y tener botes de gel hidroalcohólico, no había plan.
Han tenido que hacer frente a la tercera ola de la pandemia después de unas navidades «salvadas» que supusieron, en las semanas siguientes, los picos más altos de brotes y de contagios en centros educativos. Todavía no se conoce cuál ha sido la proporción de maestras, maestros, profesoras y profesores contagiados en estos brotes. Como en su día confirmaron fuentes de Sanidad a este periodico, los datos se recogen, pero no se publican en el informe que cada viernes da cuenta de la situación. En las últimas semanas, de hecho, no se explicita tampoco el número de contagios que han supuesto los últimos brotes.
Y en este largo y costoso periplo que está siendo y ha sido la pandemia por Covid-19, llegamos al primer aniversario del estado de alarma en el que nos encontramos todavía. Y es en este momento en el que las vacunas se están distribuyendo entre el profesorado de la educación no universitaria. Un escenario que hace no tanto tiempo parecía todavía más lejano; un escenario que, a pesar de la buena noticia que es, no está siendo tan rápido y eficaz como hubiera gustado a todo el mundo. Con importantes diferencias entre comunidades autónomas y con un tercio, aproximadamente, de la profesión sin una fecha clara para vacunarse.
Han sido los peores doce meses que cualquiera podría haber imaginado. En los que hemos visto a docentes repartir tarea por WhatsApp, o en fotocopias casa por casa. Hemos visto a otros «imprimir» material de seguridad para el personal sanitario y asistencial; dar clase por Zoom, Skype, Google Meets, YouTube, por correo electrónico. Un año de heroicidades y de tensiones que han puesto en jaque a sus profesionales (y a su alumnado y a sus familias), más allá de lo que era obligatorio.
Desde la redacción de este periódico, queremos agradecer a esos cientos de miles de docentes, a los miles de profesionales de administración y servicios, el trabajo que han realizado este tiempo para que se cumpliera, de la mejor manera posible, con el derecho a la educación de todo el país.
