El futuro de la formación profesional está a punto de cambiar, al menos su letra, de manera importante. La ley que regirá la nueva FP, más atomizada, con los dos sistemas históricos integrados, y que funcionará bajo la premisa de poder acumularla para ir «subiendo» en la posibilidad de los logros académicos, pasa esta mañana por el pleno del Congreso de los Diputados tras sufrir algunas alteraciones en el proceso de enmiendas en la Comisión de Educación y FP.
El siguiente paso que tendrá que dar es el de la aprobación en el Senado, donde no se prevé que sufra más modificaciones y pase sin mayor alteración.
La formación profesional es uno de los puntos más relevantes de la política educativa del Gobierno. Y lo es a pesar de haber tenido que «competir» con la aprobación de la Lomloe el año pasado y, además, con la gestión de la pandemia en el sistema educativo.
Todo esto, así como una menor carga ideológica, al menos en parte, de los postulados que en el texto se de la ley se defienden, han conseguido que la tramitación de esta ley haya sido mucho más discreta y tranquila.
Entre la novedades más importantes del texto, así como de todo el Ministerio, ha sido la integración del sistema de formación del sistema educativo y la enfocada al empleo. Para ello, principalmente, se han «troceado» los diferentes estudios, como explicaba la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, en una entrevista a este periódico hace algunos meses.
La idea es la creación de unas unidades mínimas de estudios que cualquier persona, esté o no trabajando, puede realizar de manera más o menos independiente. Esas unidades mínimas, los llamados grado A, se pueden ir sumando unos a otros hasta adquirir el paso siguiente, el grado B. Estos, a su vez, también pueden ir realizándose hasta completar un grado C y, después, uno D. La idea es que cualquiera pueda conseguir un título de técnico o técnico superior bien sea matriculándose de estos estudios directamente, o sumando (y con tesón y tiempo) formaciones más pequeñas hasta completar todas las necesarias del ciclo formativo.
El gran reto al que se enfrenta, eso sí, el sistema educativo, es al de la creación de un número suficiente de plazas públicas de FP como para responder a la demanda que todos los años, al menos en unas cuantas comunidades autónomas, se queda sin satisfacer.
Como también comentaba Sanz a este periódico, durante la última década, las administraciones públicas no han podido o sabido dar respuesta a esta situación, han dejado de crear nuevas plazas para que las y los estudiantes se matriculasen, de manera que ha habido un importantísimo avance de la FP privada y, especialmente, de los estudios a distancia. Incluso en titulaciones que cualquiera creería que necesitan de una mayor presencialidad para completarse.
Faltan muchas plazas
Aunque el Gobierno ha anunciado financiación para que las comunidades autónomas puedan crear, al menos, 200.000 plazas de FP (a las que ellas mismas podrían sumar tantas como quisieran crear), para algunos sindicatos, como CCOO, se trata de un número realmente pequeño, teniendo en cuenta las cifras de personas preinscritas que se quedan fuera, al menos, del sistema público.
Según los cálculos que ha realizado Rodrigo Plaza, responsable de FP en Cataluña y experto de la situación de esta formación, para que España llegase a los datos de matrícula en estos estudios que hay en la UE, deberíamos pasar de tener a 3 de cada 10 estudiantes en estudios profesionales a 6 de cada 10. Esto, asegura Plaza, supondría que hubiera 300.000 plazas más en grado medio y otras tantas en grado superior.
Cada año, decenas de miles de chavales y chavalas han de acudir a centros privados, a distancia o presenciales, para poder continuar sus estudios. Plaza explica, incluso, que para quienes terminan un grado medio y quieren continuar con uno superior, se encuentran en la situación de que tal vez no tengan asegurada la plaza en el centro de estudios en el que se matricularon en el GM por falta de plazas.
La falta de cierta garantía hace que muchas y muchos de ellos, en comunidades como Madrid o Cataluña, cuando llega el turno de hacer la inscripción, se vean en la obligación de ir, centro a centro, buscando hueco, al no haber sistemas centralizados de gestión de la matrícula.
Si se echa un vistazo a cómo ha evolucionado la matrícula en centros públicos y privados de las diferentes ofertas de estudios de FP, se ve claramente cómo los segundos han sabido ver la oportunidad, al tiempo que algunas administraciones autonómicas han alentado dicha evolución con conciertos o cheques escolares. Los siguientes datos se corresponden con los publicados por CCOO el pasado mes de septiembre. Tomando como base 100 el año de aprobación de la Lomce, puede verse cómo han cambiado las cifras en ambas redes.
España tiene un reto, después de décadas de discursos sobre la importancia de los estudios profesionales y una nula o casi nula inversión para aumentarlos o mejorarlos. Si es cierto aquello de que en unos años, el 85% de los empleos van a requerir, al menos, una cualificación de grado medio, se hace urgente aumentar las plazas públicas de FP, sobre todo de grado medio, para que la matrícula crezca, así como el número de personas egresadas de dichos estudios.
