Que el Ministerio de Educación fuera también el de Formación Profesional y aglutinase en una sola cartera la formación del sistema educativo y para el empleo, ya fue una declaración de intenciones. De aquella apuesta, y seguramente del hecho de que Isabel Celaá hubiese sido la consejera de Educación del País Vasco, buque insignia de la FP en todo el Estado, está a punto de comenzar el trámite parlamentario de la nueva ley de Formación Profesional.
El texto supone cambios importantes en la ordenación de esta oferta formativa, empezando por el hecho de esa unificación entre la FP educativa y para el empleo. Aunque otros cambios pueden ser también de gran calado, como la posibilidad de realizar microformaciones que, poco a poco, puedan suponer el alcanzar un título de grado medio o superior o que vayan dando acreditaciones de diferente tipo. Una flexibilidad que pretende mejorar la cualificación profesional de muchas personas mientras desarrollan otras labores, como el trabajo.
A partir de la aprobación del texto en el Parlamento, habrá cinco tipos de formación, de la A a la E. La primera, es la parte más pequeña, parcial y acumulable. Se pueden ir superando hasta alcanzar cierta certificación. Cuando se consiguen las suficientes, se salta a la B, también acumulable y que, finalmente conduce a la obtención de una certificación de competencia. El siguiente paso, el C, acumulable como los anteriores, supone un certificado de profesionalidad. El D es lo que se conoce como título de ciclo formativo.
El último de los grados, el E, se refiere a cursos de especialización y están destinados a quienes ya tienen un título de FP. Tendrán carácter modular y podrán estar enclavados en la secundaria postobligatoria o la educación superior. Su duración será de entre 300 y 800 horas y podrán incluir una fase práctica dual. Si se supera esta formación se conseguirá un título de Máster profesional.
El nuevo texto legal, en el que se lleva trabajando muchos meses, no ha supuesto, ni de lejos, el mismo nivel de polémica entre Ministerio y partidos políticos, aunque también ha traído algunas. La más importante ha sido la situación del profesorado técnico y la obligación de que todo el mundo tenga estudios universitarios para poder acceder al cuerpo de secundaria. El problema, que no todas las ramas de la formación profesional tienen un reflejo, más o menos certero, en la universidad. Un agravio que el Ministerio ha insistido, desde hace muchos meses, en que no afectará a quienes estén ejerciendo hoy por hoy.
Para evitar problemas legales con este profesorado, ya Isabel Celaá habló de la posibilidad de crear un nuevo cuerpo docente en el que cupieran quienes no tenían estudios universitarios. El problema, finalmente, radica en que a igualdad de trabajos, estos reciben menor salario.
Tal vez el reto más importante que tendrá que afrontar esta nueva formación profesional sea el de garantizar un número adecuado de plazas públicas en todas las comunidades autónomas. No es nuevo que miles de chicas y chicos pasen días y días, puerta a puerta, buscando plaza en los diferentes centros o que terminen en un centro privado que no siempre pueden sufragar. El Gobierno ha prometido para ello la creación de 200.000 plazas en los próximos cursos.
En los últimos años, algunas comunidades autónomas han hecho un importante esfuerzo en el concierto de plazas de FP en detrimento de la red pública, que no ha crecido al mismo ritmo. Con diferentes modalidades de subvención de las plazas.
Frente al crecimiento, desde el curso 2015-2016, de un único centro público que oferte ciclos formativos, el aumento de los concertados es de 142 centros más. En buena parte de las comunidades autónomas, en realidad, las cifras prácticamente no se han movido, ni en la pública ni en la privada, aunque hay importantes diferencias. Por ejempo, en Andalucía, hay cuatro centros públicos menos que impartan FP, mientras que los privados han crecideo en 50. Algo similar ocurre en Madrid, Comunidad en la que hace años que ya hay más centros privados que públicos. En el curso 2015-2016 públicos eran 157 y privados 151. En 2019-2020 había dos menos públicos y 35 más privados.
La mejora de la formación profesional, entienden algunos, pasa también por un aumento de la enseñanza de idiomas extranjeros en los ciclos medios y superiores para, de esta manera, poder garantizar cierto nivel de competitividad de las y los futuros trabajadores, así como mejorar su movilidad fuera de nuestras fronteras.
Otro de los elementos en los que se ha insistido mucho desde el Ministerio en los últimos años ha sido en la necesidad de mejorar el grado de digitalización de los centros de formación profesional, así como de su alumnado. Una necesidad que la pandemia, sin duda, ha azuzado aún más.
