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Son varias decenas de miles de profesores y profesoras por todo el Estado. Hasta ahora, estaban dentro del cuerpo de profesores técnicos de FP. Esto suponía, grosso modo, igual exigencia de trabajo en los centros pero con un sueldo inferior. Su «pecado», no estar en posesión de un título universitario, sí de uno de FP. Hace años que la mayor parte de ellos han conseguido sus títulos universitarios. Entre otras cosas, por obligación legal. Pero la contrapartida no temina de llegar.
Según la Lomloe este profesorado, con su título universitario, habrá de pasar con todas las condiciones laborales exigibles, al grupo de profesores de secundaria. Esto supondría un reconocimiento, siquiera en la nómina, de su nivel de estudios, así como equipararlos a muchos de sus compañeros en los propios centros.
Ya desde finales del año pasado e inicios de este, con la aprobación de la ley, se convirtieron un noticia porque, mientras que la mayor parte de este colectivo podrá hacer esa transición al grupo A1, uno número más reducido de PTFP se quedarán fuera. Trabajan en especialidades para las que no hay una correlación con la universidad. Estos se quedarán como están hasta que se extinga su cuerpo docente. El agravio comparativo continuará en cierta medida.
Pero más allá de este agravio se encuentra el otro, el mayoritario. Para que los PTFP vean reconocidos sus estudios e igualadas sus condiciones de trabajo, el Ministerio de Educación y FP debe negociar este tránsito con las comunidades autónomas y con los sindicatos representativos. Y después de casi un año de la aprobación de la Lomloe no se ha dado ningún paso en este sentido.
Esto es lo que ha empujado, al menos a FeSP-UGT a enviar por registro una carta a Pilar Alegría, ministra de Educación y FP, para avisarla de que si no se pone en marcha a la mayor brevedad posible esta negociación, acudirán a la vía judicial para que se haga.
Al mismo tiempo, le piden al Ministerio que negocie con las comunidades autónomas, en la Coferencia Sectorial, una homologación retributiva para el profesorado técnico que no tenga estudios universitarios (y que en buena medida no puede tenerlos, al menos, en relación a la rama de FP en la que trabajan) puesto que, cualquiera que sea el caso, están realizando las mismas labores educativas en los centros.
De momento, desde el Ministerio de Educación no se pronuncian sobre la comunicación realizada por UGT.
